El giro es notable si se atiende a la cronología de las últimas horas. Por la mañana del lunes, Kravchenko había declarado ante la prensa que «nunca» se aferraría al puesto, pero que todavía no había tomado ninguna decisión sobre una posible dimisión, y que cualquier cese dependía en última instancia del presidente Zelenski o de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano. Horas después, sin embargo, anunció por escrito que había presentado su renuncia, en un mensaje en el que insistió en el carácter «consciente» y «político» de la medida. «He presentado mi dimisión del cargo de fiscal general», arrancaba el comunicado, en el que también reivindicó el trabajo de sus colaboradores «que realizan su trabajo con honestidad» y «documentan los crímenes rusos».
En su comunicado, Kravchenko quiso separar su decisión de cualquier reconocimiento de responsabilidad penal. «Mi postura respecto a los cargos sigue siendo la misma», remachó, rechazando de forma explícita «la acusación de haber estado involucrado en la recepción de fondos de centros de llamadas ilegales». Insistió en que no desea que el cargo de fiscal general «se utilice como herramienta de confrontación política», una fórmula con la que enmarcó su marcha como respuesta a la presión institucional y no como una admisión de culpa. «Les pido que acepten mi dimisión», concluyó, en referencia al presidente y a la Rada.
De la operación 'Cartago' al subdirector en prisión preventiva
El trasfondo de la dimisión es la operación 'Cartago', que la SAPO y la NABU hicieron pública el pasado viernes 4 de septiembre. Según las pesquisas de estas dos autoridades anticorrupción ucranianas, la organización investigada estaría encabezada por el responsable de una de las divisiones de la Fiscalía General y habría recibido pagos ilegales de forma continuada procedentes de centros de llamadas dedicados al fraude telefónico, además de encargarse del blanqueo de esos fondos. De acuerdo con la investigación, la trama se habría puesto en marcha a mediados de 2025, con la implicación de varios fiscales en activo y otros colaboradores dentro de la propia institución.
El grupo investigado habría recurrido a métodos de presión y extorsión para permitir que los centros de llamadas operaran sin trabas de las autoridades, en una estafa que, según la NABU, afectó a gran escala tanto a ciudadanos ucranianos como a víctimas extranjeras. El episodio judicial más concreto hasta la fecha se produjo el 6 de septiembre, cuando el Tribunal Supremo de Ucrania decretó prisión preventiva bajo una fianza de 120 millones de grivnas —unos 2,32 millones de euros al cambio— para Serhi Kropiva, subdirector del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General, investigado por presuntamente encubrir las actividades de los centros de llamadas ilegales objeto de la operación.
La prisión preventiva es una medida cautelar orientada a evitar el riesgo de fuga u obstrucción de la investigación, no una declaración de culpabilidad: Kropiva continúa amparado por la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme. Horas después de conocerse esa decisión judicial, Kravchenko compareció para desvincularse de las sospechas y aseguró no tener «ningún vínculo» con el encubrimiento de los centros de llamadas. Como respuesta inmediata, anunció que había apartado de sus funciones a un empleado de la Fiscalía implicado en la causa abierta por la NABU y que había ordenado preparar la resolución para su despido.
Kravchenko dispuso además una revisión interna de varios departamentos relacionados con el caso y la realización de pruebas de polígrafo a todo el personal adscrito a las unidades afectadas por la operación. Esas medidas, adoptadas apenas 24 horas antes de su renuncia, buscaban proyectar una imagen de colaboración con la investigación, pese a que él mismo terminó abandonando el cargo desde el que las había ordenado.
La tensión de fondo entre el Ejecutivo y los órganos anticorrupción
El cargo de fiscal general ucraniano combina la dirección de la acusación pública con un papel institucional de primer orden en la lucha contra la corrupción, un ámbito que Bruselas ha señalado de forma reiterada como condición ineludible para avanzar en las negociaciones de ingreso de Ucrania en la Unión Europea. La arquitectura anticorrupción del país —con la NABU como órgano de investigación independiente y la SAPO como fiscalía especializada, ambas creadas tras la revolución de Maidán de 2014 bajo presión de organismos internacionales— ha protagonizado varios episodios de fricción con el poder ejecutivo desde su nacimiento.
El precedente más reciente se remonta a julio de 2025, cuando el propio Zelenski promovió una reforma legislativa que recortaba la autonomía de la NABU y la SAPO, alegando la necesidad de coordinar mejor las pesquisas con los servicios de seguridad. La iniciativa provocó protestas ciudadanas en Kiev y una reacción crítica de la Comisión Europea, lo que llevó al presidente a retirar la norma en cuestión de días. El episodio de Kravchenko se inscribe en esa misma tensión estructural entre el Gobierno y los organismos anticorrupción independientes que Bruselas vigila como termómetro del compromiso de Kiev con el Estado de derecho.
La independencia efectiva de la NABU y la SAPO, así como la ausencia de injerencias políticas en los casos de corrupción de alto nivel, figuran entre los indicadores centrales del capítulo de Justicia dentro del proceso de negociación de adhesión. Cualquier episodio que afecte a la cúpula de la Fiscalía General en mitad de una investigación activa es observado con atención tanto por las instituciones europeas como por los socios internacionales que sostienen financiera y militarmente al país desde la invasión rusa de febrero de 2022.
La renuncia de Kravchenko deja ahora en manos de Zelenski y de la Rada Suprema la decisión sobre su sucesión al frente de la Fiscalía General, un nombramiento que en Ucrania requiere la propuesta del presidente y la ratificación parlamentaria. No consta todavía un calendario oficial para ese proceso, aunque la magnitud de la operación 'Cartago' —con fiscales en activo bajo sospecha y un alto cargo ya en prisión preventiva— hace previsible que el nuevo titular deba asumir de inmediato la supervisión de una causa que afecta a la credibilidad interna de la institución que dirigirá.
Las investigaciones de la NABU y la SAPO continúan abiertas, y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance la instrucción sobre el entramado de sobornos y blanqueo vinculado a los centros de llamadas fraudulentos. El desenlace judicial de la causa contra Kropiva y contra el resto de investigados, así como el eventual esclarecimiento del papel de la cúpula de la Fiscalía, marcarán en las próximas semanas el pulso entre el Gobierno ucraniano y los organismos anticorrupción independientes.
