Los sindicatos médicos han fijado el 28 de octubre como fecha de inicio de un paro indefinido en todo el país para reclamar una negociación real del Estatuto Marco y la creación de un Estatuto Médico y Facultativo propio que reconozca, según defienden, las particularidades de la profesión frente a otros colectivos del Sistema Nacional de Salud.
Desde el PP recuerdan que el partido lleva meses pidiendo la retirada del proyecto impulsado por Mónica García y que ya registró en el Congreso una iniciativa para exigir a Sánchez que dé marcha atrás en la reforma. Fuentes populares sostienen que el Gobierno "ha decidido ignorar durante meses las reivindicaciones de los médicos" y que la reforma se ha tramitado "de espaldas a los médicos y a las comunidades autónomas".
El PP centra buena parte de sus críticas en la falta de concreción económica del proyecto. Los populares reprochan al Ministerio de Sanidad que no haya explicado con claridad el coste de aplicar las nuevas condiciones laborales ni el origen de los recursos necesarios para ampliar plantillas y reorganizar la actividad asistencial en hospitales y centros de salud.
"No se puede aprobar una norma que obliga a cambiar la organización de los hospitales sin decir cuántos médicos hacen falta, cuánto va a costar y quién va a pagar la factura", sostienen fuentes del PP.
El argumento enlaza con un rasgo estructural del sistema sanitario español: su descentralización. Son las comunidades autónomas las que gestionan los servicios, las plantillas y buena parte de las condiciones laborales de los profesionales, mientras que el Estatuto Marco es una norma básica de ámbito estatal. Varias autonomías gobernadas por el PP ya han expresado discrepancias con distintos puntos del proyecto, lo que a juicio de Génova evidencia que el Gobierno central traslada una responsabilidad que no puede recaer solo en ellas.
"Una huelga contra Pedro Sánchez"
La crítica más directa de los populares apunta al propio presidente del Gobierno. Fuentes de Génova sostienen que Sánchez "ha respaldado personalmente" la estrategia de su ministra de Sanidad y que, por tanto, "tendrá que asumir las consecuencias políticas y sanitarias" del conflicto. "Mónica García ha creado un problema donde tenía que haber buscado un acuerdo", denuncian desde el partido, que insiste en que el jefe del Ejecutivo "no puede mirar hacia otro lado" pese a que la gestión sanitaria esté transferida a las autonomías.
El PP advierte de que los principales perjudicados de la escalada serán los pacientes. Los populares alertan de que una huelga indefinida en un sistema que ya arrastra listas de espera, déficit de profesionales y sobrecarga asistencial "sólo puede traducirse en más retrasos, más consultas aplazadas y más intervenciones que tendrán que ser reprogramadas".
Los propios sindicatos médicos admiten el impacto asistencial que tendrá la protesta, aunque defienden que su objetivo es forzar una negociación real con el Ministerio. "La Sanidad pública no necesita una batalla política del Gobierno contra sus propios médicos", sostienen fuentes sindicales. "Necesita profesionales, recursos, planificación y diálogo".
El pulso sanitario se suma a otros frentes abiertos entre el PP y el Gobierno, como el que mantienen por la gestión de la crisis migratoria, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, admitiera margen de mejora en el asalto a Ceuta del 30 de julio.
El 28 de octubre marcará el arranque de la huelga indefinida, mientras el Estatuto Marco entra en su fase de tramitación parlamentaria. El Gobierno deberá decidir si mantiene el pulso con los sindicatos médicos o retoma una negociación que los facultativos consideran, por ahora, rota.
