El cruce de versiones entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana se ha convertido en el segundo frente del caso Villena, junto a la investigación policial sobre el paradero de las piezas sustraídas. Mientras el Ejecutivo autonómico sostiene que no recibió la alerta de Europol hasta después del robo, el Ministerio de Cultura defiende que ya había puesto en marcha gestiones previas centradas específicamente en piezas de metales y piedras preciosas.
Según fuentes del departamento, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes solicitó información a todos los museos —tanto los dependientes del Ministerio como los gestionados por las comunidades autónomas— que contaran en su exposición permanente o en sus depósitos con un número significativo de objetos de oro, plata u otros metales o piedras preciosas. El objetivo, siempre según esa versión, era reforzar la seguridad de esos fondos ante el repunte de incidentes en el continente.
El Ministerio afirma haber facilitado de forma inmediata a la Policía Nacional la información relativa a los museos que gestiona de manera directa, además de reforzar la seguridad en esos centros. La petición de datos a las comunidades autónomas se remonta al 11 de agosto y, a medida que fueron llegando las respuestas, se trasladaron a las fuerzas de seguridad del Estado, de acuerdo con el relato oficial.
El punto de fricción se sitúa en la Comunidad Valenciana. El Ministerio sostiene que, ante la falta de respuesta de esa autonomía, reiteró la petición el 24 de agosto, tres días antes del asalto al Museo Arqueológico de Villena (MUVI). La Generalitat, por su parte, mantiene que no fue hasta la reunión convocada el viernes 28 de agosto cuando el Ministerio trasladó formalmente la alerta de Europol al Consell y pidió su difusión a todos los museos valencianos.
Esa reunión, según fuentes del Consell, es el origen del correo que la Generalitat remitió después al MUVI y al resto de centros museísticos de la comunidad. En el caso concreto del museo de Villena, esa comunicación llegó el viernes 28 de agosto poco después de las 14.00 horas, un día después del robo, según fuentes municipales.
El documento en cuestión es una guía de Europol titulada 'Enfoque de Europol Cambio de Tácticas, Cambio de Objetivos: la naturaleza evolutiva de los robos en museos', publicada el lunes 24 de agosto en el portal web de la agencia. El texto alertaba de un cambio de patrón entre los grupos dedicados al expolio de patrimonio, con un «mayor uso de medios violentos en ataques dirigidos» y un empleo creciente de la fuerza, tendencia que la propia Europol respaldaba con casos recientes registrados en distintos países.
El robo del Tesoro de Villena, un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a.C. y considerado una pieza singular de la Edad de Bronce, se ejecutó en apenas cuatro minutos por varias personas que actuaron con distintos vehículos, según la descripción policial de los hechos, que las fuentes consultadas calificaron de gran rapidez y brutalidad. Los autores lograron sustraer gran parte del conjunto expuesto en el MUVI.
A raíz del asalto, el Ministerio de Cultura convocó una reunión con las comunidades autónomas en la que informó del aviso de Europol y pidió que difundieran su contenido entre los museos. Ambas administraciones coinciden en el calendario de esa convocatoria, pero discrepan sobre si fue la primera comunicación efectiva de la alerta o una reiteración de gestiones ya iniciadas semanas antes.
Una nueva reunión y tres investigaciones abiertas
El Ministerio ha anunciado que convocará en los próximos días una reunión con las direcciones autonómicas competentes en museos y con representantes de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, para dar seguimiento a las medidas de seguridad. No se ha concretado aún una fecha para ese encuentro. En paralelo, los expertos en patrimonio cultural de la Policía Nacional trabajan en los casos de robos en museos de Badajoz y Albacete, mientras que la Guardia Civil se hace cargo de las pesquisas sobre el expolio de Villena, en coordinación con el Ministerio y las policías autonómicas.
El marco normativo aplicable a la protección de bienes de interés cultural en España se apoya en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que establece obligaciones de custodia para las administraciones públicas y los museos titulares de colecciones relevantes, y prevé mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de seguridad. El reparto de competencias entre la Administración central y las consejerías autonómicas es uno de los elementos que ha generado fricciones en la gestión de esta alerta.
El caso Villena no es el primero que pone en cuestión los protocolos de seguridad ante el crimen organizado especializado en patrimonio. En las últimas décadas, distintos operativos policiales han desarticulado redes dedicadas al expolio de yacimientos arqueológicos y a la sustracción de piezas de valor histórico, si bien los asaltos violentos y coordinados a instituciones museísticas resultan menos habituales en el historial reciente español que el expolio silencioso de fondos arqueológicos.
El Ministerio de Cultura no ha precisado si prevé una revisión de los protocolos de comunicación entre administraciones a raíz de este episodio, más allá de la reunión anunciada. La Generalitat Valenciana no ha efectuado declaraciones adicionales tras confirmar el calendario de recepción de la alerta el pasado fin de semana.
El paradero de las piezas sustraídas en Villena sigue sin conocerse y las autoridades no han informado de detenciones ni de avances concretos en la identificación de los autores. La investigación, liderada por la Guardia Civil, continúa abierta, mientras el debate sobre la responsabilidad en la gestión de la alerta previa al robo se traslada a la reunión que el Ministerio ha comprometido para los próximos días.
