El técnico, que trabajaba en remoto desde Madrid y no en Ceuta, gestionaba las plataformas de cámaras de seguridad y los registros biométricos —huellas y mediciones— que sirven de base a los informes encargados por la instructora. Según su relato, los agentes, especializados en información, se presentaron en su domicilio el domingo día 6 hacia las 19:00 horas mientras estaba solo con sus hijos menores, y le pidieron que les acompañara en lo que calificaron de comparecencia voluntaria, no de una detención.
Al alegar que no podía dejar solos a los menores, acudió un agente tutor para hacerse cargo de ellos, una escena que fuentes conocedoras del caso describen como «una película de ciencia ficción». Durante el interrogatorio, consciente de la sensibilidad de algunos datos, el técnico se negó a responder ciertas preguntas por considerar que suponían un quebranto de los acuerdos de confidencialidad que había firmado.
El juzgado de Tardón había dado inicialmente protección a los agentes que desarrollan el trabajo encomendado, para evitar que reportaran a sus mandos directos. Sin embargo, según ese testimonio, policías afines a la cúpula designada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habrían abierto diligencias secretas en paralelo que alcanzarían ahora a los subcontratados que aportan los datos técnicos de base. Desde la Policía Nacional solo se reconoce oficialmente la toma de declaración relativa a posiciones de entrada y expedientes de asilo, y se niega que se esté interrogando a testigos.
Fuentes consultadas interpretan el episodio como un intento de influir en el informe final: dado que Marlaska no puede dirigirse a los agentes protegidos, se habría bajado «un peldaño por debajo», hasta los subcontratados.
«Yo creo que ellos no quieren sorpresas. Quieren controlar el relato y que no se les vaya el caso de las manos. Han pasado a la acción», afirman las fuentes consultadas por OKDIARIO.
El temor expresado es que el documento llegue alterado a la magistrada —«el informe que va a recibir la juez de la Audiencia probablemente esté cocinado»—, una situación que la misma fuente no descarta que pueda constituir coacciones, y lamenta que, por ahora, no exista constancia registrada de esa toma de declaración. Al día siguiente, el técnico solicitó la baja laboral y pidió después un cambio de servicio dentro de la misma empresa de seguridad.
El origen en la crisis del Tarajal
La causa arranca con la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El 3 de agosto, Tardón abrió diligencias previas tras una denuncia del partido Iustitia Europa y solicitó informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para determinar si la entrada fue una acción concertada o dirigida por algún grupo criminal, además de pedir a la Benemérita que detallara si había recibido avisos previos. Ese mismo día, el Gobierno de Ceuta elevó a 88 el número de fallecidos hallados en las inmediaciones del espigón del Tarajal; el presidente ceutí, Juan Vivas, cifró en unas 8.000 las personas que permanecerían aún en la ciudad.
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional elaboró un informe de 55 páginas, con anexos audiovisuales, que según se ha publicado implicaba a agentes marroquíes en el control de la entrada masiva, lo que habría disgustado a Marlaska, que se enteró por la prensa y pidió explicaciones de madrugada al director general de la Policía, Francisco Pardo, quien negó que el documento atribuyera a las fuerzas marroquíes la planificación de lo ocurrido. La Guardia Civil remitió después un segundo informe de apenas cinco páginas que no entraba en el fondo del asunto.
El episodio recuerda al propio salto a la jurisdicción penal de la gestión de aquellos días del Tarajal, en línea con otras causas en las que la actuación de las Administraciones ha quedado bajo examen judicial, como cuando la Fiscalía madrileña archivó 179 causas por la gestión de las residencias en la pandemia.
Hasta ahora solo se han entregado dos de la docena de informes reclamados por Tardón: uno de una empresa subcontratada de imágenes aéreas y otro de la propia Presidencia del Gobierno con los documentos desclasificados por Pedro Sánchez, que indicarían que el CNI sí avisó al delegado del Gobierno en Ceuta de la crisis, una lectura que el PSOE rechaza al sostener que esos escritos dicen lo contrario.
