El cambio de posición quedó documentado en las votaciones parlamentarias. En junio de 2022 una reforma que proponía exactamente el mismo mecanismo de traducción simultánea para las lenguas cooficiales fue rechazada con los votos en contra del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos. Quince meses después, el mismo partido que había votado en contra impulsó la medida como parte de sus acuerdos de legislatura, tras las elecciones de julio de 2023.
El detonante del giro fue el pacto alcanzado el 17 de agosto de 2023 entre el PSOE y ERC para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. El acuerdo incluía de forma expresa el reconocimiento del uso de las lenguas cooficiales en los plenos, una de las exigencias que tanto ERC como Junts habían situado entre sus condiciones para facilitar la configuración de la Cámara tras los comicios.
La aplicación de la medida se adelantó a su propia tramitación reglamentaria. Armengol autorizó el uso del catalán, el euskera y el gallego en el pleno del 19 de septiembre cuando el Reglamento del Congreso aún no había sido modificado para amparar esa posibilidad. La reforma no se aprobó de manera formal hasta dos días después, el 21 de septiembre, con 180 votos a favor y 170 en contra.
El estreno estuvo marcado por las protestas. Los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo y depositaron sus dispositivos de traducción —los pinganillos— en el escaño que ocupa habitualmente Pedro Sánchez. El PP denunció que la decisión respondía a las exigencias políticas de los socios independentistas más que a una convicción propia del PSOE.
La implantación tuvo también un coste económico. El Congreso reservó una partida de hasta 279.849 euros para financiar el servicio hasta finales de 2023, una cifra que incluía equipos técnicos, intérpretes y servicios de traducción simultánea. De ese importe, unos 53.500 euros se destinaron a la adquisición y el alquiler inicial del material necesario para el funcionamiento del sistema.
El Gobierno defendió la reforma como un reconocimiento de la pluralidad lingüística de España, en línea con el amparo de las lenguas cooficiales recogido en el artículo 3 de la Constitución. La oposición cuestionó que una modificación de estas características, rechazada por el propio PSOE apenas un año antes, se aprobara justo cuando los socialistas necesitaban los votos de ERC y Junts para sostener su mayoría parlamentaria.
El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso ya había sido reclamado durante la Transición: el Reglamento aprobado en 1982 limitó la actividad parlamentaria al castellano, criterio que se mantuvo durante más de cuatro décadas hasta la reforma de 2023. El Senado, en cambio, admite desde 2005 el uso de las lenguas cooficiales en el debate de mociones y desde 2010 en las comisiones.
Lo que el PSOE votó en contra en junio de 2022 terminó convirtiéndose, con la nueva aritmética parlamentaria surgida de las elecciones de julio de 2023, en una de las primeras medidas aprobadas por la mayoría que sostuvo la investidura de Sánchez, con 180 votos a favor frente a 170 en contra el 21 de septiembre de ese año.