Japón arrastra desde hace décadas uno de los niveles de endeudamiento público más elevados del mundo desarrollado. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública nipona ronda el 260% del PIB, muy por encima del umbral del 60% del Tratado de Maastricht que sirve de referencia de sostenibilidad a los socios de la eurozona y varias veces superior a la media de la OCDE. Esa cifra convive, sin embargo, con una particularidad que ha permitido a Tokio sortear crisis de confianza durante años: la mayor parte de la deuda está en manos de inversores domésticos —bancos, aseguradoras y el propio Banco de Japón—, lo que reduce su exposición a fugas de capital extranjero.
El análisis sostiene que ese colchón interno empieza a mostrar grietas. El envejecimiento acelerado de la población japonesa reduce la base de ahorradores dispuestos a financiar al Estado, mientras el Banco de Japón ha iniciado un proceso gradual de normalización de tipos de interés tras años de política ultralaxa de tipos próximos a cero, lo que encarece el servicio de la deuda. Un repunte sostenido de los tipos soberanos japoneses, según ese análisis, tensionaría unas cuentas públicas que hasta ahora se sostenían gracias al bajísimo coste de financiación.
La preocupación no es solo doméstica. Japón es una de las mayores economías del mundo por PIB nominal y uno de los principales tenedores extranjeros de deuda estadounidense, con más de un billón de dólares en bonos del Tesoro de EEUU según el Departamento del Tesoro norteamericano. Una eventual repatriación de capital japonés para atender necesidades internas de financiación podría presionar al alza los tipos de interés en Estados Unidos y, por extensión, en los mercados globales de deuda, incluidos los de la zona euro.
El precedente más citado es la crisis de deuda soberana europea de 2010-2012, cuando la desconfianza sobre la sostenibilidad fiscal de Grecia, Irlanda, Portugal y España desató un contagio que obligó al Banco Central Europeo a intervenir. Aquel episodio, resuelto en parte con la promesa del entonces presidente del BCE, Mario Draghi, de hacer «lo que sea necesario» y con el programa de compras OMT, demostró que la percepción de riesgo sobre un emisor soberano puede propagarse con rapidez a otros mercados conectados financieramente, incluso sin fundamentos macroeconómicos idénticos.
Del Estrecho al surtidor
En paralelo, el análisis pone el foco en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo entre Irán y la península arábiga por el que transita, según la Agencia Internacional de la Energía, alrededor de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo. Cualquier alteración en la seguridad de esa ruta —por tensiones militares, sabotajes o incidentes con buques— repercute de inmediato en el precio del crudo y, con él, en la inflación energética de economías importadoras como la española. Según el análisis, algunas compañías navieras habrían empezado a ofrecer compensaciones extraordinarias, equivalentes a hasta seis meses de salario, a los marinos que acepten faenar en petroleros con origen o destino en el golfo Pérsico, ante el riesgo percibido de incidentes.
De confirmarse en toda su magnitud, esa prima de riesgo reflejaría un encarecimiento de los seguros marítimos y de los costes operativos que terminaría trasladándose al precio final del barril. El estrecho de Ormuz ha sido históricamente un punto de fricción geopolítica: desde la Revolución iraní de 1979 y la guerra Irán-Irak (1980-1988) —que incluyó la llamada guerra de los petroleros— hasta los incidentes con buques atribuidos a Irán en 2019. Teherán ha amenazado en varias ocasiones con cerrar el paso en respuesta a sanciones internacionales, aunque nunca ha materializado un bloqueo total, consciente de que también depende de esa vía para sus propias exportaciones.
La Unión Europea, que importa por vía marítima la mayor parte de su petróleo y gas natural licuado según Eurostat, no es ajena a estas dinámicas. Una escalada en Ormuz elevaría los costes de importación energética en un momento en que Bruselas gestiona la diversificación de suministradores tras la reducción de las compras de gas ruso desde 2022. España, con una dependencia energética exterior históricamente superior al 70%, según el Ministerio para la Transición Ecológica, no quedaría al margen de un repunte de precios del crudo derivado de tensiones en esa ruta.
Las agencias de calificación crediticia mantienen la deuda japonesa en niveles de inversión pese al elevado ratio de endeudamiento, apoyándose precisamente en la fortaleza de la demanda doméstica y en la credibilidad institucional del Banco de Japón. Distintos informes han incluido, no obstante, la advertencia de que Tokio debería acometer reformas fiscales estructurales para evitar una revisión a la baja de su calificación en el medio plazo. El Gobierno japonés ha reiterado en comparecencias públicas su compromiso con la disciplina presupuestaria, aunque sin concretar un calendario de consolidación fiscal que despeje las dudas de todos los analistas, mientras voces en el propio Parlamento reclaman mayor transparencia sobre el impacto de una subida de tipos en el coste del servicio de la deuda.
Sobre Ormuz, ni las autoridades iraníes ni las navieras han confirmado oficialmente las cifras de compensaciones salariales extraordinarias, por lo que ese dato figura en condicional a la espera de contraste. Organismos como la Organización Marítima Internacional monitorizan de forma constante los incidentes en rutas de alto riesgo y publican alertas periódicas para las navieras que operan en la zona.
El trasfondo de ambos casos es la interdependencia de un sistema financiero y energético global donde los desequilibrios de una economía o la inestabilidad en una ruta comercial pueden propagarse con rapidez. La crisis financiera de 2008, originada en el mercado hipotecario estadounidense y que terminó afectando a bancos europeos y asiáticos, se cita a menudo como recordatorio de que ningún riesgo, por lejano que parezca, es completamente ajeno.
De cara a los próximos meses, los indicadores a vigilar serán la evolución de la rentabilidad de los bonos soberanos japoneses a diez años, las decisiones del Banco de Japón sobre tipos de interés y cualquier incidente naval o declaración oficial relativa a la seguridad en el estrecho de Ormuz. También será relevante el seguimiento de organismos como el FMI o el BCE, cuyos informes periódicos de estabilidad financiera podrían incorporar referencias explícitas a estos riesgos globales.
