La respuesta parlamentaria, formulada a raíz de una batería de preguntas del PP, detalla el destino de los fondos retirados de la convocatoria original. Según el Ejecutivo, el dinero se destinó a subvenciones públicas para programas de atención integral y de inserción sociolaboral dirigidos a personas víctimas de prostitución, una categoría que el Gobierno distingue de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, aunque las engloba dentro de la misma política de violencia machista.
«Cabe señalar que la dotación destinada a las políticas contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas no se ha reducido 7 millones, sino que dicho presupuesto se ha reubicado en otros programas de atención a mujeres víctimas de este tipo de violencia, y de manera concreta en las subvenciones públicas destinadas al desarrollo de programas de atención integral y la inserción sociolaboral de personas víctimas de prostitución», asegura el Ejecutivo.
El origen de la controversia está en la convocatoria de subvenciones para proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos menores o con discapacidad, publicada en el BOE el 19 de mayo. El PP ha comparado esa cuantía, fijada en 13 millones de euros, con los 20 millones destinados en 2025, de donde extrae la caída del 35% que denuncia el grupo parlamentario.
El PP cuestiona cómo justifica «el autodenominado 'Gobierno más feminista' este recorte del 35% en unas ayudas dirigidas precisamente a las víctimas de una de las formas más graves de violencia contra las mujeres: la trata con fines de explotación sexual». El grupo reclama también saber si el Ejecutivo considera esta reducción «coherente» con sus mensajes de «tolerancia cero» frente a la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas.
Los 'populares' preguntan, además, si la rebaja presupuestaria responde a una «reordenación de prioridades» vinculada al cumplimiento de acuerdos políticos con los socios parlamentarios del Gobierno, si se ha evaluado el impacto de este cambio sobre las entidades sociales que gestionan estos programas y si el Ejecutivo contempla recuperar el nivel de recursos de 2025 en convocatorias futuras.
La reestructuración que defiende el Ejecutivo
El Gobierno enmarca el movimiento de fondos dentro de su modelo abolicionista frente a la prostitución. «No se trata de una reducción presupuestaria en la política pública, sino de una reestructuración en los fondos que pretende reforzar el carácter integral de la intervención pública», sostiene el Ejecutivo en su respuesta, en la que añade que la decisión «es acorde con una política abolicionista que considera la prostitución como una forma de violencia machista, y con el mandato y las recomendaciones estipuladas en las normas internacionales».
Las subvenciones estatales a entidades que atienden a víctimas de trata se nutren en buena parte de fondos finalistas y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017, cuyo reparto anual entre convocatorias ha sido recurrente motivo de fricción entre el Ejecutivo y los grupos de la oposición. La discrepancia entre el Gobierno y el PP se centra ahora en si la reasignación de los siete millones constituye o no un recorte efectivo en la lucha contra la explotación sexual de mujeres y niñas.
