El informe que Cuba defenderá en Nueva York cifra el impacto del embargo en $8,056 millones entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord según los datos oficiales cubanos, que sitúan en más de $178,700 millones las pérdidas acumuladas por la isla a lo largo de seis décadas. La votación llega condicionada por el bloqueo energético que Washington impuso desde enero, que interrumpió los suministros petroleros y agudizó una escasez de combustible traducida en apagones prolongados y fallas en servicios como el suministro de agua potable.
La ONU calificó ese bloqueo energético como contrario al derecho internacional, y expertos del organismo instaron a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar que Cuba se convierta, según sus palabras, en una "Gaza silenciosa". El debate se produce, además, en un foro cuyas resoluciones no son vinculantes.
El texto que Cuba someterá al pleno, titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", ha recibido respaldo mayoritario en la Asamblea General desde 1992, con entre 165 y 189 votos a favor según los recuentos de cada año. Estados Unidos e Israel han votado en contra en casi todas las convocatorias.
La única excepción ocurrió en 2016, cuando ambos países se abstuvieron por primera vez tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsado por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Pese a ese respaldo histórico, la resolución carece de efecto jurídico: la Asamblea General no tiene potestad para obligar a un Estado miembro a levantar una medida comercial unilateral, de modo que el voto funciona como ejercicio de presión política sin consecuencias directas sobre Washington.
Divergencia sobre el término jurídico
La Habana sostiene que la medida "constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos" y la define como un "bloqueo" que "persigue el aislamiento, la asfixia, la inmovilidad de Cuba". Estados Unidos mantiene la categoría jurídica de "embargo", entendida como una prohibición comercial que Washington extiende también a terceros países mediante sanciones secundarias. Naciones Unidas engloba la disputa bajo la figura de las medidas coercitivas unilaterales.
La medida entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447, que decretó el embargo comercial y financiero contra la isla. Desde entonces el mecanismo se ha mantenido con variaciones de intensidad según cada administración en la Casa Blanca, atravesando la Guerra Fría, el acercamiento bajo Obama y el posterior endurecimiento bajo Donald Trump.
Contactos de marzo sin resultados visibles
Las tensiones entre La Habana y Washington escalaron durante este año, pese a que ambos gobiernos reconocieron en marzo que sostenían contactos de alto nivel que no han arrojado resultados tangibles a la luz pública. La segunda jefa de misión de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Tanieris Diéguez, declaró a la agencia EFE que desde la isla no perciben avances hacia una negociación efectiva con la administración de Trump.
"No vemos un progreso hacia un diálogo serio", declaró Tanieris Diéguez, segunda jefa de misión de la Embajada de Cuba en Estados Unidos.
El pulso diplomático se elevó en las semanas previas a la votación después de que Washington organizara un acto con opositores cubanos para denunciar abusos de derechos humanos en la isla. La Habana respondió con una acusación directa sobre la conducta estadounidense ante los Estados miembros de la ONU.
Estados Unidos ha ejercido "presiones extremas e inéditas" de "coerción y chantaje" sobre varios países miembros de la ONU para cambiar los votos en la Asamblea General, según denunció el gobierno cubano.
Cuba atraviesa una crisis económica sostenida desde hace más de seis años, con causas internas y externas. El endurecimiento de las sanciones estadounidenses se ha combinado con las fallidas políticas monetarias y económicas nacionales para agravar problemas estructurales previos, entre ellos la escasez crónica de divisas y combustible.
El episodio se inscribe en una agenda multilateral donde los organismos internacionales han puesto bajo escrutinio otras situaciones de derechos humanos, como la que recoge el informe en el que una comisión de la ONU reafirma que Israel comete exterminio y genocidio contra palestinos, en medio de una atención creciente sobre el uso de medidas coercitivas y sus efectos sobre poblaciones civiles.
La votación de esta semana será la trigésima cuarta que Cuba impulsa sobre el asunto ante la Asamblea General desde que el mecanismo comenzó a repetirse anualmente en 1992, sin que hasta la fecha se haya reportado un cambio en la posición de Washington sobre el levantamiento del embargo.
