El informe dedica un apartado al roce diplomático derivado de una investigación sobre un panameño incorporado a las fuerzas rusas en Ucrania, publicada bajo el título "Dante en Ucrania". La Embajada de Rusia en Panamá calificó esa publicación de "propaganda occidental" y "menú de mentiras", mientras el embajador Konstantin Gavrilov tildó la investigación de "fantasías", "absurdidades" y "medias verdades".
"Las instituciones tienen derecho a responder y controvertir informaciones periodísticas; sin embargo, las respuestas institucionales deben coexistir con el respeto a la independencia editorial y al ejercicio del periodismo", enfatiza el informe de Panamá.
El documento recoge también denuncias de medios con líneas editoriales críticas sobre un bloqueo para acceder a funcionarios de alto rango e instrucciones internas para evitar declaraciones a determinados periodistas. A ese cuadro se suma la queja de diarios de alta circulación, que denunciaron que el gobierno central discrimina en la asignación de pauta oficial, destinando la mayor parte de esos recursos a medios afines a su gestión.
En el plano legislativo, el informe advierte sobre tres iniciativas en trámite. La primera es la reforma al artículo 539 del Código Electoral, que sancionaría con prisión, de forma ambigua según el documento, la llamada "manipulación masiva" en medios digitales. La segunda es un proyecto sobre derecho de réplica que convertiría la autorregulación ética de la prensa en una norma penalizada judicialmente. La tercera es el anteproyecto de Ley 51, que modificaría el Código Penal frente a contenidos falsos generados por inteligencia artificial —los llamados deepfakes— y que, según la SIP, podría emplearse para limitar la fiscalización pública.
El informe recuerda que permanece vigente la figura legal que permite ordenar el secuestro de activos de medios y periodistas en demandas civiles por calumnia e injuria, incluso antes de la etapa probatoria del proceso. Sobre ese punto documenta los procesos acumulados contra Corporación La Prensa (Corprensa): 12 causas civiles y penales que suman reclamos por unos $12.5 millones. También menciona denuncias contra publicaciones de La Estrella de Panamá en Instagram por presuntas infracciones de derechos de autor, mediante mecanismos de reporte que, según el documento, restringen la circulación de contenido periodístico.
Agentes encubiertos y amenazas directas
El apartado sobre amenazas y espionaje figura entre los más graves del informe. La SIP documentó el uso de agentes encubiertos de la Policía Nacional para labores de perfilamiento e inteligencia dentro de organizaciones sociales, lo que, según el documento, genera un efecto inhibitorio sobre periodistas y sus fuentes.
"La periodista Flor Mizrachi recibió amenazas de agresión física por parte de la exdiputada Katleen Levy durante la transmisión de un pódcast", señala el informe presentado ante la Asamblea General de la SIP.
El diagnóstico se enmarca en un contexto en el que la seguridad digital y el entorno informativo panameños han estado bajo escrutinio reciente, como reflejan iniciativas de orientación a usuarios tras la llegada de la primera guía de seguridad de TikTok para padres de Centroamérica. La asamblea de la SIP, que reúne a más de 70 periodistas, directivos de medios y especialistas de la industria de América y España, concluye este domingo en Bogotá.
