La votación se produjo en una sesión maratoniana, la última antes de que la Cámara entrara en el periodo vacacional de verano, en la que también se rechazó la senda de déficit —paso previo indispensable para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado—, se convalidó un nuevo decreto anticrisis y se dio luz verde a la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas.
La pasarela beneficiará a quienes acrediten al menos 15 años cotizados y hayan optado en su día por una mutualidad laboral en lugar de la Seguridad Social, una fórmula que durante décadas dejó a este colectivo con pensiones inferiores a las del régimen general. El mecanismo permitirá a estos trabajadores, aún en activo o próximos a jubilarse, integrarse en el RETA y acceder así a una prestación pública.
El punto de fricción fue la exclusión de los mutualistas que ya han pasado a la jubilación, salvo los viudos, que sí quedan amparados. Esta limitación proviene de una enmienda incorporada por el PP durante el trámite en el Senado, lo que obligó a que el texto regresara al Congreso para su votación definitiva antes del cierre del periodo de sesiones.
Del reproche popular al rechazo de la oposición
La diputada popular Macarena Lorente defendió la posición de su grupo argumentando que los mutualistas «cumplieron la ley» en su momento y se vieron después desprotegidos. Lorente reprochó al Gobierno no haber compartido con los grupos los datos sobre el número de mutualistas afectados y reclamó que la reforma se abordara «con rigor» y en el marco del Pacto de Toledo, el acuerdo parlamentario vigente desde 1995 que fija las líneas maestras de las reformas del sistema de pensiones para sustraerlas de la confrontación partidista. La diputada sostuvo que la pasarela inicial «era muy restringida» y que las enmiendas de su grupo la han «ampliado», y celebró que los viudos no hayan quedado finalmente excluidos, aunque evitó pronunciarse sobre las consecuencias de dejar fuera a los pasivos.
Desde el PSOE, el diputado Alfonso Cendón acusó al PP de «tacticismo» y afirmó que el partido «nunca ha querido aprobar esta ley». Calificó de «irresponsable» la introducción de la autoenmienda —a la que atribuyó ir «contra el espíritu» original de la norma— y reconoció que la exclusión de los pasivos es «una de las demandas históricas» que queda sin resolver. Cendón defendió, no obstante, que la pasarela «sienta las bases» para «seguir avanzando» y augurar una futura protección a los pasivos.
La enmienda concitó el rechazo de Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, PNV, Compromís y UPN. El diputado de UPN Alberto Catalán denunció que la reforma «ha dejado en la indefensión» a estos pensionistas. La diputada de Podemos Martina Velarde calificó la situación de «discriminación» y no de «justicia», subrayando la contradicción de que exista una pasarela que «desaparece cuando toca recibir la pensión». En términos similares, la diputada del PNV Idia Sagastizábal reclamó que «estamos a tiempo de no cometer esta injusticia» antes de la votación final.
Junts, por boca de Josep Maria Cervera, se refirió de forma más genérica a «vetos inexplicables», mientras que la diputada de Esquerra Pilar Vallugera calificó de «desastre» que queden excluidos quienes no alcanzan los 15 años de cotización. Vallugera coincidió, sin embargo, con una queja del PP: la falta de datos oficiales sobre el número de afectados, lo que a su juicio hace que la decisión se tome «sobre criterios oscuros».
Un contencioso arrastrado desde los años ochenta
Las mutualidades laborales fueron, hasta su progresiva desaparición a partir de los años ochenta, una alternativa a la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores. Su régimen dejó a numerosos profesionales con pensiones muy por debajo de las del régimen general, una brecha que distintas plataformas de afectados llevan más de una década reclamando corregir ante instancias parlamentarias y judiciales. La pasarela aprobada esta semana es el primer instrumento legislativo que da respuesta parcial a esa reivindicación.
La aprobación llegó en la misma jornada en que el Congreso rechazó la senda de déficit presentada por el Gobierno, el trámite que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y que constituye, conforme a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el primer paso legal para elaborar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Su rechazo complica el calendario presupuestario del Ejecutivo de cara a los próximos meses.
Una vez aprobada de forma definitiva, la norma sobre mutualistas quedará pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor. A partir de ahí se abrirá el plazo para que los mutualistas que reúnan los requisitos —15 años cotizados y no encontrarse ya jubilados, salvo los viudos— soliciten su incorporación al RETA y el acceso a la pensión pública que hasta ahora tenían vedada.
La exclusión de los pasivos, según lo expresado por varios grupos durante el debate, no cierra la puerta a futuras reformas. El propio PSOE ha admitido que la ley «sienta las bases» para ampliaciones posteriores, por lo que el debate sobre la protección de los mutualistas ya jubilados regresará previsiblemente al Congreso, en un contexto marcado por la presión sostenida de las plataformas de afectados movilizadas en distintas comunidades.
