El reino, que durante buena parte del año había optado por mantenerse al margen del enfrentamiento abierto entre Washington, Israel y Teherán, decidió actuar de forma directa después de que las Fuerzas de Movilización Popular, grupo paramilitar iraquí respaldado por Irán, intensificaran sus ataques con drones contra instalaciones e infraestructura saudita. Las autoridades sauditas atribuyen a esa milicia alrededor de 30 ataques, cifra que marcaría un punto de inflexión en la postura de Riad, que hasta ahora había evitado sumarse abiertamente a la coalición liderada por Estados Unidos.
El conflicto, que se prolonga desde finales de febrero, enfrenta a dos bloques con alianzas definidas. De un lado, Irán y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con el respaldo de los hutíes en Yemen —que controlan gran parte del territorio yemení desde 2014— y de las milicias iraquíes. Hezbolá, en el Líbano, permanece como actor relevante pero mantiene, según la información disponible, un perfil bajo en esta fase.
En el bando opuesto se sitúan Estados Unidos, a través de su Comando Central (Centcom), junto con los Estados árabes del golfo Pérsico y Jordania, en distintos grados de involucramiento. Israel, aliado cercano de Washington, no participa activamente en las hostilidades en este momento, pese a haber sido uno de los actores que las desencadenó en febrero.
Irán, por su parte, ha concentrado ataques con misiles y drones contra Jordania, Kuwait y Bahréin, además de dirigir acciones contra buques mercantes que intentan cruzar el estrecho de Ormuz sin sujetarse a las rutas marítimas que Teherán ha impuesto de forma unilateral en esa vía, una de las más sensibles del comercio energético mundial por donde transita una porción sustancial del petróleo que se exporta desde el golfo Pérsico.
La incorporación de las milicias iraquíes y de los hutíes yemeníes a los frentes activos ilustra el riesgo de una escalada regional más amplia mientras no exista un acuerdo de paz duradero entre Washington y Teherán, un fenómeno relativamente reciente en el desarrollo del conflicto.
El cálculo de Riad entre disuasión y distensión
Para el gobierno saudita, encabezado de facto por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el conflicto representa una amenaza directa a su plan de transformación económica de largo plazo, conocido como Visión 2030, que busca reducir la dependencia del reino de los ingresos petroleros y desarrollar industrias nacionales capaces de absorber a los cientos de miles de jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral. Ese plan depende en buena medida de la capacidad para atraer inversión extranjera y de construir infraestructura crítica, incluidos centros de datos y otros proyectos tecnológicos vulnerables a los ataques.
Una amenaza sostenida sobre el territorio saudita —ya sea mediante drones lanzados desde Yemen o misiles balísticos disparados directamente desde Irán— complicaría sensiblemente la ejecución de ese programa. Esa vulnerabilidad quedó demostrada en septiembre de 2019, cuando las instalaciones petroleras de Abqaiq y Khurais fueron atacadas por una milicia vinculada a Irán que operaba desde territorio iraquí, aunque inicialmente se había señalado a los hutíes yemeníes como responsables. Aquel ataque paralizó durante varios días cerca de la mitad de la capacidad exportadora de petróleo saudita y quedó como advertencia sobre la fragilidad de la infraestructura energética del reino.
Ese precedente funciona hoy como referencia para entender por qué Riad evitó, hasta esta semana, involucrarse de forma abierta: la experiencia mostró que, incluso sin una guerra declarada, la infraestructura crítica saudita puede quedar expuesta a golpes de gran impacto económico con escasa capacidad de respuesta inmediata.
El dilema que enfrenta ahora el liderazgo saudita consiste en decidir si continúa respondiendo militarmente como forma de disuasión frente a nuevos ataques, o si opta por explorar una vía de reducción de tensiones que podría incluir concesiones a algunos de los actores hostiles, con el fin de preservar la estabilidad necesaria para sostener sus planes de diversificación económica.
Ninguna de las partes ha ofrecido hasta el momento una versión pública y verificable que permita confirmar de manera independiente el alcance exacto de los ataques atribuidos a las milicias iraquíes ni la magnitud de la respuesta conjunta entre Washington y Riad. Tampoco existe constancia oficial de una postura definitiva del gobierno saudita respecto a si intensificará su participación militar o buscará una salida negociada.
Lo observable es que la guerra iniciada en febrero ha ido incorporando progresivamente a más actores regionales, ampliando el número de frentes activos y complicando cualquier escenario de contención. La evolución de la postura saudita en las próximas semanas, así como la eventual respuesta iraní a los ataques conjuntos de esta semana, serán indicadores clave para calibrar si la región se encamina hacia una escalada mayor o hacia una distensión parcial entre los bloques enfrentados.