La verificación despeja una de las condiciones que quedaban pendientes para avanzar en el programa de Facilidad Extendida de Fondos (EFF) suscrito por San Salvador con el organismo con sede en Washington. Según el propio Fondo, la documentación aportada por las autoridades salvadoreñas acredita que la acumulación de bitcoin registrada desde la primera revisión, cerrada el 27 de junio de 2025, corresponde a donaciones de origen privado, no a compras realizadas con recursos del Estado.
El acuerdo alcanzado a nivel técnico entre el equipo del FMI y el Gobierno de Nayib Bukele debe pasar todavía por la Junta Ejecutiva del organismo, el órgano que representa a los países miembros y que tiene la última palabra sobre cada desembolso. Si se ratifica en los términos actuales, liberará alrededor de 140 millones de dólares del tramo correspondiente a esta fase del programa, cuyo límite total equivale al 360% de la cuota que El Salvador mantiene en la institución.
El bitcoin ha sido un punto de fricción permanente desde que el país entró en el programa en febrero de 2025. En la primera revisión, el Fondo ya señaló que las tenencias públicas de la criptomoneda no se habían incrementado desde el inicio del acuerdo y que las monedas contabilizadas en el Fondo de Reserva de Bitcoin de El Salvador procedían de una reagrupación de direcciones ya existentes del Estado, no de nuevas compras. La novedad de este cierre técnico es que el Fondo da un paso adicional: certifica documentalmente que los bitcoin sumados con posterioridad tienen origen en donaciones.
El acuerdo no se limita al terreno contable. El FMI y El Salvador han pactado modernizar el marco legal, regulatorio y de supervisión sobre los activos digitales que están en manos del sector público, con el objetivo declarado de reforzar el control de riesgos sobre unas tenencias cuya volatilidad ha sido, desde 2021, uno de los principales motivos de cautela del organismo hacia la estrategia cripto salvadoreña.
En paralelo, la participación estatal en Chivo Wallet, la aplicación lanzada por el Gobierno para impulsar el uso cotidiano de bitcoin entre la población, se ha reducido de forma sustancial. Un operador privado ha asumido la propiedad mayoritaria y el control del día a día de la plataforma, mientras el Estado conserva una participación minoritaria y mantiene, según el comunicado del Fondo, la responsabilidad de garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios. Las autoridades se han comprometido además a hacer más transparentes las posiciones de bitcoin repartidas entre las distintas billeteras estatales.
El Salvador fue, en junio de 2021, el primer país del mundo en otorgar curso legal al bitcoin, una decisión pionera que situó al pequeño país centroamericano en el centro del debate global sobre criptomonedas y soberanía monetaria. Desde entonces, el FMI ha mantenido una posición de cautela constante, insistiendo en que el riesgo fiscal derivado de la exposición a un activo con oscilaciones de precio tan pronunciadas no debía recaer sobre las arcas públicas de un país que, al mismo tiempo, dependía del propio Fondo para financiar su deuda.
Por qué importa la distinción entre donación y gasto público
La diferencia entre financiar la reserva con donaciones o con dinero público no es un matiz menor. Para la calificación crediticia de El Salvador, cualquier evidencia de disciplina fiscal resulta relevante en un momento en que las cuentas públicas del país siguen dependiendo del crédito externo para cubrir vencimientos de deuda y sostener el gasto social. El propio comunicado del Fondo no espera que la reserva estatal siga creciendo más allá de las donaciones ya documentadas, lo que introduce una incógnita sobre el futuro de una estrategia que el Gobierno ha presentado repetidamente como una apuesta de Estado a largo plazo.
El Ejecutivo de Bukele ha defendido desde 2021 la acumulación de bitcoin como un activo de reserva nacional. La verificación del FMI desplaza el eje del debate: ya no se discute tanto si el Tesoro salvadoreño arriesga recursos públicos en un mercado altamente volátil, sino cómo se reciben, custodian y eventualmente liquidan las donaciones privadas que nutren ese fondo, y con qué grado de transparencia se informa de ello a los ciudadanos y a los mercados internacionales.
Para el inversor externo que sigue el riesgo soberano salvadoreño, la lectura del acuerdo técnico es de doble filo. De un lado, elimina un factor de fricción con el organismo multilateral que sostiene buena parte de la financiación exterior del país. De otro, deja abierta la pregunta de si el sector privado —dentro y fuera de El Salvador— mantendrá el ritmo de donaciones que ha alimentado la reserva hasta ahora, o si esta se estabilizará en los niveles actuales una vez cerrado este capítulo con el Fondo.
Las previsiones macroeconómicas que acompañan al comunicado apuntan a un crecimiento del producto interior bruto del 4,5% para 2026, sostenido por la inversión, el consumo interno, las remesas de los salvadoreños en el exterior y el turismo. El Fondo proyecta además que el superávit primario del sector público no financiero pase del 2,9% del PIB estimado para este año al 3,7% en 2027, una senda de consolidación fiscal que resulta clave para que el país mantenga el acceso al crédito internacional en condiciones sostenibles.
El precedente más cercano para entender la relación entre El Salvador y el FMI se remonta a las negociaciones que se prolongaron durante casi tres años, entre 2022 y comienzos de 2025, antes de que ambas partes lograran cerrar el actual programa de Facilidad Extendida. Durante ese periodo, la ley bitcoin aprobada en 2021 fue precisamente uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo, dado que el organismo exigía garantías de que la criptomoneda no comprometería la estabilidad fiscal ni el sistema financiero del país.
El calendario que queda por delante pasa ahora por la revisión de la Junta Ejecutiva del FMI, sin fecha pública confirmada hasta el momento, que deberá dar el visto bueno definitivo al desembolso de los 140 millones de dólares y a las nuevas condiciones pactadas sobre supervisión de activos digitales. De su aprobación dependerá también el ritmo de los próximos tramos de un programa que, hasta su vencimiento, seguirá sometiendo a revisión periódica tanto las cuentas públicas salvadoreñas como la evolución de su reserva de bitcoin.
