El caso más citado es el de Intel. En agosto de 2025, el Gobierno estadounidense desembolsó 8.900 millones de dólares para hacerse con el 10% del fabricante de chips, una operación que Trump presentó como un modelo a repetir. "Haré tratos como este para nuestro país una y otra vez", declaró el presidente tras cerrar el acuerdo, según recoge el recuento del Instituto Cato.
U.S. Steel es otro de los expedientes señalados. En junio de 2025 la siderúrgica firmó un acuerdo por el que Washington obtuvo lo que se conoce como una "acción de oro", un instrumento que otorga al Estado derecho de veto sobre determinadas decisiones corporativas y la facultad de nombrar a un consejero en el órgano de administración. Esta figura, poco habitual en el capitalismo estadounidense, sí tiene tradición en Europa, donde gobiernos como el francés o el británico la han empleado en sectores estratégicos como la energía o la defensa.
El ritmo de las operaciones se ha acelerado en los últimos meses. A finales de julio de 2026, seis empresas de semiconductores se sumaron a la cartera pública, y días atrás el Departamento de Defensa invirtió 85,5 millones de dólares en una compañía dedicada a la extracción de bauxita, mineral empleado en la producción de aluminio y considerado estratégico para la industria de defensa. El recuento del Instituto Cato distingue tres modalidades de intervención —adquisiciones de capital, pactos de gobernanza y desembolsos condicionados— que, sumadas, componen esa participación pública de 27.000 millones de dólares.
La justificación oficial se sostiene sobre el argumento de la seguridad nacional. La Casa Blanca sostiene que estas participaciones buscan reducir la dependencia de cadenas de suministro controladas por China en sectores como los semiconductores, las tierras raras y los materiales críticos para la industria militar, un objetivo que ha ganado peso en el debate político estadounidense desde la pandemia y las tensiones comerciales de los últimos años.
Un debate que divide a la propia derecha estadounidense
La contradicción ideológica no ha pasado desapercibida ni dentro de las filas conservadoras. Veronica de Rugy, analista próxima al pensamiento libertario, ha planteado abiertamente si el Partido Republicano se está acercando al socialismo con este tipo de decisiones, una pregunta que resuena con particular fuerza por proceder de un espacio tradicionalmente hostil a cualquier forma de intervención estatal en el mercado. El propio Instituto Cato, que firma el recuento, defiende históricamente el libre mercado y la mínima intervención pública, de modo que sea precisamente este centro el que documente la expansión del capitalismo de Estado bajo una Administración republicana añade una tensión difícil de obviar para el discurso oficial.
El malestar no se limita a los círculos de expertos. Según un sondeo citado por medios estadounidenses, el 49% de los ciudadanos rechaza que el Gobierno federal sea accionista de empresas privadas, frente a un 19% que respalda esta práctica. La brecha entre el respaldo popular y la política efectivamente aplicada sugiere que el intervencionismo empresarial no cuenta con un mandato social claro, pese a presentarse como respuesta a una amenaza geopolítica compartida.
Trump ha construido buena parte de su discurso político sobre la advertencia contra el socialismo, especialmente dirigida a sectores demócratas. En un discurso del 4 de julio de 2026, el presidente afirmó: "América nunca será un país comunista, eso no pasará". Sin embargo, en un mitin celebrado en junio del mismo año llegó a describirse como "el mejor comunista de la historia, a la altura de Lenin", una frase que ilustra hasta qué punto la retórica electoral convive con decisiones ejecutivas que amplían la presencia del Estado en el tejido empresarial.
El precedente más cercano en la economía estadounidense se remonta a la crisis financiera de 2008, cuando el Tesoro de Estados Unidos tomó participaciones temporales en bancos y en la aseguradora AIG a través del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP), así como en General Motors y Chrysler. Aquellas intervenciones se plantearon como medidas excepcionales y transitorias, vinculadas a una emergencia financiera, y se liquidaron progresivamente en los años posteriores. El recuento actual del Instituto Cato apunta a una lógica distinta: participaciones no ligadas a un rescate puntual, sino a una estrategia deliberada de posicionamiento industrial frente a China.
La discrecionalidad en la selección de empresas beneficiarias constituye uno de los puntos más delicados del proceso. Al no existir un marco legal específico que regule de forma sistemática estas adquisiciones de capital público, decisiones de este calado quedan sujetas en buena medida al criterio de la Administración de turno, lo que introduce riesgos de trato preferencial hacia determinadas compañías o sectores con capacidad de influencia en Washington.
El calendario político estadounidense añade tensión al debate. Las elecciones de medio mandato, celebradas en noviembre de 2026, han mantenido viva la disputa entre republicanos y demócratas sobre el papel del Estado en la economía. La estrategia de calificar de "comunistas" a los rivales demócratas convive, en la práctica, con un historial de decisiones ejecutivas que expanden la huella pública en sectores estratégicos.
A partir de ahora, el foco estará en si el Congreso estadounidense impulsa algún marco normativo que regule estas participaciones estatales de forma más transparente, y en si la Administración revierte o consolida esta práctica. También será determinante observar si estas inversiones generan retorno económico para las arcas públicas o si, por el contrario, se convierten en una fuente adicional de litigios sobre competencia desleal, tanto dentro de Estados Unidos como en foros comerciales internacionales, un terreno especialmente sensible para socios como la Unión Europea, que aplica sus propias reglas de ayudas de Estado.
