Tajani explicó tras la firma que ambos países se comprometen a combatir el tráfico de personas y coincidieron en que la inmigración irregular «afecta a la seguridad en nuestros países». «Hemos hablado sobre la inmigración irregular en ambos países. Italia y Egipto se comprometen a hacer frente al tráfico de personas, y estamos en desacuerdo con la inmigración irregular», declaró el canciller italiano, que insistió en el objetivo de reducir «cada vez más» las llegadas de migrantes irregulares. Roma, a cambio, se declaró dispuesta a recibir mano de obra egipcia siempre que llegue por vías legales y ordenadas.
El ministro italiano reconoció públicamente el papel de Egipto en la contención de los flujos hacia Europa y afirmó que la reducción de las llegadas irregulares se debe «en gran parte» a la acción del Gobierno egipcio. Tajani vinculó ese esfuerzo a la presión migratoria que soporta El Cairo desde el estallido de la guerra en Sudán, en abril de 2023, un conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido que ha desplazado a millones de personas hacia los países vecinos. Citó además las medidas egipcias para frenar el tránsito de ciudadanos de Bangladés que intentan alcanzar Libia como paso previo hacia Europa, así como el control sobre la salida de embarcaciones desde la costa mediterránea del país.
Un modelo de acuerdos con el sur del Mediterráneo
El pacto se suma a una serie de acuerdos migratorios que Italia ha firmado con países del norte de África y Oriente Próximo desde que Meloni llegó al Gobierno en octubre de 2022. El más conocido es el memorando con Túnez de julio de 2023, impulsado también por la Comisión Europea, que combinó ayuda financiera con compromisos de contención de las salidas de embarcaciones. Italia mantiene además la cooperación con Libia iniciada en 2017, cuestionada de forma reiterada por organizaciones humanitarias por las condiciones en los centros de detención libios.
El precedente más citado en Italia para este tipo de acuerdos es el pacto de amistad firmado en 2008 entre el entonces primer ministro Silvio Berlusconi y el líder libio Muamar el Gadafi, que sentó las bases de la cooperación migratoria y de seguridad entre ambos países. La caída de Gadafi en 2011 dejó un vacío que sucesivos gobiernos italianos han intentado llenar con Libia y, ahora, con socios como Egipto o Túnez.
Egipto, con más de 105 millones de habitantes según la agencia estadística nacional (CAPMAS), se ha convertido en uno de los principales países de acogida de refugiados sudaneses desde 2023. Naciones Unidas ha estimado que varios millones de sudaneses han buscado refugio en territorio egipcio desde el inicio del conflicto, lo que ha tensionado los servicios públicos y una economía sometida a un programa de ajuste supervisado por el Fondo Monetario Internacional.
Para Italia, la cuestión migratoria conserva una relevancia política de primer orden. Los desembarcos en la isla de Lampedusa, principal punto de entrada de las rutas del Mediterráneo central, han marcado la agenda del Ejecutivo de Meloni desde su llegada al poder, cuando situó el llamado «decreto flujos» y la lucha contra la inmigración irregular entre sus prioridades. El Ministerio del Interior italiano ha reportado en los últimos años fluctuaciones notables en el número de llegadas, vinculadas en parte a la eficacia de estos acuerdos bilaterales.
El texto firmado en El Cairo abre además la puerta a acuerdos específicos para la contratación de trabajadores egipcios, en un país que afronta un progresivo envejecimiento de su población activa y déficits de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y el cuidado de personas dependientes. La fórmula de combinar contención de flujos irregulares con apertura de canales legales ha sido defendida de forma reiterada por Meloni como alternativa a lo que su Ejecutivo describe como fracaso de las políticas de acogida indiscriminada.
Reparos de la oposición y respaldo de Bruselas
La oposición italiana, encabezada por el Partido Democrático, ha cuestionado en el pasado la naturaleza de estos acuerdos con gobiernos como el egipcio, invocando el historial de derechos humanos del país presidido por Abdelfatah al Sisi y las denuncias de organizaciones como Human Rights Watch sobre detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades civiles. La ONG ha documentado en sucesivos informes condiciones de reclusión que califica de preocupantes en centros egipcios, un extremo que el Gobierno de El Cairo rechaza de forma sistemática.
Desde Bruselas, la Comisión Europea ha respaldado en términos generales la estrategia de acuerdos migratorios con terceros países, en línea con el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024, que refuerza la cooperación con países de origen y tránsito como pieza de la política común de fronteras. La Unión Europea ha destinado fondos a Egipto en el marco de un memorando de entendimiento firmado en marzo de 2024, del que el acuerdo bilateral italo-egipcio se presenta como complemento.
El anuncio coincide con informes de los servicios de inteligencia italianos que dan cuenta de la vigilancia sobre un elevado número de centros islámicos y personas consideradas en riesgo de radicalización en territorio nacional, un asunto que el Gobierno de Meloni asocia en su discurso público a la necesidad de reforzar los controles migratorios. Los propios servicios de seguridad italianos han precisado en el pasado que flujos irregulares y radicalización yihadista responden a dinámicas y perfiles distintos.
El acuerdo con El Cairo no fija en su anuncio público plazos concretos de implementación ni cupos para la migración laboral legal, extremos que previsiblemente se negociarán en protocolos técnicos posteriores entre los ministerios de Interior y Trabajo de ambos países. Tajani y Abdelatty tampoco precisaron mecanismos de seguimiento ni consecuencias en caso de incumplimiento, un vacío que organizaciones humanitarias han señalado como habitual en este tipo de memorandos bilaterales y que dificulta evaluar después su eficacia real.
