El origen de la crisis se remonta al martes, cuando Irán atacó con misiles balísticos instalaciones militares estadounidenses en territorio jordano. Washington aseguró entonces haber frustrado lo que calificó de intento de «ataque sorpresa» de Teherán, sin que trascendieran de forma inmediata víctimas mortales ni daños estructurales de consideración en las bases afectadas. La respuesta llegó apenas 24 horas después: los bombardeos, descritos por el mando militar estadounidense como una «intensa oleada», se dirigieron contra objetivos en la República Islámica, aunque no se detalló qué instalaciones concretas —nucleares, de producción de misiles o de mando militar— habrían sido alcanzadas.
Jordania, aliado histórico de Washington en la región y anfitrión de bases estadounidenses en el marco de la cooperación militar bilateral, se convierte así en escenario directo de una confrontación que hasta ahora se había librado sobre todo mediante grupos armados aliados. El reino hachemí comparte frontera con Irak, Israel, Siria y Arabia Saudí, una posición geográfica que lo sitúa como pieza clave de la arquitectura de seguridad estadounidense en Oriente Próximo.
De la ruptura del pacto nuclear a la escalada directa
La tensión entre Washington y Teherán no es nueva. Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA) en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, y desde entonces las relaciones han oscilado entre la contención diplomática y episodios de confrontación directa. El más significativo fue la muerte del general Qasem Soleimani en enero de 2020, en un ataque con dron estadounidense en Bagdad, que desató una represalia iraní con misiles contra bases estadounidenses en Irak sin que se produjera una escalada mayor.
El ataque directo con misiles balísticos contra bases estadounidenses supone un salto cualitativo respecto a la lógica de conflicto indirecto —a través de milicias aliadas en Irak, Siria, Líbano y Yemen— que ha predominado en la región desde la guerra de Irak de 2003. La represalia estadounidense de esta madrugada rompe el patrón de contención que ambas partes habían mantenido pese a la fricción permanente.
Irán no ha ofrecido hasta el momento una versión pública que contradiga o confirme el relato estadounidense sobre el resultado de los bombardeos, ni ha trascendido una reacción oficial de las autoridades de Teherán a la operación, más allá de las advertencias previas sobre una respuesta «contundente» si Washington replicaba al ataque del martes.
Israel, socio estratégico de Washington y en permanente tensión con Teherán por el programa nuclear iraní y su respaldo a Hezbolá en Líbano y a Hamás en Gaza, no ha confirmado participación directa en los ataques, según la información disponible. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que habían apostado en los últimos años por una distensión con Teherán mediada por China en 2023, tampoco se han pronunciado. La Unión Europea, que defendió formalmente la vigencia del acuerdo nuclear de 2015 tras la retirada estadounidense, ha ejercido históricamente una influencia limitada sobre la escalada militar entre ambos países; ni su servicio de acción exterior ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se habían pronunciado hasta la madrugada del jueves.
El precio del petróleo es uno de los primeros indicadores que los mercados observan ante el riesgo geopolítico en la región. Por el estrecho de Ormuz, paso estratégico entre el golfo Pérsico y el mar de Omán, transita una parte sustancial del crudo mundial, por lo que cualquier medida iraní sobre ese corredor tendría un impacto inmediato en los mercados energéticos.
El marco jurídico y el papel del Congreso
El uso de la fuerza militar entre Estados está regulado por la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 51 reconoce el derecho a la legítima defensa frente a un ataque armado, mientras que el artículo 2.4 prohíbe con carácter general el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado. Washington previsiblemente invocará la legítima defensa para justificar los bombardeos, en la línea del argumento empleado tras la muerte de Soleimani en 2020, que abrió un intenso debate sobre su proporcionalidad.
En el plano interno, la Ley de Poderes de Guerra de 1973 exige que el Ejecutivo notifique al Congreso cuando despliega fuerzas armadas en un conflicto sin declaración de guerra previa. La Administración estadounidense no ha precisado si buscará una autorización específica del Legislativo para nuevas operaciones, un punto que suele generar controversia entre la Casa Blanca y el Capitolio en cada intervención militar en Oriente Próximo.
Los próximos días serán determinantes para calibrar el alcance de la crisis. La reacción de Teherán —una respuesta militar directa, la activación de milicias aliadas en Irak, Siria, Líbano o Yemen, o un repliegue hacia la vía diplomática— condicionará si el episodio queda como un pico aislado de tensión o abre una escalada sostenida. La actividad en el estrecho de Ormuz y los movimientos de la Quinta Flota estadounidense, desplegada de forma permanente en Baréin desde 1995, figuran entre los factores que marcarán la evolución del pulso.
