La declaración trasladada por la columna no vino acompañada de cifras oficiales sobre el costo del desastre ni de una revisión de las proyecciones de crecimiento, que el MEF elabora con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Censo. El planteamiento del ministro se apoya en la mecánica de las cuentas nacionales: el gasto público en reconstrucción de infraestructura —calles, puentes y vivienda— se contabiliza como inversión y puede compensar en el papel la pérdida de actividad productiva en las zonas afectadas.
El episodio reavivó en los gremios el interrogante sobre cómo se incorporan estos eventos al Presupuesto General del Estado y a las metas fiscales del año. Panamá ha enfrentado antes desembolsos extraordinarios de magnitud: un informe interministerial cifró en $3,400 millones el costo del desmantelamiento de la mina de cobre que el Estado deberá asumir en los próximos años, una partida que ilustra la presión que los imprevistos ejercen sobre las finanzas públicas.
La misma columna recogió la inquietud de un sector vinculado a la actividad comercial sobre la sostenibilidad de la ola de solidaridad desplegada tras el sismo. El temor expresado es que, si las donaciones y aportes privados continúan a ritmo acelerado, las fuentes de ingreso de empresas y particulares podrían mermar y limitar la capacidad de sostener la ayuda a los damnificados en el mediano plazo.
Ese planteamiento se cruza con el debate sobre el turismo, uno de los motores de la economía panameña, que también quedó expuesto tras el terremoto. La aerolínea de bandera proyectó un crecimiento de 15% en su capacidad para 2026, mientras desde el sector se insistía en la necesidad de sostener el flujo de visitantes, según recogió un reporte sobre el crecimiento de Copa Airlines y el llamado de Heilbron a mantener la actividad turística pese al sismo.
En paralelo, el gremio ganadero mantiene activa una controversia por una compra de quesos que ha generado reclamos entre los productores. Según la misma columna, representantes del sector tenían previsto pronunciarse este jueves para aclarar los señalamientos que han circulado en los últimos días, en un gremio que se dice cansado del ruido en torno al asunto.
El año ha estado marcado por el escrutinio sobre la fiscalización del gasto estatal, con la Contraloría General revisando contratos y procesos de refrendo en distintas áreas del Órgano Ejecutivo. La atención sobre las compras públicas, sumada al debate por el impacto del terremoto, mantiene el foco de gremios y analistas sobre el manejo de las cuentas en lo que resta del año.
La reconstrucción tras el sismo se perfila como el indicador que medirá si las proyecciones oficiales del MEF se sostienen en los próximos trimestres, cuando el INEC publique las cifras de actividad de las zonas afectadas.
