José Ramón Icaza, secretario de Metas, presentó el levantamiento de información que permitirá determinar qué estructuras requieren reparaciones y cuáles deberán demolerse y reconstruirse. "No todas las viviendas tienen que ser reconstruidas", precisó, al señalar que una parte del parque habitacional dañado podrá recuperarse con reparaciones estructurales.
El inventario oficial, todavía en construcción, incluye además 46 iglesias, monumentos y bibliotecas de valor patrimonial, junto con carreteras y puentes afectados. Icaza admitió que algunas obras tomarán más tiempo del previsto, entre ellas la reconstrucción del hospital de Tonosí y la reparación de tramos viales como la carretera entre Tonosí y Búcaro, además de sectores de la vía que conecta Quebro, Mariato y Torio.
Cifras sin presupuesto definitivo
La magnitud de los daños aún no se traduce en un presupuesto cerrado ni en un calendario completo de reconstrucción. El Gobierno aprobó inicialmente $100 millones para atender la emergencia, mientras las instituciones avanzan con las evaluaciones técnicas y el cálculo de los costos de reparación. Icaza informó que había 60 viviendas en construcción y que el Ejecutivo esperaba aumentar esa cifra conforme avanzaran las inspecciones.
Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes, calificó como uno de los resultados más relevantes del encuentro el haber obtenido cifras más claras y sentado las bases de un mecanismo de coordinación entre el Gobierno central y los municipios. Según explicó, las alcaldías y los ciudadanos respondieron desde los primeros días de la emergencia, pero ahora resulta indispensable articular esos esfuerzos con las instituciones encargadas de evaluar los daños. Icaza reconoció que los alcaldes han realizado inspecciones con personal técnico y voluntarios, y aseguró que los informes de ingenieros civiles y arquitectos idóneos podrán incorporarse al proceso oficial.
Al corte del 25 de octubre, el Gobierno contabilizaba 156 albergues oficiales con más de 5,600 personas alojadas. Batista advirtió que las lluvias han deteriorado las toldas y que las familias no pueden permanecer indefinidamente en esas condiciones, mientras muchas personas se resisten a alejarse de sus viviendas pese a los daños. La Iglesia católica también ha intervenido en la etapa de auxilio: el arzobispo José Domingo Ulloa pidió que no se enfríe la solidaridad tras el terremoto en las comunidades afectadas.
Las demandas de los alcaldes no se limitan a quienes recibirán una vivienda de interés social. Batista planteó mecanismos de apoyo para quienes tenían casas construidas con años de trabajo y que ahora enfrentan daños que superan su capacidad económica, entre ellos alternativas para personas con hipotecas vigentes y préstamos blandos que les permitan recuperar sus propiedades.
"A estas personas también hay que ayudarlas", sostuvo Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes.
Los subsidios municipales desde 2007
El dirigente recordó que 64 de los 81 municipios del país reciben subsidios y que buena parte de las alcaldías de las provincias afectadas depende de las transferencias del Gobierno central, una dependencia agravada por la caída de los ingresos de los impuestos municipales. En la reunión se propuso usar fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles para cubrir gastos operativos, propuesta que Batista rechazó por considerar que esos recursos deben mantenerse destinados a proyectos de desarrollo local definidos mediante consultas ciudadanas.
En su lugar, pidió aumentar los aportes estatales y revisar subsidios que, según dijo, llevan años sin actualizarse, como los $110,000 que reciben alcaldes y representantes a través del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, asignación que se mantiene desde 2007. "No puedes hacer lo mismo que hacían en el 2007, ahora en el 2026", afirmó Batista, quien añadió que las provincias afectadas ya enfrentaban altos niveles de desempleo antes del sismo. El reclamo municipal se suma a otros frentes de la respuesta oficial, como la Ficha Básica de Emergencia Social activada por el Mides para los damnificados.
