El lunes de los cuatro frentes: cuando la acumulación de crisis revela las fracturas estructurales de un país que se ha quedado sin margen de maniobra

La tentación, cuando se acumulan las crisis, es buscar una explicación única que las conecte todas y que permita señalar a un culpable: el Gobierno, la oposición, la geopolítica, la fatalidad. Pero esa tentación es intelectualmente perezosa y políticamente estéril. Las cuatro crisis que España afronta este lunes no tienen un origen común: la huelga médica es el resultado de un conflicto laboral que lleva gestándose desde febrero; el juicio Kitchen es la consecuencia de una operación de espionaje que se ejecutó hace una década; el caso Koldo es el producto de una trama de corrupción que se aprovechó de la emergencia pandémica; y la degradación del Pentágono es la represalia por una decisión soberana sobre el uso de las bases militares. Lo que sí tienen en común las cuatro crisis es lo que revelan: que las instituciones españolas llevan años acumulando debilidades que, en tiempos de bonanza, pasan desapercibidas pero que, en tiempos de tensión, se manifiestan con una crudeza que no admite disimulo. La sanidad pública no está en huelga porque el Estatuto Marco sea defectuoso — lo es —, sino porque lleva quince años de infracapitalización que ha convertido a los médicos en los profesionales mejor formados y peor pagados de Europa. Los juicios de Kitchen y Koldo no se celebran porque los jueces hayan sido especialmente diligentes — no lo han sido —, sino porque la arquitectura institucional de los partidos españoles carece de los mecanismos internos de control que impiden la captura del poder por intereses particulares. Y la crisis con el Pentágono no es el resultado de una decisión precipitada de Sánchez — fue meditada y jurídicamente sólida —, sino la consecuencia de que España lleva cuatro décadas delegando su seguridad en un aliado que ahora le pasa la factura cuando se atreve a disentir.

El primer frente — la huelga médica — es quizás el más doloroso porque afecta directamente a la vida y la salud de millones de ciudadanos que no tienen responsabilidad alguna en el conflicto y que hoy se encontrarán con consultas cerradas, cirugías aplazadas y urgencias saturadas. Pero sería un error culpar a los médicos que hacen huelga: son profesionales que se han formado durante más de una década para ejercer una vocación que el sistema remunera con salarios que, en el tramo inicial, no superan los treinta mil euros brutos anuales, que les obliga a turnos de treinta y seis horas seguidas, y que les niega la categoría profesional que corresponde a su titulación. La verdadera responsabilidad no es de los médicos que paran sino del sistema que los ha empujado a parar: un sistema que gasta en sanidad seis puntos y medio del PIB cuando la media europea es del siete y uno, que ha recortado plantillas durante la austeridad y no las ha recuperado durante la recuperación, y que ahora pretende reformar el Estatuto Marco sin la negociación que un cambio de esa envergadura requiere. La huelga es el termómetro de una fiebre que lleva años subiendo y que nadie ha querido bajar porque la inversión en sanidad pública no da réditos electorales inmediatos. Hoy, la fiebre es visible para todos, y la pregunta no es cuánto durará la huelga sino cuánto tiempo más puede sostenerse un sistema sanitario que pierde cada año miles de profesionales que se marchan a países donde los tratan como lo que son: la columna vertebral de una sociedad civilizada.

El segundo frente — los juicios de Kitchen y Koldo — es el que más daño hace a la calidad democrática del país porque pone ante los ciudadanos la evidencia de que los dos principales partidos políticos, los que se han alternado en el gobierno de España durante cuatro décadas, albergan en su interior estructuras de corrupción que no son accidentes puntuales sino patologías sistémicas. Kitchen juzga la utilización de la policía como instrumento de espionaje político por parte del PP. Koldo juzga la utilización de la emergencia pandémica como cobertura para el enriquecimiento privado por parte de personas vinculadas al PSOE. Ambos juicios se celebran simultáneamente en un país donde el sesenta y siete por ciento de los ciudadanos cree que los políticos no rinden cuentas ante la justicia de la misma manera que un ciudadano común. La coincidencia temporal no es casual — es el resultado de investigaciones que maduraron en paralelo — pero su efecto político es devastador: confirma la percepción de que la corrupción no es cosa de un partido sino del sistema, y erosiona la confianza ciudadana en unas instituciones que necesitan esa confianza para funcionar. No se trata de equiparar ambos casos — son cualitativamente distintos: Kitchen juzga corrupción institucional, Koldo juzga corrupción económica — sino de señalar que la capacidad de los partidos para generar estructuras de corrupción es independiente de su ideología y solo puede combatirse con mecanismos de control interno que ninguno de los dos tiene.

El tercer frente — la degradación por el Pentágono — es el más revelador de las contradicciones que subyacen a la posición de España en el mundo. El Gobierno de Sánchez tomó una decisión valiente y jurídicamente impecable: negarse a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para una guerra que considera ilegal. La decisión fue coherente con el derecho internacional, con la posición de la mayoría de los aliados europeos y con el mandato de una Constitución que somete la acción exterior al respeto de la legalidad internacional. Pero la represalia del Pentágono ha demostrado que la legalidad internacional es un concepto que protege a los poderosos y castiga a los débiles: cuando Francia dijo no a la guerra de Irak en 2003, Washington rebautizó las patatas fritas del Congreso como «freedom fries» pero no tocó la cooperación militar; cuando España dice no a la guerra de Irán en 2026, Washington la relega al área de países no confiables y le corta el acceso a inteligencia clasificada. La diferencia no es de principios sino de poder: Francia tiene armas nucleares, un ejército de proyección global y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad; España no tiene nada de eso y, por tanto, paga un precio más alto por la misma decisión. La crisis con el Pentágono obliga a España a replantearse una pregunta que lleva posponiendo desde que ingresó en la OTAN en 1982: ¿puede un país mediano mantener una política exterior basada en principios cuando carece del poder necesario para respaldar esos principios? La respuesta provisional de este lunes es que puede, pero que le sale muy caro.

El cuarto frente — la economía — es el que determina la capacidad del país para absorber los otros tres. Una sociedad con una economía fuerte puede soportar una huelga médica, unos juicios políticos y una crisis diplomática sin que su estabilidad se resienta gravemente. Pero una sociedad con una economía frágil — con una inflación al 3,4%, un petróleo a 99 dólares, un Euríbor que encarece las hipotecas y 27.700 millones de fondos europeos sin ejecutar — tiene menos margen para encajar los golpes. El Banco de España ha puesto cifras a esa fragilidad: medio punto porcentual separa el escenario base del escenario adverso, y ese medio punto son 70.000 empleos y la diferencia entre crecer y estancarse. La economía española no está en recesión — el 2,3% de crecimiento es envidiable para la mayoría de los socios europeos —, pero está en esa zona de vulnerabilidad en la que cualquier shock adicional puede desequilibrar un sistema que ya funciona al límite de sus capacidades. Y esta semana, los shocks no faltan: la huelga médica costará cientos de millones en consultas canceladas; la crisis del Pentágono ha generado una prima de riesgo geopolítico que encarece la financiación del Estado; y el cierre de Ormuz sigue bombeando inflación hacia una economía que necesita desesperadamente que los precios se moderen.

Lo que este lunes pone de manifiesto no es que España sea un país al borde del colapso — no lo es: sus instituciones, pese a sus debilidades, siguen funcionando; su economía, pese a los riesgos, sigue creciendo; su sociedad, pese a la polarización, sigue cohesionada por unos valores de convivencia que resisten los envites de la crispación —. Lo que pone de manifiesto es que la acumulación de crisis sin resolver genera una presión que no puede mantenerse indefinidamente. Cada crisis no resuelta se suma a las anteriores y multiplica sus efectos: la huelga médica es peor porque ocurre en una economía con inflación; los juicios son más dañinos porque ocurren en un sistema político ya deslegitimado; la crisis con el Pentágono es más grave porque ocurre cuando la economía necesita estabilidad geopolítica. El patrón es conocido por los teóricos de la resiliencia institucional: las instituciones no colapsan por una sola crisis sino por la acumulación de crisis menores que, individualmente, podrían absorber pero que, en conjunto, superan su capacidad de respuesta. España no ha llegado a ese punto, pero este lunes se acerca peligrosamente.

La responsabilidad de evitar que la acumulación se convierta en desbordamiento corresponde a todos los actores del sistema: al Gobierno, que debe negociar de verdad con los médicos y no con fórmulas dilatorias; a la oposición, que debe permitir que los juicios se celebren sin instrumentalizarlos como arma de desgaste permanente; a los tribunales, que deben dictar sentencias que restauren la confianza ciudadana en la justicia; a los aliados, que deben entender que la solidaridad no puede ser unilateral; y a los ciudadanos, que deben exigir a sus representantes la altura que la situación requiere sin caer en la tentación del cinismo o la indiferencia. Este editorial no propone soluciones mágicas porque no las hay: cada uno de los cuatro frentes requiere su propia solución, su propio tiempo, su propia negociación. Lo que sí propone es una mirada que vaya más allá de la coyuntura y que entienda que el verdadero problema de España no es la huelga de hoy, ni el juicio de mañana, ni el petróleo de pasado mañana, sino la incapacidad crónica de resolver los problemas estructurales antes de que se conviertan en crisis. Un país que invirtiera en sanidad no tendría médicos en huelga. Un país cuyos partidos tuvieran controles internos eficaces no tendría exministros en el banquillo. Un país con una política de defensa autónoma no dependería de la benevolencia de Washington. Un país con una transición energética completada no temblaría cada vez que se cierra un estrecho a ocho mil kilómetros de sus costas. Ese país no es el de hoy, pero debería ser el de mañana. Y la pregunta que este lunes de cuatro frentes plantea a todos los españoles es si estamos dispuestos a construirlo o si preferimos seguir apagando fuegos mientras la casa se consume.

La prueba de resistencia institucional que hoy afronta España no tiene fecha de caducidad. Algunos de los cuatro frentes se resolverán en días — la huelga médica puede desconvocarse si hay negociación —, otros en semanas — los juicios dictarán sentencia en el plazo que determine la deliberación —, otros en meses — la crisis con el Pentágono depende de la evolución del conflicto con Irán — y otros quizás nunca se resuelvan del todo — la vulnerabilidad económica es estructural y solo se mitiga con décadas de inversión sostenida —. Pero lo que sí tiene fecha es la capacidad del Gobierno para gestionar los cuatro frentes simultáneamente sin que ninguno de ellos se le escape de las manos. Esa capacidad se medirá esta semana, la próxima y la siguiente, en un ciclo de presión acumulativa que solo se aliviará si al menos uno de los frentes se cierra. El Gobierno de Sánchez ha demostrado en otras ocasiones una capacidad de supervivencia política que sus críticos subestiman y que sus aliados temen, pero nunca se ha enfrentado a una confluencia de crisis como la de este lunes. El lunes de los cuatro frentes será recordado como el día en que España descubrió que no tenía margen de maniobra, o como el día en que demostró que, incluso sin margen, las instituciones democráticas pueden funcionar cuando se les exige lo máximo. El resultado depende de decisiones que se tomarán en las próximas horas, y esas decisiones merecen la atención, la exigencia y la vigilancia de todos los ciudadanos.