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Dimite la ministra francesa de Transición Ecológica por la ley que reintroduce dos pesticidas

Monique Barbut deja el Gobierno de Lecornu tras la aprobación definitiva de la norma agrícola, que autoriza excepciones para el acetamiprid y la flupyradifurona

Por Redacción de El Hemiciclo·
4 min de lectura
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La ministra francesa de Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima, Monique Barbut, presentó este martes su dimisión tras la aprobación definitiva en el Senado de la ley agrícola de emergencia. La norma, impulsada por el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, permite que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) autorice de forma excepcional el uso de dos pesticidas hoy prohibidos en Francia.

El entorno de Barbut, economista y diplomática de 69 años, ya había filtrado a la prensa francesa que la ministra abandonaría el cargo si la ley salía adelante. Su renuncia, formalizada este martes en la antesala de la reunión semanal del Consejo de Ministros, confirma ese aviso y se convierte en la primera baja de peso en el equipo de Lecornu por una discrepancia de fondo sobre política medioambiental.

Qué habilita la ley aprobada

El texto, calificado por el Ejecutivo como ley agrícola de emergencia, habilita a la Anses para autorizar, bajo criterios estrictos y con carácter excepcional, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona en un número limitado de producciones agrícolas que atraviesan dificultades económicas. Ambas están prohibidas en Francia pero admitidas en el resto de la Unión Europea, una asimetría que el sector agrario galo denunciaba como desventaja competitiva frente a productores de otros Estados miembros donde su uso sigue permitido bajo la regulación comunitaria de fitosanitarios.

Lecornu defendió la medida por la mañana, horas antes de conocerse la dimisión de Barbut, y pidió no instrumentalizar políticamente la ley. El primer ministro incidió en que la norma no se podía reducir a un solo artículo y aseguró que la reintroducción de los pesticidas afectaría únicamente al cultivo de avellanas y tendría una duración restringida. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, se situó entre los principales valedores del texto, apoyándose en la necesidad de dar respuesta a las necesidades del sector agrario francés.

Una tramitación tensa en las dos cámaras

La Asamblea Nacional, cámara baja del Parlamento francés, aprobó el texto en la madrugada del lunes al martes por 296 votos a favor y 224 en contra, en una votación que evidenció fracturas dentro de la propia mayoría que sostiene al Gobierno macronista. El debate estuvo marcado por la amenaza de la oposición de izquierdas de recurrir la norma ante el Consejo Constitucional, el órgano encargado en Francia de verificar la conformidad de las leyes con la Constitución antes de su promulgación, con una función equiparable a la del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español.

El Senado, de mayoría conservadora, ratificó la aprobación definitiva esta misma tarde por 214 votos a favor y 111 en contra, cerrando el trámite legislativo y allanando el camino hacia la promulgación, salvo que el Consejo Constitucional admita el recurso anunciado por la izquierda y suspenda o modifique el texto.

Un Gobierno sostenido con alfileres

La renuncia de Barbut llega en un momento de extrema fragilidad para el Ejecutivo de Lecornu, que no dispone de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y depende de acuerdos puntuales para sacar adelante sus iniciativas. Una moción de censura presentada por una parte de la izquierda contra el Gobierno había fracasado recientemente, lo que permitió a Lecornu mantenerse en el cargo; la salida de una ministra por motivos de fondo vuelve a exponer las costuras de una coalición precaria.

La política francesa ofrece un precedente próximo: Nicolas Hulot dimitió como ministro de Transición Ecológica en 2018, durante el mandato de Emmanuel Macron, alegando la falta de avances reales en materia ambiental. Aquella renuncia también fue leída como síntoma de la tensión entre el ala ecologista y los sectores más pragmáticos del Ejecutivo, un conflicto que la salida de Barbut vuelve a poner sobre la mesa.

El perfil de la ministra dimisionaria

Barbut fue nombrada en octubre de 2025 en sustitución de Agnès Pannier-Runacher, y llegaba al cargo con una dilatada trayectoria en diplomacia climática. Ejerció como secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación entre 2013 y 2019, y dirigió el Fondo para el Medio Ambiente Mundial entre 2006 y 2012. Su currículo incluye responsabilidades en el Pnuma y en la Agencia Francesa de Desarrollo, la presidencia de WWF Francia entre 2021 y 2023, y misiones como enviada especial francesa para el clima y la biodiversidad.

Ese perfil eminentemente técnico y ambiental convertía a Barbut en una de las voces del Gobierno más identificadas con la agenda de reducción de pesticidas y protección de la biodiversidad, lo que ayuda a entender que la reintroducción de las dos sustancias —aunque excepcional y limitada, según el propio Lecornu— resultara para ella una línea roja infranqueable.

Las posiciones enfrentadas

Los defensores de la ley, con Genevard a la cabeza, sostienen que la medida responde a una demanda concreta del sector agrario, especialmente de productores que compiten en desventaja frente a explotaciones de otros países comunitarios donde el acetamiprid y la flupyradifurona sí están autorizados. La oposición de izquierdas, por su parte, había anticipado que llevaría el proyecto ante el Consejo Constitucional, al considerar que la excepción abre la puerta a una relajación de las restricciones fitosanitarias francesas.

Los próximos hitos

El foco se traslada al Consejo Constitucional, que deberá resolver si admite el recurso anunciado por la oposición de izquierdas y, en su caso, si declara inconstitucional total o parcialmente la ley antes de su promulgación. En paralelo, Lecornu tendrá que cubrir la vacante en la cartera de Transición Ecológica en un contexto de Gobierno debilitado, mientras el sector agrario y las organizaciones ambientales mantienen la presión, en sentidos opuestos, sobre el alcance y la duración de la excepción aprobada.

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