La doble ceguera atlántica sobre cinco siglos de presencia española
El desconocimiento de la huella histórica de España en el actual territorio de Estados Unidos no es un déficit exclusivo de la sociedad norteamericana: impregna con igual profundidad a la española. El diagnóstico invierte la lógica habitual de los debates sobre memoria compartida, en los que suele ser el país receptor el que ignora la aportación del otro. Aquí, el propio emisor —España— mantiene un grado de desconocimiento similar sobre su propia herencia proyectada al exterior, lo que convierte el problema en estructural y bilateral.
La presencia española en lo que hoy es territorio estadounidense precede en varias décadas a la de otras potencias europeas cuya llegada sí forma parte del relato fundacional que los estadounidenses aprenden e interiorizan. La fundación de San Agustín (Florida) en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, por ejemplo, antecede en más de cuarenta años al asentamiento inglés de Jamestown (1607), habitualmente presentado en los currículos anglosajones como el primer núcleo colonial europeo estable en América del Norte. Esa anterioridad cronológica documentada no se ha traducido, sin embargo, en un lugar equivalente dentro de la memoria colectiva ni en los programas educativos de ninguno de los dos países.
Activo geopolítico infrautilizado por falta de reconocimiento mutuo
La relevancia del asunto trasciende lo académico. La historia compartida entre España y Estados Unidos constituye un activo de diplomacia pública y soft power cuya capitalización depende, de forma directa, del conocimiento previo que ambas sociedades tengan de ella. Sin ese reconocimiento mutuo, los vínculos históricos quedan reducidos a un dato inerte, incapaz de articular narrativas, alianzas culturales o proyectos de cooperación. La ignorancia, en este sentido, no es neutral: genera costes concretos en términos de influencia, identidad y oportunidades bilaterales.
La dimensión cuantitativa del vínculo refuerza el argumento. Según el censo estadounidense de 2020 (U.S. Census Bureau), más de 62 millones de personas de origen hispano o latino residían en Estados Unidos, cifra que representa aproximadamente el 19 % de la población total del país, frente al 12,5 % registrado en el censo de 2000. España, como origen cultural e histórico de esa comunidad —junto a Latinoamérica—, podría rentabilizar ese capital demográfico con mayor eficacia si la narrativa histórica compartida fuera más conocida en ambas orillas.
La narrativa nacional española y la omisión norteamericana
La narrativa histórica española sobre su proyección exterior ha tendido a privilegiar la dimensión iberoamericana —centrada en México, Perú o el Río de la Plata— y, en menor medida, los episodios europeos de la monarquía hispánica, relegando a un plano secundario la dimensión norteamericana de su pasado colonial. Territorios que hoy forman estados como Florida, Texas, California, Nuevo México, Arizona o Luisiana estuvieron bajo soberanía o influencia española durante períodos que van desde décadas hasta más de dos siglos, un hecho que la historiografía especializada recoge con amplitud pero que apenas tiene presencia en los libros de texto de educación secundaria en España.
Ese vacío curricular tiene un correlato institucional. El Instituto Cervantes, con presencia en más de noventa ciudades de todo el mundo según su memoria anual de 2023, orienta su actividad principalmente hacia la enseñanza del español como lengua viva antes que hacia la divulgación de la historia colonial española en América del Norte. La Acción Cultural Española (AC/E) y la Red de Casas disponen de instrumentos para la proyección cultural exterior, pero ninguno de los dos organismos ha articulado hasta la fecha un programa específico y sostenido dedicado a la herencia histórica española en el territorio continental de Estados Unidos, según se desprende de sus programaciones públicas disponibles.
El precedente de la diplomacia cultural francesa como referencia comparada
El problema no carece de precedentes en los que apoyar una estrategia de corrección. Francia ofrece el caso más estudiado de movilización institucional de la memoria histórica compartida como instrumento de influencia: desde la década de 1980, el gobierno francés ha invertido de forma sistemática en la valorización de su presencia colonial y cultural en América del Norte —particularmente en Quebec, Luisiana y el sistema de alianzas con comunidades francocanadienses—, articulando una red de institutos, cátedras universitarias y acuerdos bilaterales que han consolidado una narrativa de continuidad histórica. España dispone de una masa crítica histórica comparable o superior, pero carece de una estrategia equivalente en escala y consistencia.
Marco normativo e instrumentos disponibles para una política de memoria
El marco normativo español contempla instrumentos aplicables. La Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, habilita la suscripción de acuerdos de cooperación cultural con terceros estados, incluyendo Estados Unidos, con quien España mantiene un Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica en vigor. La Ley Orgánica 3/2020 de educación (LOMLOE) atribuye al currículo básico la competencia de incorporar contenidos de historia de España en el exterior, aunque su desarrollo reglamentario no ha producido hasta la fecha una revisión sustantiva de los contenidos relativos a la América del Norte española. A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2021/817, que establece el programa Erasmus+, incluye entre sus objetivos la promoción de la conciencia histórica y cultural compartida, un vector que podría activarse para financiar proyectos académicos hispano-estadounidenses.
Las instituciones académicas han señalado la brecha con mayor claridad que las gubernamentales. Historiadores especializados en la América colonial española —entre ellos investigadores adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a universidades como la Complutense o la de Sevilla— han advertido en publicaciones especializadas que la escasa presión social o institucional en España para corregir el vacío dificulta cualquier iniciativa sostenida. Ninguna de las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados ha registrado, en la legislatura en curso, una proposición no de ley específica sobre diplomacia cultural en relación con la herencia española en Estados Unidos, según los registros públicos del Congreso.
Plazos y condiciones para revertir el diagnóstico
El punto de partida para cualquier cambio real es el reconocimiento explícito del problema por parte de quienes tienen capacidad de actuar sobre él. A corto plazo —horizonte de doce a veinticuatro meses—, el indicador más accesible sería la inclusión de esta dimensión histórica en la próxima revisión curricular prevista por el Ministerio de Educación, así como en la estrategia de acción exterior cultural que el Ministerio de Asuntos Exteriores actualiza periódicamente. A medio plazo, la celebración en 2026 del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos —un proceso en el que España jugó un papel militar y diplomático documentado, financiando y apoyando a las colonias rebeldes frente a Gran Bretaña— ofrece una ventana de oportunidad concreta y con fecha fija para articular una narrativa de presencia histórica española ante una audiencia internacional de primer orden. Si ese umbral pasa sin una iniciativa coordinada, el siguiente ciclo favorable difícilmente se presentará antes de una década.
