La ficha funciona como un registro único de los hogares golpeados por el movimiento telúrico, con el objetivo de ordenar la respuesta estatal y evitar la dispersión de datos entre las instituciones que suelen intervenir en este tipo de emergencias, entre ellas el propio Mides y las autoridades de Protección Civil.
El condicionante de seguridad que impone el ministerio remite al protocolo habitual en desastres naturales en Panamá, donde Protección Civil es la entidad encargada de declarar si una zona dañada por un sismo, deslizamiento o inundación resulta transitable para personal gubernamental y, posteriormente, para las labores de reconstrucción.
La lógica detrás del instrumento apunta a corregir una dificultad recurrente en las emergencias atendidas por el Estado panameño: la ausencia de un registro centralizado de damnificados, que complica la entrega oportuna de ayudas, subsidios de vivienda o bonos de emergencia cuando no existe una base de datos común entre las entidades que participan en la respuesta.
Con esta herramienta, el Mides busca que cada familia afectada quede identificada con un expediente básico que recoja su situación habitacional, el grado de afectación de la vivienda y otros datos socioeconómicos relevantes para definir el tipo de asistencia que podría recibir, ya sea alimentaria, de alojamiento temporal o de reconstrucción.
El despliegue se suma a las herramientas de registro social que el ministerio ya emplea en sus programas de transferencias monetarias condicionadas, en este caso adaptada a un escenario de emergencia posterior a un sismo.
La coordinación entre el Mides y Protección Civil resulta determinante para el trabajo en el terreno, pues ninguna visita puede realizarse en sectores que las autoridades no hayan declarado aptos, una medida orientada a resguardar tanto a los funcionarios como a las familias de los riesgos derivados de réplicas o estructuras dañadas.
El mecanismo se inscribe en un contexto regional en el que la gestión de contingencias naturales ha cobrado relevancia, como ilustra la situación del embalse de La Mica, que según la empresa pública de agua potable de Quito asegura el abastecimiento de la capital ecuatoriana hasta abril de 2027 tras alcanzar el 99% de su capacidad, muestra de cómo distintos países combinan monitoreo y registro ante los desastres.
El Mides no ha precisado un plazo para completar el levantamiento de fichas en todas las zonas declaradas afectadas, ni el número total de familias que serían objeto de este registro.
