El litigio se enmarca en la oleada de demandas presentadas desde 2022 por decenas de fiscalías estatales estadounidenses, que acusaban a Meta Platforms de conocer internamente —y ocultar— los efectos psicológicos nocivos de sus algoritmos y funciones sociales en adolescentes, en particular en el terreno de la autoestima, los trastornos alimentarios y la ideación suicida. Documentos internos de la compañía, filtrados por una extrabajadora en 2021, sirvieron de base probatoria a buena parte de esas acciones judiciales.
Brian Schwalb, fiscal general del Distrito de Columbia y uno de los demandantes que impulsó la acción legal, sostuvo que las herramientas que Meta deberá instalar «cambiarán de forma esencial e inmediata la forma en la que la gente joven utiliza Instagram y Facebook». La cifra de 17.000 millones de dólares se destinaría a financiar programas públicos de salud mental infantil y juvenil en los estados demandantes, aunque el reparto exacto entre jurisdicciones no ha trascendido.
Al tratarse de un acuerdo extrajudicial —conocido en el sistema estadounidense como settlement—, Meta no admite responsabilidad legal ni culpabilidad por los hechos denunciados, una fórmula habitual en este tipo de resoluciones que permite a la compañía evitar un proceso con jurado y la exposición pública de documentos internos adicionales. El pacto pone fin, previsiblemente, a la fase de instrucción y a la vista oral prevista, sin que se haya informado de la fecha en que debía celebrarse el juicio ni del tribunal que lo habría presidido.
Los diez compromisos
Entre las medidas más relevantes figura un límite de uso diario de dos horas para las cuentas de menores de 18 años, ajustable únicamente por los padres o tutores legales, y un apagón de acceso a la aplicación entre la medianoche y las seis de la mañana, con el objetivo declarado de no interferir en el descanso de los usuarios más jóvenes. Las notificaciones quedarán igualmente suspendidas entre las diez de la noche y las siete de la mañana, salvo que un progenitor decida desactivar la restricción.
El acuerdo contempla la retirada de los llamados filtros «cosméticos», que simulan en las fotografías el efecto de intervenciones estéticas o tratamientos de piel, una herramienta señalada por expertos como factor de riesgo para la percepción corporal de los adolescentes. En la misma línea, las cuentas de menores dejarán de mostrar el recuento público de «me gusta» en sus publicaciones, una función a la que se achacan dinámicas de comparación social y ansiedad.
Meta se compromete además a reforzar los sistemas de verificación de edad para frenar el acceso de usuarios menores de 13 años —umbral por debajo del cual las normas de la propia compañía prohíben abrir cuentas—, así como a ofrecer a los adolescentes la posibilidad de desactivar el algoritmo de recomendación personalizada en favor de un contenido más variado. También prevé una mejora de los controles parentales, con herramientas de bloqueo más intuitivas, y un refuerzo de la moderación para evitar la exposición a materiales relacionados con trastornos alimentarios, autolesiones o acoso escolar.
El décimo punto del acuerdo prevé el nombramiento de un auditor independiente encargado de supervisar el cumplimiento efectivo de estos compromisos, una figura habitual en los grandes acuerdos regulatorios estadounidenses. La propia compañía, entonces Facebook, suscribió en 2019 con la Comisión Federal de Comercio un acuerdo por infracciones de privacidad valorado en 5.000 millones de dólares, que también instauró mecanismos de supervisión externa.
Del tabaco a la DSA europea
El caso guarda paralelismos con el histórico acuerdo de las tabacaleras estadounidenses de 1998, cuando las grandes compañías del sector pactaron con los fiscales generales de 46 estados un pago superior a los 200.000 millones de dólares a cambio de restricciones publicitarias, en lo que entonces se consideró el mayor acuerdo civil de la historia de EE.UU. Aquel precedente se ha citado en los últimos años como modelo para litigar contra las grandes tecnológicas por los efectos de sus productos en la salud pública.
En la Unión Europea, el marco de referencia para este tipo de conductas es la Ley de Servicios Digitales (DSA), plenamente aplicable desde 2024, que impone a las plataformas de gran tamaño —entre ellas Instagram— obligaciones de evaluación y mitigación de riesgos sistémicos para menores, bajo supervisión de la Comisión Europea. Bruselas mantiene abiertos procedimientos de investigación contra Meta por presuntas infracciones de esta norma, aunque no constan resoluciones firmes vinculadas directamente al acuerdo estadounidense.
En España, la protección de menores en entornos digitales se articula a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia frente a la violencia, que incluye referencias específicas al ámbito digital, además del anteproyecto de ley de protección de menores en el entorno digital impulsado por el Gobierno, en tramitación, que prevé elevar a los 16 años la edad mínima para crear cuentas sin consentimiento parental verificado.
Asociaciones de defensa de la infancia y de pediatría han acogido con cautela el acuerdo, al considerar que los cambios llegan tras años de denuncias y de resistencia de Meta a modificar el diseño de sus productos. Desde la compañía no se ha ofrecido, según la información disponible, una valoración pública detallada más allá de la aceptación formal de los términos del pacto ante los tribunales estatales correspondientes.
La implementación efectiva de las diez medidas queda sujeta a los plazos que fije el auditor independiente una vez designado, sin que por el momento se haya concretado un calendario público de despliegue ni si las modificaciones se aplicarán solo en Estados Unidos o se extenderán a otros mercados, incluida la Unión Europea, donde organizaciones de consumidores ya han reclamado su adopción inmediata.
