El expediente se remonta al 13 de mayo, durante la conmemoración de la Segunda División del Ejército Nacional en las instalaciones de la Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga. Según la denuncia de la oficial afectada, el entonces mayor Rodríguez Lemus se subió a su vehículo en aparente estado de embriaguez, por lo que ella lo trasladó, "por cortesía", hacia el casino de oficiales de la unidad. En el trayecto, el oficial le hizo comentarios de connotación sexual e intentó tocarla sin su consentimiento.
La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública había calificado inicialmente la conducta como un caso de abuso de una relación de poder de orden vertical, es decir, de superior jerárquico frente a subalterna. Ese calificativo es el que ahora se pone en duda, porque la mayor denunciante no hacía parte de la línea de mando del entonces mayor Rodríguez Lemus ni recibía órdenes directas de él.
"Declarar que este despacho ha advertido la necesidad de variar el cargo único formulado al disciplinado Sammy Ernesto Rodríguez en su calidad de Oficial del Ejército Nacional de Colombia, en grado de mayor, por error de calificación", señala el documento conocido por la revista Semana.
El mismo escrito fija el fundamento jurídico del giro: sin subordinación no cabe hablar de abuso de poder superior.
"En criterio de este despacho, se incurre por parte de la autoridad disciplinaria en instrucción en un error que da al traste con la imputación jurídica, en la medida en que la situación fáctica descarta la manifestación de relaciones de poder de orden vertical", enfatiza el auto.
Malestar en las Fuerzas Militares por la devolución
La decisión de devolver el expediente para su reformulación generó indignación al interior de las Fuerzas Militares. Varios uniformados consultados por Semana advirtieron que, en la mayoría de este tipo de procesos, los presuntos acosadores no pertenecen a la misma unidad ni ejercen mando directo sobre las víctimas, aunque por jerarquía e influencia estas terminan rindiendo cuentas frente a ellos. El temor, señalan, es que un revés en este caso desincentive futuras denuncias por miedo a represalias.
El episodio adquirió notoriedad adicional porque, según la denuncia inicial, el entonces mayor Rodríguez Lemus le recordó a la mayor afectada que "yo trabajo con Petro" luego de que ella lo reportara ante un grupo de soldados presentes en la Quinta Brigada, minutos después de ocurridos los hechos. El proceso ha acumulado, además, varias dilaciones atribuidas al ahora coronel, que la revista vinculó con su interés en no perjudicar su ascenso.
El caso se enmarca en la creciente visibilización de las denuncias de acoso al interior de la fuerza pública, una materia sobre la que la Procuraduría ejerce el poder disciplinario preferente frente a los funcionarios del Estado. Las decisiones de este órgano de control ya han tocado a mandos militares de alto perfil: en 2016 la propia entidad sancionó al general (r) Jaime Uscátegui por la masacre de Mapiripán de 1997, uno de los precedentes que muestran el alcance de la vía disciplinaria sobre uniformados.
Mientras el expediente permanece en revisión, el Ejército Nacional trasladó al coronel Rodríguez Lemus a la Brigada 16 en Yopal, Casanare, donde asumió el cargo de oficial de logística (B4), dependencia encargada de manejar el presupuesto y la repartición de partidas en esa unidad militar. La Procuraduría Delegada ante las Fuerzas Militares deberá corregir la calificación del cargo antes de que el proceso pueda avanzar hacia la etapa de juicio disciplinario.
