El análisis, firmado por un economista, contrasta tres salidas: poner fin definitivo al proyecto sin operación, permitir que la propia explotación autofinancie su rehabilitación ambiental, o retomar un contrato bajo condiciones distintas a las anteriores al fallo. Cada escenario, sostiene, obliga a sacrificar un objetivo a cambio de otro, porque "la realidad difícilmente presenta decisiones perfectamente evidentes".
"¿Podríamos ganar el arbitraje? Es posible, sí", plantea el autor, quien advierte que una derrota en ese proceso "implicaría una deuda impagable para los contribuyentes" y coartaría el progreso de generaciones futuras. Frente a esa opción, considera inviable mantener el contrato anterior: sería ignorar el fallo de la Corte Suprema y exponer al país a revivir las tensiones de 2023, cuando la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero desató semanas de protestas y cierres de vías en buena parte del territorio.
Sobre la posibilidad de que un tercero distinto a la operadora original asuma el proyecto solo para costear su cierre, el autor se muestra escéptico: ese escenario supondría, "quizá con poco realismo", que exista interés privado en una mina cuyo único fin sea financiar su propio desmantelamiento, mientras el pasivo contingente del arbitraje se mantendría.
El texto sitúa el origen del rechazo social no en la minería en sí, sino en la fiscalización estatal. Enumera como quejas centrales la "debilidad institucional para fiscalizar los estándares ambientales", la "poca transparencia en el uso y la recaudación de los fondos de la operación" y la "poca credibilidad en la forma en que se pactaron los contratos". En otras palabras, concluye, desconfianza.
Esa desconfianza, admite el autor, tiene base: reconoce que el país no tiene suficiente robustez institucional para generar confianza, y que esa carencia "legitima las quejas de quienes rechazan un nuevo acuerdo". Al mismo tiempo, recuerda que el cese de operaciones causó un perjuicio tangible que aún se siente en el mercado laboral y en las mipymes de las áreas aledañas al proyecto.
"La mina es un activo estratégico que simplemente no nos podemos dar el lujo de perder, ya sea dejándolo en abandono o regalándolo sin contraprestaciones", sostiene el autor del análisis.
Entre las recomendaciones del informe figura un modelo que "genere beneficios sustancialmente superiores" a los previos, con recursos que se traduzcan "en beneficios tangibles e identificables" y se ejerzan con "transparencia plena". Se propone además un mecanismo que destine recursos a un plan ambiental, someter el proyecto a los "estándares internacionales de transparencia y de verificación aplicables al sector" y adoptar un esquema institucional "con autonomía real" que incorpore "buenas prácticas de gobernanza" y asegure una gestión técnica "respecto a los futuros ciclos políticos".
La reflexión se inscribe en una agenda cultural y de debate público que la capital ha mantenido activa en semanas recientes, como refleja la agenda cultural de Panamá. El autor, no obstante, defiende que el país debe salir de la zona de confort: "Es parte del proceso de madurez de toda democracia que salgamos de la zona de confort y busquemos soluciones, aun si eso implica buscar fuera de donde ilumina el farol".
