En el mensaje difundido en redes, Cepeda pregunta directamente si la Fiscalía, «en coordinación con la Administración de Control de Drogas, DEA», adelanta «algún tipo de indagación o averiguación con la que se pretenda vincularnos con el narcotráfico al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y a mí, pese a no tener competencia para adelantar actuaciones en contra nuestra». La referencia a la falta de competencia alude a un eventual conflicto de jurisdicción sobre quién puede investigarle. El propio Cepeda se preguntó, además, si «se está preparando un nuevo entrampamiento judicial» contra ambos.
El derecho de petición invocado es una figura del ordenamiento jurídico colombiano que, según describe el propio excandidato en su solicitud, permite a toda persona presentar una petición ante autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular. La entidad requerida está obligada a responder en los plazos que fija la ley, aunque el mecanismo no constituye por sí mismo un procedimiento judicial ni implica la apertura de causa alguna.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la Nación ni la Presidencia colombiana se han pronunciado públicamente sobre la existencia o inexistencia de la indagación a la que alude el excandidato. El derecho de petición anunciado busca precisamente forzar una respuesta institucional en los plazos que marca la normativa administrativa colombiana.
El antecedente estadounidense contra Petro
El anuncio se produce después de que, en octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara públicamente que Gustavo Petro estaba vinculado con grupos del narcotráfico, unas declaraciones que derivaron en la apertura de una investigación judicial contra el mandatario colombiano en territorio estadounidense por este presunto delito. Esa causa, abierta en Estados Unidos, discurre al margen de cualquier procedimiento en Colombia, y en el material disponible no consta que haya derivado en cargos formales contra Petro.
La política antidrogas ha sido históricamente un terreno sensible en las relaciones entre Washington y Bogotá. El precedente de mayor calado es el Plan Colombia, impulsado a finales de los años noventa bajo la administración de Andrés Pastrana con financiación y asesoría estadounidenses, un programa diseñado oficialmente para combatir el narcotráfico y el conflicto armado interno que consolidó la presencia de agencias como la DEA en la política de seguridad colombiana.
Conviene precisar el peldaño procesal en el que se sitúa este episodio: según la información disponible, ni Cepeda ni Petro han sido formalmente investigados por la Fiscalía colombiana por delitos de narcotráfico. Lo que existe, de momento, es la afirmación de Cepeda —basada en una información que él mismo reconoce no haber podido confirmar oficialmente— sobre una posible indagación en curso, y una solicitud formal para que la Fiscalía aclare la situación. No hay, por tanto, imputación, procesamiento ni acusación formal contra ninguno de los dos.
El episodio coincide con la transición presidencial en Colombia. La Policía neutralizó, según la información difundida, un autobús bomba que se dirigía al lugar donde tomará posesión de la presidencia Abelardo de la Espriella, un dato que ilustra el clima de tensión en torno al relevo en la Casa de Nariño. Petro afronta así el tramo final de su mandato en un contexto de fuerte confrontación con Washington sobre la política antidrogas.
La confirmación o el desmentido oficial de la Fiscalía General de la Nación será determinante para establecer si el asunto queda en una controversia política o si llega a materializarse en una actuación judicial formal. La respuesta institucional al derecho de petición, sujeta a los plazos legales, marcará el siguiente hito de un episodio que, por ahora, se sostiene únicamente sobre la denuncia pública del excandidato.
