La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han advertido del riesgo de un shock en las cadenas de suministro de alimentos si el cierre del estrecho de Ormuz se prolonga, una eventualidad que afectaría de forma directa al flujo global de fertilizantes y, por extensión, a la producción agrícola mundial. La advertencia, formulada en fase preventiva, sitúa a ambos organismos en una posición inusualmente proactiva respecto a su conducta histórica.
El eslabón invisible entre el gas y el grano
El estrecho de Ormuz, que separa el golfo Pérsico del mar de Omán, canaliza una proporción sustancial del comercio mundial de hidrocarburos, incluido el gas natural licuado que abastece a Asia oriental, Europa y partes de África. Lo que hace de esta ruta un vector alimentario —y no solo energético— es la dependencia del proceso Haber-Bosch respecto al gas: desarrollado a principios del siglo XX, este método de síntesis del amoniaco requiere gas natural tanto como materia prima como fuente de energía, y es la base de la producción industrial de urea y nitrato amónico, los dos fertilizantes nitrogenados que sostienen los rendimientos de los principales cultivos de consumo masivo.
Los fertilizantes nitrogenados son insumos sin sustituto técnico a corto plazo en la agricultura intensiva. Una perturbación en el suministro de gas encarece su fabricación, contrae su disponibilidad en los mercados internacionales y, en un plazo de entre una y dos temporadas agrícolas, presiona a la baja los rendimientos de trigo, maíz y arroz. La FAO y la AIE identifican este mecanismo como 'efecto dominó': la caída de un eslabón activa el siguiente con una cadencia que los mercados de futuros anticipan antes de que el impacto llegue al consumidor final.
La crisis de 2022, precedente verificable
El escenario tiene un antecedente documentado. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 generó una perturbación comparable en los mercados de gas y fertilizantes: Rusia y Bielorrusia concentraban entonces dos de las mayores cuotas mundiales de exportación de fertilizantes nitrogenados y potásicos. Las sanciones internacionales y la disrupción logística derivada del conflicto provocaron un encarecimiento histórico de los insumos agrícolas que se trasladó a los precios de los alimentos a escala global. La FAO documentó con especial intensidad el impacto en países de África subsahariana, el Cuerno de África y partes de Asia meridional, donde la crisis alimentaria resultante evidenció que la concentración geográfica de proveedores y rutas convierte cualquier shock geopolítico en una amenaza de primer orden para la seguridad alimentaria.
Aquel episodio de 2022 también expuso la fragilidad de los mecanismos internacionales de respuesta, cuyas limitaciones ya habían quedado al descubierto durante la crisis de precios de 2007-2008, cuando el encarecimiento de los alimentos generó disturbios en varios países. Que la FAO y la AIE opten ahora por una comunicación preventiva, antes de que la perturbación se materialice de forma irreversible, representa un cambio de postura respecto a la tendencia histórica de ambos organismos a actuar predominantemente en fase reactiva.
Qué países asumen mayor exposición
La geografía del riesgo no se distribuye de forma homogénea. Los países importadores netos de alimentos y fertilizantes, sin capacidad productiva propia de gas y sin reservas estratégicas de insumos agrícolas, son los más expuestos a una interrupción prolongada del tráfico por Ormuz. En el caso de la Unión Europea, la dependencia energética del exterior —reducida desde 2022 pero no eliminada— mantiene a los productores agrícolas del continente en una posición de vulnerabilidad estructural ante variaciones bruscas en el precio del gas, que repercuten de forma directa en el coste de los fertilizantes disponibles en el mercado comunitario.
Los países de renta baja con escasa capacidad de absorción de costes presentan el perfil de mayor vulnerabilidad. En estos mercados, un encarecimiento sostenido de los fertilizantes no se traduce en una reducción del margen del agricultor, sino directamente en una reducción de la aplicación de insumos, con el consiguiente efecto sobre los rendimientos de la cosecha siguiente y, en última instancia, sobre la disponibilidad calórica per cápita.
Marco normativo y herramientas de respuesta disponibles
La respuesta institucional ante una perturbación de este tipo opera en varios planos normativos. A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2022/1032 sobre almacenamiento de gas —aprobado tras la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania— obliga a los Estados miembros a mantener niveles mínimos de reservas en sus instalaciones de almacenamiento, lo que otorga un margen temporal frente a interrupciones súbitas del suministro. A escala global, los mecanismos de la FAO incluyen el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS), creado precisamente tras la crisis de 2011 para mejorar la transparencia y la coordinación entre los principales países exportadores e importadores de alimentos.
La AIE, por su parte, dispone de protocolos de liberación de reservas estratégicas de petróleo —activados por última vez de forma coordinada en 2022— que pueden moderar el impacto energético de una interrupción en Ormuz, aunque no sustituyen la necesidad de diversificación estructural de proveedores de gas y fertilizantes. La advertencia conjunta de ambos organismos implica, según su naturaleza institucional, una llamada implícita a los gobiernos para activar estas herramientas antes de que la perturbación alcance carácter irreversible.
La ventana temporal: entre la logística y el campo
Si el cierre de Ormuz se prolongara más allá de varias semanas, la secuencia de impacto seguiría una lógica escalonada. En una primera fase, los contratos de futuros sobre urea y gas natural actuarían como termómetro anticipado, reflejando la escasez antes de que esta llegara físicamente a los mercados de insumos. En una segunda fase, los agricultores con menor capacidad financiera reducirían la aplicación de fertilizantes en la campaña en curso. El efecto sobre los rendimientos no sería inmediato: la ventana entre la perturbación logística y su traducción en caída de la oferta alimentaria se mide en temporadas agrícolas, no en semanas, pero es precisamente esa latencia la que otorga valor operativo a las advertencias tempranas de la FAO y la AIE.
Esa misma latencia define el horizonte de actuación para los responsables de política agraria y energética. Los próximos meses, mientras persista la incertidumbre sobre el tráfico en Ormuz, constituyen la ventana en la que activar reservas estratégicas, acelerar contratos alternativos de suministro de gas y evaluar la exposición sectorial resultaría menos costoso que gestionar una crisis alimentaria consumada. Las decisiones que se tomen —o no se tomen— en ese intervalo determinarán si el efecto dominó que la FAO y la AIE describen queda en advertencia o se convierte en crónica.
