El retorno se produce en un contexto regional de máxima tensión. Mientras buena parte de Oriente Próximo permanece pendiente de la escalada entre Israel, Estados Unidos e Irán —con episodios como las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz entre Teherán y Mascate a comienzos de agosto—, Siria atraviesa un proceso interno de estabilización tras la caída de la dinastía Asad, que gobernó el país durante 54 años hasta su derrocamiento a finales de 2024 por una coalición de fuerzas rebeldes lideradas por Hayat Tahrir al Sham.
La guerra civil siria, iniciada en 2011 tras la represión de las protestas de la Primavera Árabe, provocó el mayor desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha manejado en sus informes de los últimos años cifras cercanas a los seis millones de refugiados fuera del país y otros tantos desplazados internos. La caída del régimen ha abierto una ventana, todavía frágil, para el regreso de parte de esa población a zonas que fueron escenario de algunos de los combates más prolongados del conflicto.
En Al Hamamiyat, familias como la de los Al Nassa se han instalado en tiendas plantadas junto a los restos de sus antiguas casas, con hasta seis miembros —cuatro hijos y ambos progenitores— compartiendo un único cuarto improvisado mientras avanza, muy lentamente, la retirada de escombros. El cuadro se repite en decenas de poblados de una región donde la infraestructura básica quedó arrasada durante años de asedios y bombardeos.
Un suelo cubierto de artefactos sin detonar
La contaminación por minas y munición sin explotar constituye uno de los mayores obstáculos para una repoblación segura. En la localidad de Mehin, en la provincia de Homs, se han organizado talleres dirigidos a menores de entre 10 y 12 años para enseñarles a identificar minas y restos de artefactos, una medida que refleja la magnitud del problema en zonas rurales que fueron frente de batalla. Naciones Unidas mantiene desplegados programas de desminado coordinados por el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), si bien la financiación internacional para estas tareas ha disminuido frente a otras crisis humanitarias simultáneas en la región.
El contraste entre el campo y la ciudad resulta marcado. En Homs, considerada durante años una de las ciudades más destruidas del país, barrios como Al Sukkari —escenario de algunos de los asedios más prolongados de la guerra— han recuperado el suministro eléctrico, aunque, según los testimonios recogidos sobre el terreno, con un incremento de precio que rondaría el 5.000% respecto a los niveles previos al conflicto, un salto que ilustraría el colapso de las infraestructuras energéticas tras años de sanciones internacionales, sabotajes y falta de inversión.
La autopista que conecta Damasco con Homs, una de las arterias logísticas del país, ha comenzado a ser repavimentada en las últimas semanas, dejando a la vista construcciones inacabadas de la última etapa del gobierno de Bachar el Asad. La agricultura ofrece otra señal de recuperación parcial: la cosecha de pistacho, cultivo tradicional del centro y norte del país y una de las principales exportaciones agrícolas antes de la guerra, se presenta este verano abundante, según los relatos sobre el terreno. La proliferación de placas solares en los huertos de localidades como Al Hamamiyat apunta, además, a una adaptación forzosa ante un suministro eléctrico nacional que sigue siendo insuficiente e inestable.
La transición y el pulso por el levantamiento de sanciones
El proceso de transición política sigue marcado por la incertidumbre. Desde la caída de Asad, el nuevo Gobierno de Damasco, liderado por Ahmed al Sharaa, antiguo comandante de Hayat Tahrir al Sham, ha tratado de proyectar una imagen de normalización institucional ante la comunidad internacional, con gestos hacia Estados Unidos y varios países europeos para lograr el levantamiento parcial de las sanciones impuestas durante el régimen anterior. Organizaciones de derechos humanos han reclamado garantías de rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la guerra antes de una normalización plena de relaciones.
El Gobierno de transición no ha ofrecido cifras oficiales actualizadas sobre el número de retornados ni sobre el ritmo de desminado, un vacío que dificulta calibrar el alcance real del fenómeno. La ausencia de datos verificables convive con una demanda creciente de fondos exteriores para acometer una reconstrucción cuya factura, según los organismos internacionales, se contará en decenas de miles de millones de dólares.
El precedente regional más cercano es el del Líbano tras la guerra civil de 1975-1990, donde la reconstrucción física de Beirut convivió durante décadas con zonas rurales empobrecidas y una limpieza de minas que se prolongó más de veinte años en algunas áreas fronterizas con Israel. Ese patrón de recuperación desigual —capitales reconstruidas mientras el campo permanece rezagado— es el que se perfila también para Siria a partir de las señales de este verano.
El futuro inmediato dependerá en buena medida del contexto regional. Una eventual extensión del conflicto entre Israel e Irán a otros actores presentes en territorio sirio podría revertir los frágiles avances y provocar nuevos desplazamientos. Por el contrario, la consolidación de la calma interna y la llegada de fondos para la reconstrucción, condicionada por Bruselas y Washington a avances en derechos humanos y rendición de cuentas, determinarán en los próximos meses si el regreso a provincias como Hama y Homs se consolida o queda, de nuevo, interrumpido.
