Gómez, que llegó a liderar la federación socialista madrileña, centró sus críticas en la relación entre la permanencia del ministro y el coste político que tendría su salida para el Gobierno. «Pedro Sánchez no va a cesar a Óscar Puente tras el accidente de Urda porque si lo hace está asumiendo la responsabilidad política», sostuvo en su intervención televisiva, en la que acusó al Ejecutivo de anteponer el calendario electoral a la asunción de responsabilidades.
«Si le cesa o dimite, está asumiendo la responsabilidad política y, por lo tanto, no va a permitirlo», señaló Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE de Madrid, en el programa Horizonte de Cuatro.
Gómez no limitó su diagnóstico al siniestro de Urda. Recordó las incidencias registradas en los servicios de Cercanías y en líneas de alta velocidad para defender que las deficiencias detectadas no deben leerse como episodios aislados, sino como síntomas de un problema del sistema ferroviario. En ese contexto llegó a afirmar que «España ha dejado de funcionar», una frase con la que acusó al Ejecutivo de centrar la atención en el error humano para eludir su propia responsabilidad.
Esa tesis conecta con el debate que el accidente de Urda reaviva sobre el mantenimiento ferroviario en España, donde distintos actores han señalado carencias de personal e inversión en las infraestructuras gestionadas por Adif. En esa línea, Aicape trasladó al Gobierno en junio una advertencia sobre la fuga de talento en seguridad ferroviaria, un aviso previo al siniestro que ha ganado relevancia en el debate posterior.
La respuesta del Ejecutivo
El propio Sánchez ha reaccionado públicamente a la crisis. El presidente anunció ayudas para Urda similares a las aprobadas tras el siniestro de Adamuz y aprovechó la comparecencia para advertir sobre un hipotético pacto entre PP y Vox. La gestión económica de Adif también ha sido objeto de escrutinio: su presidente mantiene una retribución de 195.000 euros anuales pese a los siniestros de Adamuz y Urda.
El cese o la continuidad de un ministro es competencia exclusiva del presidente del Gobierno, según el artículo 100 de la Constitución, que atribuye a Sánchez el nombramiento y la separación de los miembros del Ejecutivo. El precedente más cercano de dimisión ministerial tras un accidente ferroviario es el del accidente del Alvia en Santiago de Compostela, en julio de 2013, que causó 80 muertos y en el que el Gobierno de entonces no relevó al titular de Fomento.
Las investigaciones sobre el accidente de Urda continúan abiertas y todavía no se ha determinado si hubo fallos técnicos, organizativos o de supervisión en el servicio. Las palabras de Gómez, pronunciadas desde fuera de la estructura orgánica del PSOE, se suman a un debate que combina la exigencia de responsabilidades políticas con la espera de las conclusiones técnicas sobre lo ocurrido.