Un portavoz del Departamento de Estado trasladó a Europa Press que el organismo «condena la violencia criminal de cualquier parte en Cisjordania» y exigió «investigaciones, arrestos y condenas para los responsables». La diplomacia estadounidense precisó que está «al tanto de las informaciones» y que mantiene un seguimiento activo del caso, sin atribuir de forma expresa la autoría a un grupo concreto más allá de referirse a colonos israelíes como agresores.
El suceso tuvo lugar el sábado en Yalud, una localidad del norte de Cisjordania situada en una zona donde en los últimos años se han multiplicado los enfrentamientos entre colonos judíos y población palestina por el control de tierras agrícolas y rutas de pastoreo. Según el relato del periodista Matt Bradley, integrante del equipo agredido, el grupo atacante «golpeó» a los periodistas y «saltó a por el coche» en el que viajaban. El propio Bradley resultó con dos impactos en un brazo.
La mujer entrevistada, Aida Ahmed Abdulá, quedó tendida en el suelo tras la agresión y tuvo que ser atendida por personal de la Media Luna Roja palestina, la organización humanitaria que opera en los territorios ocupados de forma análoga a Cruz Roja. No trascendió de forma inmediata el alcance de sus lesiones ni si requirió traslado hospitalario.
El Departamento de Estado subrayó que no existe «mayor prioridad» que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el exterior y añadió que Estados Unidos mantiene «un diálogo constante» con sus socios para «mejorar la estabilidad y la seguridad» en Cisjordania. Ese principio rige la actuación consular y diplomática de Washington y se activa de forma reforzada cuando hay personal de medios estadounidenses implicado.
Un patrón de violencia con escasas condenas
La violencia de colonos contra periodistas, activistas y agricultores palestinos en Cisjordania no es un fenómeno nuevo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha documentado un incremento sostenido de incidentes de este tipo desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, un aumento que organizaciones de derechos humanos vinculan a la tensión sobre el terreno. Grupos israelíes como B'Tselem y Yesh Din han alertado de forma reiterada sobre la escasa proporción de estos casos que terminan en imputación formal o condena judicial.
Las autoridades israelíes han sostenido en el pasado que persiguen la violencia de colonos al margen de la ley.
El marco jurídico que rige Cisjordania combina la legislación militar israelí, aplicada a la población palestina, y el derecho civil israelí, que se extiende de facto a los colonos residentes en los asentamientos. Esa dualidad normativa ha sido señalada por organismos internacionales y ONG como fuente de impunidad. La Cuarta Convención de Ginebra, que regula las obligaciones de una potencia ocupante hacia la población civil bajo su control, atribuye al Estado ocupante la responsabilidad de garantizar la seguridad de los residentes, un punto objeto de disputa diplomática recurrente entre Washington, Bruselas y Tel Aviv.
El episodio se produce en un contexto de tensión sostenida por la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional según sucesivas resoluciones de Naciones Unidas, si bien el Gobierno israelí rechaza esa calificación. Israel ocupa el territorio desde la guerra de 1967. Washington ha mantenido históricamente una posición cambiante sobre los asentamientos, oscilando entre administraciones que los han calificado de obstáculo para la paz y otras que han flexibilizado esa condena.
La reacción del Departamento de Estado se inscribe en la relación bilateral estratégica entre Estados Unidos e Israel, principal receptor histórico de asistencia militar estadounidense. Esa relación condiciona el tono de las condenas oficiales, que suelen evitar señalar responsabilidades institucionales directas del Estado israelí en episodios de violencia de colonos, y explica el recurso a fórmulas genéricas como la empleada este lunes.
El incidente se suma a una serie de ataques contra profesionales de la información que cubren la situación en Cisjordania, un territorio que Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones de defensa de la prensa han situado entre los más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico en los últimos años. La cobertura sobre el terreno se ha vuelto especialmente arriesgada desde el inicio de la guerra en Gaza.
A partir de ahora, el foco se traslada a si la Policía israelí abre diligencias formales contra los presuntos agresores de Yalud y si se producen detenciones, un paso que las organizaciones de derechos humanos consideran la prueba habitual en este tipo de casos. Queda pendiente asimismo si el Departamento de Estado eleva el asunto a un nivel diplomático superior, dado que las víctimas incluyen a empleados de una cadena estadounidense, algo que en precedentes similares ha derivado en gestiones consulares específicas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.
