El dispositivo desplegado este fin de semana combina efectivos de la Guardia Civil en el lado español con un refuerzo de las fuerzas auxiliares marroquíes en el lado de Fnideq (Castillejos), la localidad fronteriza desde donde tradicionalmente parten los intentos de aproximación. Desde finales de julio, Ceuta ha visto sucederse varios intentos de cruce, algunos de los cuales lograron su objetivo, dejando a miles de personas dentro del perímetro urbano en una situación de acogida que las administraciones describen al límite de su capacidad.
La frontera de Ceuta, junto con la de Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, un hecho geográfico que convierte a ambas ciudades en punto de fricción permanente entre las políticas migratorias europeas y las dinámicas de movilidad del norte de África y el Sahel. Ceuta, un enclave de apenas 19 kilómetros cuadrados, dispone de una capacidad estructural de acogida muy limitada por su propia condición de ciudad fronteriza.
Del precedente de 2021 a una crisis de perfil distinto
El antecedente más grave y reciente es la crisis de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron a Ceuta en apenas 48 horas tras una relajación de la vigilancia marroquí que coincidió con la tensión diplomática por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio evidenció el uso de la presión migratoria como instrumento en la relación bilateral. La situación actual presenta, sin embargo, características distintas: no responde a una tensión abierta entre Rabat y Madrid, sino a una acumulación de personas migrantes en el norte de Marruecos que buscan aprovechar cualquier resquicio en la vigilancia, alentadas por convocatorias difundidas en aplicaciones de mensajería.
El Ministerio del Interior no ha ofrecido cifras cerradas sobre el número total de personas que permanecen en Ceuta desde julio. Las administraciones reconocen que los recursos de acogida, gestionados en coordinación entre el Gobierno central, la Ciudad Autónoma y organizaciones como Cruz Roja, operan por encima de su capacidad ordinaria. La saturación ha obligado a habilitar espacios adicionales de forma provisional como centros de primera acogida, una medida de emergencia empleada, con matices, ya en 2021.
La cooperación bilateral en materia de control fronterizo, restablecida tras la crisis diplomática de 2021, es determinante en la contención de los intentos recientes. Marruecos recibe desde hace años financiación específica de la Unión Europea para reforzar su capacidad de vigilancia fronteriza, en el marco de los acuerdos de cooperación migratoria suscritos con Bruselas, unos fondos cuya cuantía y eficacia han sido objeto de escrutinio por parte de organizaciones de derechos humanos y de la Eurocámara.
El marco legal de las devoluciones y el reparto de responsabilidades
El régimen de devoluciones en frontera en Ceuta y Melilla continúa siendo objeto de controversia jurídica. Las llamadas devoluciones en caliente están reguladas por la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, un mecanismo avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de la Gran Sala de febrero de 2020, que revocó un fallo previo contrario a España al considerar que los afectados no habían utilizado las vías legales de acceso disponibles. Ese pronunciamiento sigue siendo la referencia jurídica central para justificar las devoluciones inmediatas de quienes acceden de forma irregular por el perímetro.
En el plano político, la gestión de la emergencia ha reabierto el reparto de responsabilidades entre el Gobierno central, competente en materia de fronteras y extranjería, y las administraciones autonómica y local, que asumen la carga de la acogida sobre el terreno. El Ejecutivo ceutí ha reclamado en reiteradas ocasiones un mayor respaldo presupuestario y de efectivos por parte de Madrid, mientras que desde el Ministerio del Interior se insiste en que el dispositivo desplegado responde a los protocolos habituales ante situaciones de presión migratoria elevada.
Desde Rabat, las autoridades marroquíes han evitado pronunciamientos públicos extensos sobre los intentos de cruce, limitándose a confirmar de forma genérica las labores de interceptación en la zona fronteriza, en línea con su posición oficial de cooperación con España en el control de los flujos irregulares. Las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno reclaman una respuesta coordinada a nivel estatal y europeo ante lo que consideran una presión estructural, y no coyuntural, sobre el sistema de acogida.
A escala europea, el Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado formalmente en 2024, es el marco de referencia para la gestión conjunta de crisis fronterizas. Ese pacto contempla mecanismos de solidaridad entre Estados miembros ante situaciones de presión migratoria excepcional, si bien su aplicación práctica en episodios concretos sigue dependiendo de la voluntad política de los socios comunitarios y de la calificación formal de la situación como crisis por parte de las instituciones europeas.
A corto plazo, la atención se centra en si el refuerzo del dispositivo logra contener nuevos intentos de cruce coordinados a través de redes sociales, una variable que las autoridades reconocen difícil de anticipar. En paralelo, la presión sobre los recursos de acogida obligará previsiblemente a nuevas decisiones sobre traslados de migrantes a la península, una medida ya empleada en crisis anteriores para descongestionar la ciudad autónoma.
