El pacto está diseñado partiendo de una premisa incómoda, según subrayó la propia Junta de Paz: la desconfianza entre Israel y Hamás es tan profunda que cualquier fase del proceso puede quedar bloqueada por sospechas de incumplimiento. El texto contempla un cronograma para que las facciones entreguen su arsenal a cambio de garantías de reconstrucción, retirada progresiva israelí de las zonas ocupadas y un mecanismo de supervisión internacional, cuyos detalles operativos —qué país u organización asumirá el mando sobre el terreno— no se han precisado.
Esa cautela no es infundada. Desde la entrada en vigor del alto el fuego tras dos años de guerra, ambas partes se han acusado de violar sus términos. Israel ha mantenido operaciones en el sur y el norte de la Franja alegando amenazas de células armadas, mientras Hamás ha denunciado restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y retrasos en la retirada militar prometida. En mayo, informaciones sobre la región documentaron cómo Israel había ido vaciando de contenido las treguas vigentes tanto en Líbano como en Gaza, reduciendo su alcance práctico pese a mantenerlas formalmente en vigor. De ahí la advertencia de Mladenov sobre el «después».
El calendario electoral israelí y los precedentes de desarme
Netanyahu afronta unas elecciones convocadas para octubre de 2026, las primeras desde que su coalición, sostenida por partidos de ultraderecha y ultraortodoxos, atravesó la crisis institucional derivada de la guerra iniciada tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. El primer ministro difícilmente adoptará medidas interpretables como concesiones a Hamás mientras compite por un electorado dividido entre el cansancio bélico y las exigencias de los sectores más beligerantes de su propia mayoría.
Los precedentes no invitan al optimismo. Tras la Segunda Guerra del Líbano de 2006, la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU ordenó el desarme de las milicias al sur del río Litani; casi dos décadas después, ese desarme nunca se completó de forma verificable, y la misión de cascos azules (FINUL) careció de capacidad coercitiva. El desarme de las facciones tras los Acuerdos de Dayton de 1995, en los Balcanes, dependió en cambio de una fuerza internacional con mandato robusto sobre el terreno, un elemento que en el pacto de Gaza aún no está definido.
Del lado palestino, la incógnita no es menor. Hamás ha basado buena parte de su legitimidad interna en la posesión de un arsenal que presenta como garantía de resistencia frente a Israel, y entregarlo de forma verificable implica un coste político que la organización ha evitado asumir en anteriores rondas. El pacto exige además coordinación con otras milicias presentes en Gaza, como la Yihad Islámica Palestina, cuya disposición a desarmarse no queda garantizada por la firma de Hamás.
La Casa Blanca, que respaldó públicamente el anuncio del 30 de julio, no ha detallado si presionará directamente a Netanyahu para acelerar los pasos israelíes, ni qué instrumentos emplearía ante un incumplimiento. Washington mantiene con Israel una relación estratégica que incluye una ayuda militar anual superior a los 3.800 millones de dólares, según los memorandos de entendimiento bilaterales vigentes, una palanca de influencia cuyo uso efectivo ha sido limitado en crisis anteriores.
Los mediadores regionales y la supervisión multilateral
El acuerdo se produce en un momento de reordenación de alianzas en Oriente Próximo. Egipto y Qatar ejercen desde hace más de una década de mediadores habituales entre Israel y Hamás, mientras Arabia Saudí observa el proceso ante la posibilidad de retomar las conversaciones de normalización con Israel, congeladas desde el estallido de la guerra en 2023. La suerte del desarme en Gaza condicionará ese horizonte diplomático más amplio.
Naciones Unidas no ha asumido un papel central en la implementación del pacto, a diferencia de precedentes como la propia Resolución 1701, lo que deja el peso del cumplimiento en manos de actores con intereses directos en el conflicto. La Unión Europea, principal financiadora de programas de ayuda y reconstrucción en Gaza a través de la UNRWA y otros canales, ha mantenido una posición de cautela institucional a la espera de comprobar avances verificables antes de comprometer nuevos fondos.
Los próximos meses serán decisivos para calibrar la viabilidad del acuerdo. Antes de las elecciones israelíes de octubre deberían producirse, según el cronograma del documento, los primeros pasos verificables de entrega de armamento por parte de Hamás. Ni la Junta de Paz ni el Gobierno israelí han precisado fechas concretas ni las sanciones previstas en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, una indefinición que —como recordó Mladenov— puede convertir el texto firmado en la parte más sencilla de todo el proceso.
