El manual, atribuido al Govern que preside Salvador Illa, establecería el criterio lingüístico que deben seguir los centros a la hora de rotular pasillos, aulas y espacios comunes. Según el texto, «la lengua de la señalización es el catalán. No se prevé el bilingüismo», una fórmula que dejaría fuera cualquier coexistencia simétrica entre las dos lenguas oficiales de la comunidad.
La excepción que recogería el documento es limitada. El castellano —u otro idioma— solo tendría cabida en un segundo plano visual y jerárquico, nunca en pie de igualdad con el catalán en los carteles y señales de los centros. El texto precisa que «excepcionalmente se pueda usar una segunda lengua, que se tiene que aplicar debajo del catalán».
La controversia se inserta en un litigio de largo recorrido sobre el modelo de inmersión lingüística. El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2022 la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en castellano en Cataluña, un umbral que la Generalitat ha resistido en sucesivas etapas mediante decretos y leyes autonómicas destinadas a esquivar la cuantificación de un porcentaje mínimo.
La rotulación de los centros constituye una faceta más específica de ese pulso, en la medida en que la exigencia de presencia del castellano se proyectaría más allá de las aulas, hacia la señalización física de los edificios educativos. El manual atribuido al Govern, de confirmarse su contenido, supondría una respuesta administrativa que limitaría esa exigencia a un uso residual y subordinado.
El choque entre el modelo de inmersión y las resoluciones judiciales no es nuevo: se remonta a la Ley de Normalización Lingüística de 1983 y se reactivó con la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatut, que fijó el catalán como lengua vehicular sin excluir el castellano como lengua docente. Desde entonces, cada nueva resolución judicial ha reabierto el conflicto competencial entre la Administración autonómica y los tribunales.
La Generalitat ha defendido en distintos foros que el modelo de inmersión responde a un consenso social e institucional consolidado durante más de cuatro décadas, mientras asociaciones de familias han insistido en que las sentencias del Supremo son de obligado cumplimiento y no admiten interpretaciones que las vacíen de contenido práctico.
El asunto se suma a otros episodios recientes de la gestión autonómica catalana en el terreno educativo, en el mismo curso 2026-2027 en el que Felipe VI abordó el inicio de una nueva etapa escolar. El documento, cuyo contenido literal fija que «no se prevé el bilingüismo», marca la posición del Govern frente a la doctrina del alto tribunal.
