De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los dos uniformados habrían intimidado al ciudadano con hacer efectiva una captura relacionada con su presunta participación en el delito de receptación, condicionando la actuación policial al pago del dinero exigido. La investigación no precisa si el pago se concretó en su totalidad, aunque describe los pasos que, según los investigadores, habrían tomado los procesados para encubrir el episodio.
Tras recibir el dinero, según la Fiscalía, los policías habrían elaborado documentos oficiales con información falsa para sostener una versión distinta sobre un vehículo vinculado a la investigación original. En esos documentos se habría consignado que el automotor fue hallado abandonado, cuando en realidad había sido retenido previamente el 3 de mayo de 2025, dato que habría quedado excluido del registro oficial.
Un fiscal de la Seccional Cali formuló imputación contra Mosquera Rentería y Castro Reina por los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público. La concusión, tipificada en el Código Penal colombiano, sanciona al servidor público que abusa de su cargo para constreñir o inducir a alguien a dar o prometer dinero u otra utilidad indebida; la falsedad ideológica castiga la consignación de hechos falsos en un documento destinado a surtir efectos probatorios.
Ambos uniformados tienen por ahora la calidad de procesados dentro de la actuación penal y deberán responder ante la justicia por los cargos imputados. La medida de aseguramiento en centro carcelario es de carácter cautelar y responde a la valoración de riesgo de fuga u obstrucción, sin que implique un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal, que solo podrá establecerse al final del proceso.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) adelantó las gestiones investigativas que permitieron la captura de los dos uniformados en la estación Los Mangos, un punto de atención al ciudadano en Cali. El caso se suma a los procesos que distintas seccionales de la Fiscalía han abierto contra miembros de la fuerza pública por presuntos actos de corrupción vinculados al ejercicio de funciones de captura y custodia.
El escrutinio sobre la conducta de uniformados en funciones oficiales atraviesa también otras instancias: la Procuraduría frenó recientemente el juicio disciplinario contra el excoronel edecán de Gustavo Petro, un proceso de naturaleza distinta pero que ilustra los caminos disciplinarios y penales que corren en paralelo frente a servidores de la fuerza pública.
La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias exactas en que habrían ocurrido los hechos y determinar el grado de responsabilidad individual de cada procesado. El expediente permanece en etapa de instrucción tras la audiencia de imputación surtida ante el juez de control de garantías de Cali, sin que se haya conocido un escrito de acusación formal contra los dos uniformados.
