«Continúan las operaciones de expulsión», escribió Meloni al difundir el material gráfico, en el que se veía a los inmigrantes procedentes de los Centros de Permanencia para la Repatriación siendo trasladados hasta la aeronave. La primera ministra reiteró que su Ejecutivo mantendrá una línea sustentada, según sus propias palabras, en la defensa de las fronteras, la seguridad interior y el cumplimiento de la normativa. La exhibición pública de estas operaciones se ha convertido en una constante de la comunicación del Gobierno italiano desde su llegada al poder en octubre de 2022.
El frente más enconado enfrenta a Roma con Berlín. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, confirmó que Italia no aceptará el traslado de los primeros tres solicitantes de asilo que Alemania pretendía devolver a territorio italiano el pasado 19 de agosto. Se trata de personas que, según el relato oficial, llegaron primero a Italia y se desplazaron después a Alemania, lo que en aplicación del Reglamento de Dublín —el instrumento europeo que determina qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de protección internacional, atribuyéndola por norma al país de primera entrada— obligaría a Italia a asumir sus expedientes.
El Gobierno de Meloni sostiene, sin embargo, que esa responsabilidad no alcanza a quienes llegaron antes del 12 de junio de 2026, fecha en que entró en vigor el nuevo Pacto europeo sobre Migración y Asilo. Piantedosi trasladó esta posición a su homólogo alemán y ha anunciado su intención de llevar la controversia ante la Comisión Europea, que deberá pronunciarse sobre qué régimen jurídico resulta aplicable a los llamados «dublinantes» cuyos expedientes quedan a caballo entre el antiguo sistema y el nuevo pacto.
Italia respalda su negativa con un argumento adicional: la actuación de organizaciones no gubernamentales extranjeras en el Mediterráneo. Según cifras ofrecidas por el propio Piantedosi, alrededor de 2.000 personas habrían sido trasladadas a costas italianas este año por ONG de origen alemán, de las cuales cerca de 500 llegaron después del 12 de junio. Roma emplea este dato para sostener que Berlín contribuye a la presión migratoria sobre territorio italiano al tiempo que pretende devolverle a solicitantes de asilo llegados por otras vías.
Berlín mantiene una lectura jurídica distinta. El Gobierno alemán defiende que las normas anteriores al nuevo pacto siguen siendo aplicables a los expedientes abiertos antes de su entrada en vigor e invoca acuerdos bilaterales previos que, a su juicio, permiten ejecutar los traslados a Italia con independencia de la fecha de llegada inicial de los solicitantes. La discrepancia no es meramente técnica: de su resolución depende qué país asume el coste administrativo y presupuestario de miles de expedientes de asilo pendientes.
A este pulso bilateral se suma un tercer frente, con España, centrado en la libre circulación dentro del espacio Schengen, el área que desde 1985 permite el desplazamiento sin controles sistemáticos entre los países que lo integran. Italia ha reforzado las inspecciones sobre personas procedentes de territorio español, con un resultado, según los datos facilitados por Piantedosi, de 21 rechazos en frontera y tres detenciones; seis de las personas a las que se impidió la entrada eran de nacionalidad marroquí. El ministro sostuvo que las medidas no han generado alteraciones significativas para el turismo.
Piantedosi también criticó la respuesta de Madrid después de que España adoptara restricciones equivalentes para las llegadas procedentes de Italia, una decisión que Roma interpreta como una represalia. El Gobierno italiano defiende su intención de mantener los controles mientras considere que persisten riesgos para la seguridad, en un episodio que ilustra las tensiones que genera la aplicación práctica de Schengen cuando los Estados perciben asimetrías en la gestión de las fronteras exteriores comunes.
El nuevo Pacto europeo sobre Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo tras años de negociación, pretendía precisamente reducir estas fricciones entre socios comunitarios. El texto conserva el principio de que el país de primera entrada debe tramitar inicialmente la solicitud, pero incorpora mecanismos obligatorios de solidaridad entre Estados miembros, controles biométricos y sanitarios, procedimientos fronterizos acelerados y nuevas herramientas para ejecutar las órdenes de retorno de forma coordinada entre países de la Unión.
La disputa italo-alemana sobre los dublinantes constituye, en la práctica, un primer test de resistencia de ese pacto apenas dos meses después de su entrada en vigor. El precedente más cercano se remonta a la crisis migratoria de 2015-2016, cuando el colapso del sistema de Dublín ante la llegada masiva de solicitantes de asilo sirios evidenció las carencias del reparto de responsabilidades entre países de la UE y forzó las negociaciones que desembocaron en el pacto actual.
En paralelo a este endurecimiento, el papa León XIV ha reclamado que Europa cambie el enfoque con el que aborda la inmigración, apelando a una gestión más humanitaria de los flujos migratorios. La intervención del pontífice se suma a las críticas que organizaciones humanitarias contraponen a las expulsiones exhibidas por el Ejecutivo italiano, recordando la obligación de los Estados de garantizar el derecho de asilo recogido en la Convención de Ginebra de 1951.
El desenlace de las controversias abiertas por Italia dependerá en buena medida de la posición que adopte la Comisión Europea, a la que Piantedosi ha anunciado que trasladará el litigio con Alemania. La institución deberá determinar si el criterio temporal defendido por Roma —la fecha del 12 de junio de 2026 como frontera entre el antiguo y el nuevo régimen— resulta compatible con el Reglamento de Dublín y con el propio pacto, en un pronunciamiento que podría sentar precedente para litigios similares entre Estados miembros.
Mientras tanto, el Gobierno italiano ha reiterado su intención de mantener el ritmo de expulsiones y los controles reforzados con España, y Meloni ha pedido extremar la vigilancia ante una posible llegada masiva de inmigrantes por Ceuta. La combinación de estos tres frentes —expulsiones, disputa con Berlín y fricción con Madrid— sitúa a Roma en el centro del debate migratorio europeo justo cuando el nuevo marco normativo comunitario afronta sus primeras semanas de aplicación efectiva.
