Dos cartas con un autor que no era el capo
El caso el 19 de julio de 2026, cuestiona la autenticidad de parte de la correspondencia que desde hace meses recibía el juez federal Brian Cogan, el mismo magistrado que presidió el juicio contra Guzmán Loera y dictó su sentencia en 2019. El diario sostiene que ha accedido a documentación y evidencia que vinculan a Aubrey Gideon, identificado como ciudadano estadounidense, con la autoría de al menos dos de las cartas firmadas en nombre del narcotraficante mexicano.
Esta información procede, por el momento, de una sola cabecera. El Hemiciclo la traslada citando expresamente a El País y con la cautela que exige un hallazgo aún no corroborado por una segunda fuente o por instancias judiciales independientes. Ni el tribunal del distrito este de Nueva York ni la defensa de Guzmán Loera han confirmado ni desmentido públicamente la suplantación señalada por el diario.
Un remitente que insistía en su traslado
Desde el 10 de abril hasta el 13 de julio de 2026, el juzgado de Cogan recibió 23 cartas atribuidas a Chapo Guzmán En ellas, el remitente insistía en que las condiciones de reclusión constituían un "trato injusto" y reclamaba, misiva tras misiva, ser extraditado a México. El propio Guzmán ya había formulado una petición similar en abril de 2026, según informó El País en su edición del 17 de abril, cuando el narcotraficante pidió a la justicia estadounidense "un trato justo" en prisión.
El juez Cogan rechazó, según la misma fuente, cada una de las solicitudes planteadas en la correspondencia. La legislación estadounidense contempla traslados de presos a terceros países solo en circunstancias excepcionales, y un condenado por delitos federales de la gravedad de los imputados a Guzmán difícilmente puede acogerse a esa vía sin el respaldo del Departamento de Justicia y de canales diplomáticos bilaterales, algo que no consta que se haya producido.
La pista de una publicación a la gobernadora Hochul
El País identifica a Aubrey Gideon como autor real de al menos dos de las cartas enviadas al juzgado., existen publicaciones en redes sociales —entre ellas una dirigida a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul— que habrían permitido rastrear la autoría de la correspondencia y desvincularla, al menos parcialmente, del propio Guzmán Loera. No se ha precisado públicamente si Gideon actuó por iniciativa propia, en connivencia con terceros o con alguna relación con el entorno legal o familiar del narcotraficante.
El hallazgo abre un interrogante de calado: si una parte de las 23 cartas no fueron escritas por Guzmán, cabe preguntarse cuántas del total corresponden realmente a su puño y letra, y con qué grado de conocimiento o consentimiento del propio recluso se produjo la suplantación. El diario no precisa, según la información disponible, si el resto de la correspondencia ha sido verificada o permanece bajo sospecha.
Un juicio con más de 200 testigos
El proceso contra Chapo Guzmán marcó un hito en la persecución judicial del narcotráfico mexicano en suelo estadounidense. Su juicio se celebró en el tribunal del distrito este de Nueva York, en Brooklyn, y terminó con una condena a cadena perpetua confirmada en apelación el 25 de enero de 2022, según recogió entonces El País. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 y desde entonces ha permanecido recluido en régimen de máxima seguridad, en un aislamiento que su defensa ha denunciado reiteradamente como extremo.
La controversia sobre la autenticidad de comunicaciones atribuidas a presos de alto perfil no es nueva en el sistema penitenciario estadounidense: figuras encarceladas han visto cómo terceros publicaban textos en su nombre para manipular la opinión pública o influir en causas abiertas. Las autoridades penitenciarias tratan de contenerlo mediante protocolos de verificación de correspondencia, que no siempre resultan infalibles cuando quien escribe es un actor externo que suplanta al recluso.
Un régimen que restringe la correspondencia
El sistema federal de prisiones de Estados Unidos, gestionado por el Bureau of Prisons, regula de forma estricta la correspondencia de los reclusos de máxima seguridad, en particular los sometidos a medidas administrativas especiales (SAMs, por sus siglas en inglés), un régimen que limita drásticamente las comunicaciones de presos considerados de alto riesgo. Bajo ese marco, las cartas dirigidas a un juez federal deben pasar por canales verificados, lo que hace más llamativo que una suplantación de este tipo haya podido prosperar, de confirmarse la versión de El País.
Los abogados de Guzmán Loera no han emitido, según la información disponible, una declaración pública sobre la presunta suplantación. Tampoco se ha conocido una reacción oficial del Departamento de Justicia estadounidense ni de la oficina del juez Cogan, lo que deja abierta la incógnita sobre qué medidas, si las hay, se adoptarán para depurar la autoría de la correspondencia recibida en los últimos meses.
Qué puede venir ahora
Las cartas apócrifas dirigidas a un juez federal podrían acarrear consecuencias penales para su autor: la legislación estadounidense tipifica delitos vinculados a la suplantación de identidad y a la interferencia con procedimientos judiciales, sobre todo en comunicaciones con un tribunal federal. Si se confirma que Gideon actuó sin conocimiento de Guzmán, podría enfrentarse a cargos por fraude procesal, aunque ninguna autoridad ha anunciado hasta ahora una investigación formal.
El caso queda pendiente de una posible corroboración por otras fuentes periodísticas o judiciales, y de una eventual respuesta oficial de la defensa de Guzmán, del juzgado o del Departamento de Justicia. Mientras tanto, la pregunta de fondo —cuántas de las 23 misivas reflejan la voz real del narcotraficante y cuántas son obra de un impostor— permanece sin resolver, en un episodio que añade opacidad a uno de los procesos judiciales más mediáticos de la última década contra el narcotráfico mexicano.
