Egesa fue constituida en 2006 dentro de la reorganización del sector eléctrico panameño posterior a la reforma de la década de 1990, cuando el Estado abrió a operadores privados la generación y distribución de energía. Su único activo generador de ingresos operativo es la planta solar Sarigua, un parque de 2.4 megavatios, de capacidad modesta frente a los grandes proyectos hidroeléctricos y térmicos que componen la matriz energética nacional.
De acuerdo con los registros contables de la empresa correspondientes a 2024, los ingresos por venta de energía de Sarigua ascendieron a $225,035.94, mientras que los gastos de funcionamiento alcanzaron $1,126,286.25 y la inversión sumó $156,182.09, para un total aproximado de $1.28 millones. El resultado del ejercicio fue una pérdida de $1.1 millones, cifra que se suma a una serie histórica de números rojos documentada en memorias anteriores.
El principal renglón de gasto es la planilla estatal, que en 2024 costó $809,803.04, es decir, 3.6 veces el total de ingresos generados por la venta de electricidad. La estructura administrativa de Egesa —gerencia, área financiera, asesoría legal, compras, auditoría interna y recursos humanos— se mantiene para operar un único activo de pequeña escala, lo que plantea interrogantes sobre la proporcionalidad entre el tamaño de la operación y el aparato que la sostiene.
Las pérdidas no son un hecho aislado de 2024. Según las memorias de la empresa, Egesa reportó números rojos de manera sostenida: $3.4 millones en 2017, $2.7 millones en 2018, $2.2 millones en 2019, una cifra similar en 2020, cerca de $2 millones en la memoria de 2023 y $1.1 millones en 2024. Para cubrir parte de ese hueco, el Estado inyectó más de $4 millones a la empresa entre 2017 y 2018.
Un desbalance en año de ajuste fiscal
La situación de Egesa cobra relevancia en el contexto fiscal actual. Panamá cerró el primer semestre de 2026 con un déficit fiscal de $1,881 millones. Para contener ese desbalance, la inversión pública entre enero y mayo fue $174 millones menor que en el mismo período del año anterior, una caída de 11% que, en la práctica, se traduce en calles, escuelas y hospitales postergados o no ejecutados.
El contraste entre el ajuste aplicado a la inversión pública y la persistencia de pérdidas en una empresa estatal de escala reducida alimenta el debate sobre las prioridades del gasto público en momentos de consolidación fiscal. La Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar el uso de los recursos del Estado y de refrendar los contratos públicos, no se ha pronunciado públicamente sobre una auditoría específica a Egesa, según la información disponible hasta la fecha.
El caso no es inédito en la historia reciente de las empresas estatales panameñas con problemas estructurales de rentabilidad. Desde la reforma del sector eléctrico en los años noventa, distintas entidades públicas vinculadas a la generación y distribución de energía han enfrentado cuestionamientos sobre su viabilidad financiera y sobre la pertinencia de mantener estructuras administrativas completas para activos de bajo rendimiento económico, un debate que atraviesa las últimas tres décadas de la política energética nacional.
Uno de los argumentos que históricamente se han esgrimido para justificar la continuidad de Egesa como empresa independiente es su eventual papel en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Bocas del Toro, conocido anteriormente como Chan II. Se trata de una obra proyectada de 223 megavatios con un costo estimado cercano a $950 millones, cuya entrada en operación se ubicaría hacia 2031, pero que hasta la fecha no cuenta con una decisión definida sobre el modelo de ejecución que seguiría.
La ausencia de un modelo concreto para Bocas del Toro plantea dudas sobre si ese proyecto, todavía en fase de evaluación, puede sostener por sí solo la justificación de una estructura empresarial que acumula pérdidas desde hace ocho años. El planteamiento crítico, formulado por especialistas del sector eléctrico en el debate público, sostiene que, de resultar viable, el proyecto debería someterse a una evaluación técnica y financiera independiente antes de emplearse como argumento para mantener el statu quo institucional de la empresa.
Entre las alternativas planteadas figuran una auditoría independiente sobre los activos, deudas y compromisos de la empresa; la congelación de contrataciones y gastos no esenciales mientras se completa esa revisión; la separación operativa de la planta Sarigua respecto de la estructura administrativa que la encarece; la evaluación por separado del proyecto de Bocas del Toro; y la publicación de los resultados de todo el proceso. Quienes lo defienden precisan que el cuestionamiento no recae sobre Sarigua como activo generador de energía limpia, sino sobre la necesidad de sostener una empresa estatal completa para administrar un parque solar de apenas 2.4 megavatios.
Egesa aún no ha publicado su memoria correspondiente al ejercicio 2025, por lo que no existen cifras oficiales más recientes que las de 2024. No obstante, el patrón de pérdidas sostenidas durante ocho años consecutivos hace difícil anticipar una corrección abrupta en el ejercicio más reciente sin cambios estructurales de fondo.
El debate sobre el futuro de la generadora se enmarca en una discusión más amplia sobre el papel del Estado empresario en Panamá, que incluye a otras entidades públicas del sector energético y de servicios. La Asamblea Nacional, a través de sus comisiones y de las vistas presupuestarias, podría eventualmente citar a representantes del MEF o de la propia Egesa para abordar la situación financiera de la empresa, aunque hasta la fecha no consta una convocatoria formal en ese sentido.
La resolución del caso —ya sea mediante una transformación institucional, la absorción de Sarigua por otra entidad pública mayor, la operación por contrato con un tercero o un proceso de traspaso transparente— dependerá en última instancia de decisiones que corresponden al Consejo de Gabinete y, en su caso, a la Asamblea Nacional, si se requiere modificar el marco legal que rige la existencia de la empresa. Mientras tanto, el contraste entre el ajuste fiscal y la persistencia de pérdidas en una entidad estatal de pequeña escala seguirá formando parte del escrutinio público sobre las prioridades del gasto estatal.