La sentencia que condenó a Borg a cuatro años de cárcel no es firme: el joven ha recurrido parte del fallo y la vista de apelación está fijada para febrero de 2027. Hasta entonces sigue en situación de prisión preventiva, un régimen que desde julio cumple en Skaugum y no en un centro penitenciario, bajo control electrónico y restricciones de movimiento. La distinción es relevante: Borg no cumple ya la pena impuesta en junio, que todavía puede modificarse en apelación, sino una medida cautelar mientras se resuelve el recurso.
Esa diferencia marca el alcance de la vista de este lunes en Oslo, centrada exclusivamente en si procede mantener o levantar el control electrónico, no en la culpabilidad ya declarada en primera instancia. Hasta ahora, Borg había aceptado sin oponerse las sucesivas prórrogas de cuatro semanas del régimen de vigilancia. Esta vez su defensa ha roto esa dinámica: los abogados Alexander Greaker y Daniel Storrvik sostienen que no existe base legal para prolongar la medida y han pedido la libertad plena de su cliente, alegando que el encierro en la finca real se ha vuelto insostenible.
Para sustentar la petición, la defensa ha propuesto dos testigos cuyas declaraciones se han celebrado a puerta cerrada, por lo que su contenido no ha trascendido: un representante de los servicios de libertad condicional, que puede valorar el funcionamiento práctico del control electrónico, y un profesional sanitario que ha seguido la evolución de Borg durante estos meses de vigilancia.
El propio Borg ha pedido dirigirse directamente al tribunal para explicar el desgaste que, según su defensa, le provoca el régimen actual. Su abogado Daniel Storrvik resumió esa posición antes de la vista.
«La situación es insoportable. Ya no funciona para él», afirmó el abogado Daniel Storrvik antes de la vista en Oslo.
Las condiciones en Skaugum
El arresto en una residencia real dista de ser un régimen sin cargas. Borg debe permanecer en su vivienda o en la terraza habilitada, salvo autorización expresa para salir por motivos médicos, laborales, educativos o familiares, y tiene vetado el acceso al garaje de la finca, donde solía reparar motocicletas. El contacto con su madre está limitado a un máximo de tres horas diarias en la vivienda principal de la propiedad.
A ello se suman conversaciones periódicas con la unidad policial RISK, especializada en la prevención de la violencia en las relaciones cercanas, y controles antidroga frecuentes y sin previo aviso, un conjunto de obligaciones que su defensa presenta como incompatible con el argumento de que ya no existe riesgo de reincidencia.
La Fiscalía mantiene la posición contraria: considera que persiste el riesgo de que Borg vuelva a cometer delitos y ha solicitado que la prisión preventiva con vigilancia electrónica se extienda cuatro semanas más, el mismo plazo que en anteriores prórrogas aceptadas por la defensa. En el ordenamiento noruego, la prisión preventiva se revisa periódicamente por un tribunal, que debe ponderar en cada prórroga el riesgo de fuga o de reiteración delictiva frente a la situación del investigado; el control electrónico domiciliario es una modalidad menos gravosa que el ingreso en centro penitenciario.
El tribunal de Oslo deberá resolver si el régimen continúa en Skaugum o si Borg recupera la libertad de movimientos mientras espera la vista de apelación prevista para febrero de 2027.