El caso de Malmö no es un hecho aislado, sino la expresión más reciente de una dinámica que las autoridades suecas llevan años tratando de contener. Según datos policiales correspondientes a 2025, se registraron 84 homicidios vinculados a este tipo de violencia organizada, 42 de ellos cometidos con armas de fuego. Desde 2016, la cifra acumulada asciende a casi 2.800 tiroteos, con 385 muertos y 930 heridos, según la misma fuente. La Policía calcula, además, que unos 17.500 individuos forman parte activa de estas redes, a los que se sumarían otras 50.000 personas vinculadas de forma indirecta a las familias que las controlan.
Se trata de estructuras jerárquicas dedicadas al narcotráfico, la prostitución, el robo organizado, el blanqueo de capitales y la extorsión, que recurren al uso de armamento automático, explosivos y sicarios menores de edad como sello distintivo de su modus operandi. La mayoría de los tiroteos y explosiones, según las autoridades, están vinculados a conflictos entre redes rivales que se disputan el control de barrios enteros, en los que terminan imponiendo su propia ley.
Entre las organizaciones identificadas figuran el clan Alikhan, asentado en Gotemburgo y originario del Kurdistán iraquí, junto al clan Barzani, de la misma procedencia. También se han señalado redes de origen somalí, como el clan Musa o el Ali/Aden; balcánico, como el Krasniqi o el Berisha —este último vinculado además al tráfico de armas—; árabe, con los clanes Al-Salem o Al-Hasan; y turco, caso del clan Yildiz, que controlaría redes económicas informales de peso en determinadas ciudades.
El fenómeno tiene una génesis que se remonta a varias décadas atrás y que las autoridades reconstruyen en tres grandes oleadas migratorias. La primera se produjo en los años ochenta y noventa, cuando clanes ya consolidados en sus países de origen —Líbano, Irak, Bosnia, Kosovo— se instalaron en barrios marginales de Gotemburgo, Malmö y Estocolmo huyendo de los conflictos armados en Oriente Próximo y los Balcanes. Entre 2000 y 2010 se sucedió un intenso proceso de reunificación familiar que trasladó a Suecia estructuras delictivas ya operativas en origen, y entre 2014 y 2016, coincidiendo con la crisis de refugiados en Europa, se habría producido una tercera oleada.
Una administración paralela de la justicia
Las autoridades suecas estiman que alrededor de 480.000 personas residen en distritos donde los clanes ejercen funciones que corresponderían al Estado: desde la resolución de conflictos vecinales hasta la asignación de bolsas de viviendas entre familias afines, a cambio de lealtad y de una supuesta protección. La ministra de Educación e Integración, Simona Mohamsson, describió esos entornos como caracterizados por «las llamadas normas de honor, la baja confianza en la sociedad y la segregación», y sostuvo que «la mayor amenaza para la libertad contra la sociedad sueca se escribe 'clan'».
El investigador Mathias Wahlsten, comisionado por el Gobierno sueco para mapear y analizar estas estructuras sociales paralelas, matizó ese diagnóstico al reconocer las dificultades metodológicas del trabajo. Habla de un «desafío social complejo» del que admite que resulta difícil determinar cuán extendido está o si su magnitud crece o se reduce; lo único constatable, según su testimonio, es que el problema «se ha hecho cada vez más evidente». El trasfondo, resumió, atañe a «la capacidad de las personas para vivir vidas libres e independientes».
El fenómeno sueco no carece de precedentes comparables en Europa occidental. Países como Bélgica, Países Bajos o Francia han afrontado en las últimas décadas procesos de arraigo de estructuras criminales organizadas en torno a identidades familiares o étnicas en barrios de baja renta, aunque con distinta intensidad de violencia armada. En el propio caso sueco, la escalada de tiroteos y detonaciones de la última década ha situado al país, tradicionalmente asociado a bajos índices de criminalidad violenta, en el centro del debate europeo sobre delincuencia organizada.
El marco legal sueco ofrece a la fiscalía y a la policía figuras específicas contra la delincuencia organizada, incluidas disposiciones reforzadas en los últimos años para endurecer las penas a los adultos que utilizan a menores en actividades delictivas, una reforma impulsada ante el aumento de casos como el de Rosengard. El Gobierno, de coalición conservadora con apoyo parlamentario de la ultraderecha desde 2022, ha hecho de la lucha contra estas redes uno de sus ejes de política de seguridad e integración.
Las medidas adoptadas incluyen el refuerzo de efectivos en los denominados «barrios vulnerables» —una categorización oficial que la policía actualiza periódicamente—, la ampliación de competencias de vigilancia y cambios en la legislación de extranjería orientados a facilitar la expulsión de condenados por delitos graves vinculados a estas organizaciones. Organizaciones de derechos civiles han advertido, no obstante, del riesgo de estigmatización de comunidades enteras si estas políticas no se acompañan de inversión social sostenida en educación y empleo.
La investigación abierta tras el tiroteo de Malmö sigue su curso, con el menor y su presunto reclutador detenidos. El caso se suma a un expediente policial y judicial que las autoridades prevén seguir ampliando en los próximos meses, en paralelo al trabajo de mapeo social encargado a Wahlsten, cuyas conclusiones definitivas aún no se han hecho públicas. De su alcance dependerá, en buena medida, el diseño de las próximas iniciativas legislativas anunciadas por el Ejecutivo sueco.
