La declaración de visto para sentencia del caso Koldo, pronunciada por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a las 18:47 del jueves 7 de mayo tras catorce jornadas de juicio oral que han mantenido al país en vilo durante tres semanas, es el acontecimiento judicial y político de mayor envergadura de la legislatura y sus ondas expansivas se sienten ya en todos los rincones del ecosistema parlamentario. El Supremo tiene ahora un plazo legal de diez días para dictar sentencia, aunque los precedentes de causas de esta complejidad —487 páginas de documentación, 34 testigos, 12 peritos y más de 80 horas de grabaciones telefónicas admitidas como prueba— sugieren que el fallo podría demorarse entre tres y cuatro semanas. Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico sitúan la fecha más probable de publicación del fallo entre finales de mayo y la primera quincena de junio, lo que significa que la sentencia caerá necesariamente después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo pero posiblemente antes del congreso federal extraordinario del PSOE previsto para julio. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido 24 años de prisión para José Luis Ábalos por cohecho, prevaricación, malversación y tráfico de influencias; 19 años y medio para Koldo García por los mismos delitos salvo prevaricación; y 7 años para Víctor de Aldama por cohecho impropio y blanqueo de capitales. La deliberación será secreta, pero las fuentes que han seguido el juicio desde la tribuna de prensa coinciden en que el ponente, el magistrado Antonio del Moral, ha mostrado durante las sesiones una actitud especialmente incisiva en las preguntas dirigidas a Ábalos, lo que algunos letrados interpretan como un indicio de que al menos parte del tribunal considera probado el núcleo de la acusación.
El cierre del juicio oral protagonizado por José Luis Ábalos el jueves por la tarde fue un ejercicio de oratoria desesperada que los cronistas parlamentarios veteranos comparan con los momentos más tensos que ha vivido la democracia española en sede judicial. Ábalos, que llevaba tres semanas contenido por el consejo de sus abogados, rompió el guion pactado con su defensa y protagonizó una intervención de 47 minutos en la que atacó sucesivamente al fiscal Luzón por «construir un relato novelesco sin pruebas documentales sólidas», al juez instructor por «filtrar deliberadamente información a los medios durante la fase de instrucción», a Víctor de Aldama por «ser un delincuente confeso que ha comprado su libertad a cambio de mentiras», y a la prensa por «participar en un linchamiento mediático sin precedentes contra un servidor público». El momento más dramático se produjo cuando el fiscal, en su turno de réplica, le recordó que la UCO había documentado transferencias por valor de 890.000 euros desde cuentas vinculadas a Koldo García hacia una sociedad instrumental en Liechtenstein cuyo beneficiario último era, según la acusación, el propio Ábalos. El exministro se levantó de su asiento, se quitó las gafas y exclamó con voz temblorosa: «¡Diez mil euros! ¡Eso es lo que dice la acusación que cobré! ¡Diez mil euros! ¡Qué barato soy! ¡Un ministro del Gobierno de España vendido por diez mil euros!». La sala se quedó en silencio durante varios segundos antes de que el presidente Marín Castán pidiera al acusado que se sentara y mantuviera la compostura.
Las implicaciones parlamentarias de la sentencia del caso Koldo son tan profundas que ningún grupo político se atreve todavía a trazar una estrategia completa para el escenario post-fallo. Si el Supremo condena a Ábalos, el PP tiene preparada desde hace semanas una batería de iniciativas que incluyen una proposición no de ley exigiendo la dimisión de todos los altos cargos que fueron nombrados por el exministro durante su etapa en el Gobierno, una comisión de investigación ampliada sobre las relaciones entre Ábalos y las empresas beneficiarias de contratos públicos durante la pandemia, y una moción de censura que Feijóo mantiene como opción nuclear pero que solo activaría si la sentencia condenatoria es de tal contundencia que provoque fisuras internas en el bloque que sostiene al Gobierno. Si el Supremo absuelve, el escenario es igualmente complejo pero por razones inversas: el PSOE intentará capitalizar la absolución como una vindicación que invalida toda la narrativa de la corrupción, mientras que el PP se verá obligado a modular su discurso para no parecer que cuestiona la independencia del poder judicial que tanto ha defendido en otros contextos. La incertidumbre es total, y esa incertidumbre se traduce en una parálisis legislativa que lleva semanas manifestándose en la Cámara: desde la ruptura de Junts, el Gobierno no ha conseguido aprobar ni un solo decreto social, ni una ley orgánica, ni siquiera una proposición no de ley de las que suelen pactarse en comisión como moneda de cambio entre grupos.
Francina Armengol, la presidenta del Congreso, vive atrapada en el fuego cruzado de una legislatura que ha convertido su cargo en uno de los más incómodos del panorama institucional español. El PP lleva meses intensificando la presión sobre Armengol con un doble objetivo: cuestionar su imparcialidad como presidenta de la Cámara y desgastarla personalmente como figura del PSOE balear en un momento en el que el partido socialista afronta su peor crisis interna desde la moción de censura de 2016. La última ofensiva se produjo el miércoles, cuando el portavoz del PP en la Mesa del Congreso, Juan Bravo, acusó formalmente a Armengol de haber retrasado la calificación de tres iniciativas del PP relacionadas con el caso Koldo argumentando defectos formales que, según Bravo, «no existen en el reglamento y son una excusa para proteger al Gobierno». Armengol respondió con un comunicado institucional en el que defendía la neutralidad de la Mesa y recordaba que todas las decisiones de calificación se adoptan por mayoría de sus miembros, pero la acusación ha calado en el relato mediático y ha proporcionado al PP un filón de desgaste que seguirá explotando en las próximas semanas. Las fuentes del PSOE consultadas por este periódico reconocen que Armengol está «agotada y frustrada» por una situación en la que cualquier decisión administrativa de la Mesa se interpreta en clave partidista, pero descartan su dimisión porque consideran que sería interpretada como una admisión de parcialidad que dañaría al partido más que mantenerla en el cargo.
El acto del Día de Europa protagonizado por Feijóo en Ceuta junto a Dolors Montserrat, comisaria europea de Competencia y antigua ministra de Sanidad, constituye el evento político de mayor carga simbólica de la jornada. La elección de Ceuta como sede del acto no es casual: la ciudad autónoma, que celebra mañana domingo 10 de mayo su fiesta de la Virgen de África, es un enclave donde la retórica europeísta se cruza con la realidad fronteriza de forma particularmente intensa, y donde el PP gobierna con mayoría absoluta gracias al presidente Juan Jesús Vivas, que acumula 25 años en el cargo. Feijóo tiene previsto pronunciar un discurso a las 12:30 en el Palacio de la Asamblea en el que, según las fuentes de la dirección del PP consultadas, combinará la celebración del aniversario de la Declaración Schuman con una denuncia de lo que el partido considera la «dejación del Gobierno en la defensa de las fronteras exteriores de la UE» y una referencia explícita a los guardias civiles muertos en Huelva como ejemplo del «sacrificio de quienes protegen España y Europa con su vida». Montserrat intervendrá después para trasladar el mensaje de que la política comercial de la UE debe ser firme frente a las amenazas arancelarias de Trump pero sin caer en la espiral proteccionista que perjudicaría a las exportaciones españolas, especialmente al sector automovilístico que ya acusa el impacto de los aranceles del 25% impuestos la semana pasada.
La suspensión de la campaña andaluza del 17-M como consecuencia del luto por los guardias civiles de Huelva introduce un factor de incertidumbre adicional en un tablero parlamentario que ya estaba al límite de la complejidad. Las elecciones andaluzas no son, estrictamente hablando, un asunto parlamentario estatal, pero su resultado tendrá consecuencias directas sobre la correlación de fuerzas en el Senado —donde el PP ya tiene mayoría absoluta— y sobre la moral interna de ambos grandes partidos en un momento crítico. Juanma Moreno parte como claro favorito según todas las encuestas publicadas, con una horquilla de 51 a 59 escaños que le sitúa al filo de la mayoría absoluta (55), y los estrategas del PP consideran que una victoria amplia en Andalucía proporcionaría a Feijóo el impulso necesario para intensificar la presión sobre el Gobierno en el tramo final de la legislatura. Para el PSOE, por el contrario, un mal resultado en Andalucía —la comunidad autónoma donde el partido socialista gobernó sin interrupción durante 36 años hasta 2018— sería un golpe que agravaría la crisis interna detonada por la ejecutiva federal del pasado jueves y que podría acelerar los plazos del congreso extraordinario que el bloque crítico reclama para julio. La suspensión de la campaña perjudica objetivamente más a Montero que a Moreno, como ya han señalado varios analistas, porque la candidata socialista necesitaba el fin de semana para consolidar la remontada que sus encuestas internas detectaron tras el debate del martes en Canal Sur.
El silencio del hemiciclo es, paradójicamente, el sonido que mejor define la legislatura en este momento. El Congreso no ha celebrado un pleno con votación sustantiva desde hace cuatro semanas, la agenda legislativa está congelada porque el Gobierno no tiene garantías de mayoría para ninguna iniciativa significativa, y la única actividad parlamentaria relevante de las últimas jornadas ha sido la comisión de investigación sobre la SEPI que se reunió el martes con un formato de preguntas cruzadas que acabó derivando en un enfrentamiento personal entre el portavoz de Vox y la secretaria de Estado de Economía. Las comisiones ordinarias funcionan a medio gas, los grupos minoritarios se quejan de que sus iniciativas se acumulan en la Mesa sin ser calificadas, y los diputados del PSOE reconocen en privado que la parálisis legislativa es insostenible y que el partido necesita encontrar una salida —ya sea la renovación de la coalición con nuevos socios, la convocatoria de elecciones anticipadas o un acuerdo de gobernabilidad con el PP sobre materias de Estado— antes de que la legislatura muera de inanición parlamentaria. El problema es que ninguna de esas opciones es viable a corto plazo: la renovación de la coalición exige un interlocutor que Junts ya no quiere ser, las elecciones anticipadas solo beneficiarían al PP según todas las demoscopia, y el acuerdo de gobernabilidad con el PP requiere un cambio de liderazgo en Moncloa que Sánchez no está dispuesto a asumir.
En los pasillos del Congreso, donde los ujieres de guardia preparan los salones para los actos institucionales del Día de Europa que se celebrarán al mediodía, el ambiente tiene esa calidad particular del silencio cargado de expectativa que precede a los grandes terremotos políticos. Los diputados que han pasado por sus despachos esta mañana de sábado —una docena, según los registros de entrada— lo han hecho para gestionar las crisis en sus circunscripciones: los andaluces para coordinar los mensajes de pésame, los canarios para informarse sobre el Hondius, los catalanes para recabar datos sobre el segundo contacto de hantavirus en Barcelona, los madrileños para preparar los actos del Día de Europa. Nadie habla de legislar. Nadie habla de presupuestos. Nadie habla de reformas. Lo que se discute en voz baja, entre café y café, es cuándo caerá la sentencia del Koldo, si Sánchez aguantará hasta julio o convocará antes, si Moreno sacará la absoluta el 17-M, si el Hondius traerá al país una crisis sanitaria que relegue todo lo demás a un segundo plano. El Día de Europa, la celebración del proyecto de paz y prosperidad más ambicioso de la historia del continente, se celebra en España con la mirada puesta no en Schuman sino en el Supremo, no en Bruselas sino en Huelva, no en el futuro de la integración europea sino en el futuro inmediato de una legislatura que camina sobre arenas movedizas.
La agenda parlamentaria de la próxima semana, si la tragedia de Huelva y la llegada del Hondius lo permiten, incluye la reanudación de la comisión del caso Kitchen el miércoles 14 de mayo —adelantada tres días por la cirugía urgente comunicada por Villarejo para el domingo 11— y una sesión de control al Gobierno el miércoles en la que el PP tiene previsto centrar todas sus preguntas en la seguridad marítima y la lucha contra el narcotráfico. Feijóo ha encargado a su equipo parlamentario la redacción de una proposición no de ley que exija al Gobierno la presentación en un plazo de 60 días de un plan integral de refuerzo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil dotado con un presupuesto mínimo de 200 millones de euros anuales, la adquisición inmediata de doce lanchas rápidas de última generación, y la creación de un centro de mando conjunto Guardia Civil-Armada para las operaciones de interceptación nocturna en el corredor atlántico. Las fuentes del PP anticipan que la proposición no de ley será registrada el lunes a primera hora y que, dada la situación de duelo, esperan que el Gobierno la apoye o, al menos, se abstenga. La próxima semana será, en suma, una de esas semanas bisagra que pueden definir el resto de la legislatura: la sentencia del Koldo pendiente, el Hondius en aguas españolas, la campaña del 17-M retomándose entre lágrimas, y un Parlamento que necesita urgentemente volver a funcionar como lo que se supone que es: el lugar donde se debaten y resuelven los problemas del país.
