Los cuatro chicos nacieron en el mismo barrio de El Jaddida, tomaron juntos un autobús hacia la frontera y cruzaron a nado antes del cruce masivo registrado este verano. Lo hicieron poco después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia que impide las devoluciones en el mar, un criterio que ha marcado la gestión de los menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma. Las imágenes de la despedida los muestran sonrientes mientras gritan «¡España! ¡España!», en referencia a la Península.
Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Castilla-La Mancha, gobernadas por formaciones de distinto signo político, han asumido la acogida de cada uno de los cuatro adolescentes, que hasta ahora compartían rutina en el mismo centro ceutí. El reparto territorial de menores extranjeros no acompañados entre autonomías ha sido fuente de fricciones desde que Ceuta y Melilla concentran una presión migratoria que supera su capacidad de acogida.
La derivación a la Península se enmarca en el mecanismo de distribución de menores no acompañados que coordina el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con las comunidades autónomas, un procedimiento que busca aliviar la saturación de los centros en las ciudades autónomas norteafricanas. Ceuta, con unos 19 kilómetros cuadrados, vio sus recursos desbordados en la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas, muchas de ellas menores, cruzaron la frontera en pocos días.
El Senado aprobó el 30 de septiembre una propuesta impulsada por PP y Vox para permitir las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, en plena tensión política sobre el reparto de menores entre comunidades. La condición de menor extranjero no acompañado, sin embargo, obliga a las autoridades a activar un protocolo de protección que prioriza el interés superior del menor conforme a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y al reglamento de extranjería: a diferencia de los adultos, los menores no pueden ser objeto de devolución inmediata y quedan bajo tutela de la administración hasta que se resuelve su situación o alcanzan la mayoría de edad.
El caso se inscribe en una gestión migratoria y judicial en Ceuta que ha dejado episodios como el de un técnico que preparaba datos para un informe oficial e interrogaron durante 12 horas y sin abogado, que ha suscitado controversia sobre los procedimientos policiales en la ciudad autónoma.
El vínculo entre los cuatro jóvenes, forjado desde el nacimiento en el mismo barrio marroquí, se separa ahora por el reparto administrativo. En la despedida, abrazados al monitor del centro donde convivieron dos meses, gritaban mirando al mar: «¡España! ¡España!».
