La llegada de los primeros seis usuarios no fue inmediata. Cunningham relató que inicialmente se había previsto el ingreso de 16 personas, pero diez decidieron posponerlo: algunas pidieron que los equipos municipales regresaran en otra fecha, mientras que otras, vinculadas a distintas organizaciones, también manifestaron interés en entrar más adelante.
El centro no recibe directamente a cualquier persona en situación de calle. Está dirigido a quienes presentan problemas de consumo de alcohol o drogas y ya han superado una etapa de desintoxicación, paso que puede darse con apoyo de organizaciones que colaboran con el municipio, como el Centro Juan Pablo II, en Calidonia, vinculado a la Iglesia católica, y entidades evangélicas como Clamor en el Barrio. Cunningham explicó que, en el primer contacto en la calle, muchas personas todavía consumen de manera constante y no están dispuestas a iniciar un tratamiento.
«Ellos quieren permanecer en la calle», señaló Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social del Municipio de Panamá.
El ingreso al centro requiere, además, la firma de un consentimiento informado que confirme la voluntad de participar en el proceso: nadie puede ser obligado a entrar ni privado de su libertad una vez dentro. Ya admitida, cada persona recibe un plan individual de desarrollo elaborado por un equipo de psicología, psiquiatría, medicina general, enfermería especializada en adicciones y trabajo social, con una permanencia prevista de entre seis y 12 meses.
Las cifras de la Alcaldía de Panamá describen la magnitud del fenómeno. Desde 2024, los equipos municipales han contactado a 1,070 personas en situación de calle, de las cuales el 98% presenta trastornos por consumo de sustancias. Cunningham aclaró que esa cifra corresponde a quienes los equipos han conocido y atendido durante sus recorridos, por lo que no necesariamente representa el total de personas que viven en esa condición en el distrito capitalino.
La directora señaló también que entre los contactados hay adultos mayores en situación de abandono y migrantes en situación irregular, para quienes se han gestionado respuestas distintas, y que alrededor del 7% presenta trastornos mentales junto con consumo de drogas, una condición que añade dificultad a la atención. Otro dato que preocupa a la Alcaldía es la edad de esta población: la mayoría tiene entre 36 y 54 años, un rango que coincide con la edad productiva.
El financiamiento del proyecto reparte responsabilidades entre varias instituciones. La Alcaldía aportaría el local, la metodología y la asistencia técnica; el Ministerio de Salud asumiría la atención sanitaria; el Ministerio de Desarrollo Social contribuiría con recursos humanos y apoyo institucional, y la Iglesia católica participaría en la administración del recinto. La operación se financiaría con recursos de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas, vinculada al Ministerio Público, y con subsidios del Ministerio de Desarrollo Social.
Cunningham calculó que atender a una población de 50 personas en el centro podría representar entre $400,000 y casi $500,000 al año. El proyecto se suma a los esfuerzos que distintas entidades han emprendido en el distrito en los últimos meses, como los reflejados en la propuesta de un protocolo educativo nacional tras el terremoto del 9 de octubre.
