La iniciativa, presentada por primera vez en diciembre de 2025, busca reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán frente a la creciente presión demográfica sobre el reparto público. Según explicó Klingbeil tras el Consejo de Ministros, en declaraciones, el objetivo es que «los jóvenes acumulen un patrimonio propio a lo largo de los años y aprendan desde una edad temprana cómo funciona la previsión financiera en los mercados de capitales».
El mecanismo, según detalla el Ministerio de Finanzas alemán, funciona así: el Estado aportará 10 euros mensuales a una cuenta de inversión que los padres podrán abrir a nombre de sus hijos a partir de los seis años. Esa cuenta se podrá complementar con aportaciones voluntarias de la familia de hasta 6.840 euros anuales. Los niños para los que no se abra una cuenta individual no quedarán excluidos: se beneficiarán igualmente mediante una inversión colectiva en los mercados de capitales gestionada por el Bundesbank, el banco central alemán.
Klingbeil justificó la medida apelando a la desigualdad de partida entre familias: «Hoy en día, esto depende con demasiada frecuencia de la situación económica de la familia. Esta desigualdad suele prolongarse hasta la vejez. Queremos cambiarlo», señaló el vicecanciller, que dirige el ministerio encargado de diseñar la reforma.
Las cifras que maneja el propio Ministerio de Finanzas ilustran el alcance de la ayuda estatal por sí sola: con las aportaciones exclusivas del Estado, la cuenta alcanzaría unos 2.200 euros al cumplir los 18 años. Sin ninguna aportación adicional de los padres, ese capital podría crecer hasta aproximadamente 53.000 euros al llegar a la edad de jubilación por el efecto del interés compuesto. Si la familia añade otros 10 euros mensuales, la cifra final podría rondar los 107.000 euros, según las proyecciones oficiales.
El régimen fiscal de estas cuentas replica el de otros productos de ahorro finalista: los rendimientos generados estarán exentos de impuestos hasta el inicio de la fase de cobro, y como norma general el capital acumulado no podrá retirarse antes de los 65 años. Al alcanzar la mayoría de edad, la cuenta se integrará en el sistema de previsión privada para la jubilación, con las ventajas fiscales asociadas a ese régimen. La norma prevé aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para los niños nacidos en 2020.
Una pieza dentro de una reforma más amplia
La «pensión de inicio temprano» no es una medida aislada, sino una pieza de la reforma integral de pensiones que el Gobierno de Merz ha puesto en marcha a partir de las recomendaciones de una comisión de expertos convocada por el Ejecutivo. Entre las medidas más relevantes de ese paquete figura la elevación progresiva de la edad de acceso a la jubilación hasta los 70 años, por encima de los 67 hacia los que Alemania transita actualmente y de los 66 años y 10 meses vigentes en España en 2026, según la normativa de la Seguridad Social derivada de la reforma de 2011 y sus posteriores desarrollos.
La reforma alemana incorpora además la creación de una pensión de capitalización obligatoria, complementaria a la pensión pública de reparto, a la que trabajadores y empresas irán aportando de forma progresiva hasta un 2% del salario. Se trata de un giro relevante en un país cuyo sistema de pensiones ha descansado tradicionalmente, desde las reformas de Bismarck en el siglo XIX y su consolidación en la posguerra, sobre el reparto intergeneracional, y que ahora se acerca a modelos mixtos como los de varios países nórdicos o el Reino Unido.
El Ejecutivo de coalición entre democristianos y socialdemócratas ha vinculado estas reformas de pensiones con otro paquete de medidas laborales y tributarias anunciado en las últimas semanas, entre las que destaca la eliminación de la posibilidad de que los trabajadores alemanes tramiten la baja laboral por teléfono cuando están enfermos. Merz defendió esa decisión calificando el sistema anterior de «desventaja competitiva» para la economía alemana, en un contexto de estancamiento del crecimiento y presión sobre la productividad.
El envejecimiento poblacional explica en gran medida la urgencia de estas reformas. Según Eurostat, Alemania es uno de los países con mayor proporción de población mayor de 65 años de la Unión Europea, y su tasa de dependencia —relación entre jubilados y población en edad de trabajar— se ha deteriorado de forma sostenida en las últimas décadas, presionando las cuentas del sistema público de pensiones, gestionado por el Deutsche Rentenversicherung.
En España, donde el debate sobre la sostenibilidad del sistema también ocupa la agenda pública desde hace años, el Gobierno ha optado por una vía distinta: la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 apostó por el mecanismo de equidad intergeneracional y el aumento de cotizaciones a través del denominado MEI, sin introducir capitalización obligatoria ni una ayuda estatal directa equivalente a la alemana para el ahorro infantil. El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han advertido en sus informes de los últimos ejercicios sobre la necesidad de vigilar el gasto en pensiones a medio plazo, sin que ello haya derivado en un modelo de capitalización similar al alemán.
El proyecto aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros alemán deberá superar ahora el trámite parlamentario en el Bundestag, donde la coalición de Gobierno cuenta con mayoría, aunque el calendario definitivo de aprobación y entrada en vigor plena de la medida no ha sido precisado por el Ejecutivo. Hasta que el Parlamento se pronuncie, la «pensión de inicio temprano» sigue siendo, formalmente, una propuesta legislativa y no una ley en vigor, pese a su aplicación retroactiva prevista desde enero de 2026.
