El episodio, ocurrido a comienzos de agosto, no ha derivado —hasta donde consta— en actuaciones del Ministerio Público. Se trata, por ahora, de un asunto administrativo y laboral dentro de una empresa estatal, pero ha bastado para reabrir un debate técnico y regulatorio que especialistas del sector eléctrico vienen planteando desde hace años: la dependencia estructural del CND respecto de Etesa, la entidad a la que está adscrito.
Duartes informó a los agentes del mercado eléctrico que Etesa no contaba con los recursos para cubrir los débitos correspondientes a junio de este año, además de un ajuste arrastrado desde marzo de 2025, por lo que se procedería a ejecutar las garantías de pago previstas para estos casos. La comunicación no habría sido bien recibida dentro de la propia Etesa. Pocas horas después, Barretto emitió una aclaración en la que sostuvo que el correo se había enviado sin la autorización correspondiente y sin contar con información financiera actualizada, y afirmó que Etesa sí disponía de los fondos necesarios para atender sus compromisos. La secuencia de alerta y rectificación exprés es la que ha generado inquietud entre conocedores del mercado eléctrico nacional.
El CND opera bajo el paraguas de Etesa, la empresa estatal responsable de la transmisión eléctrica en el país, pero cumple una función que excede esa relación corporativa: coordina en tiempo real qué plantas generadoras deben producir electricidad y en qué cantidad para cubrir la demanda nacional, administra el mercado eléctrico mayorista y realiza las liquidaciones entre generadores, distribuidores y otros agentes del sistema, determinando quién debe pagar y quién debe recibir en cada transacción.
La tesis del juez y parte
Para Eduardo De la Guardia, especialista con más de 27 años de experiencia en el mercado energético, el episodio confirma una tesis que, según afirma, viene sosteniendo desde hace varios años: la necesidad de separar administrativamente al CND de Etesa. A su juicio, el CND actuó de manera correcta al advertir sobre la falta de depósito de fondos por parte de Etesa para cubrir transacciones del mercado ocasional, pero el problema de fondo es que ese mismo organismo depende, para su funcionamiento y su planilla, de la entidad a la que en ocasiones debe fiscalizar.
"Usted no puede ser parte de una entidad donde tiene que identificar al culpable de una acción y multarlo cuando el responsable es el que le tiene que firmar su cheque", planteó De la Guardia, quien describe esta estructura como una situación de juez y parte que, en su opinión, hace indispensable dotar al CND de independencia operativa respecto de Etesa.
El especialista advirtió además sobre el riesgo de injerencia política en las decisiones técnicas del CND derivado de esa dependencia institucional. Según explicó, cuando una deficiencia en el sistema de transmisión de Etesa genera costos adicionales por generación obligada, existe el riesgo de que la empresa busque atribuir responsabilidades a otros agentes del mercado o presionar para reducir el precio reconocido a esa energía, con el fin de evitar que Etesa absorba el costo correspondiente. Por ello sostiene que las decisiones que afectan al mercado eléctrico deben responder a criterios estrictamente técnicos y estar protegidas de intereses políticos.
De la Guardia precisó que su planteamiento no pasa por privatizar Etesa, sino por modificar el modelo de gestión de la empresa estatal, que cumple tres décadas de operación. Considera que la compañía puede seguir bajo propiedad del Estado, pero con una administración basada en criterios profesionales y técnicos, comenzando por la separación del CND de su estructura organizativa actual.
El economista Fernando Aramburú Porras, quien participó en el proceso de reestructuración del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (Irhe), describió al CND como el "cerebro" del sistema eléctrico nacional. Desde ese organismo se decide, explicó, qué plantas generadoras deben entrar en operación según la demanda proyectada y sus costos de generación, comenzando por las fuentes más económicas hasta cubrir las necesidades energéticas del país en cada momento del día.
Del Irhe al mercado abierto
El Irhe fue la institución estatal que concentró la generación, transmisión y distribución eléctrica en el país hasta su desmembramiento en la década de 1990, cuando el sector fue reestructurado y parcialmente abierto a la participación privada, dando origen a empresas como Etesa, encargada de la transmisión, junto a distribuidoras y generadoras independientes. Esa reforma, recuerdan los especialistas, buscaba precisamente separar funciones para evitar concentraciones de poder que distorsionaran el mercado eléctrico.
Modelos de despacho de carga independiente, desligados de las empresas de transmisión, operan en otros países de la región como mecanismo para blindar las decisiones técnicas del mercado eléctrico frente a intereses corporativos o políticos particulares, según sostienen los especialistas consultados.
Por ahora, el caso permanece en el terreno de la gestión interna de Etesa y del debate técnico-regulatorio que ha reavivado. Cualquier reforma que separe al CND de Etesa requeriría cambios normativos que tendrían que discutirse en las instancias correspondientes del Estado, un proceso que hasta la fecha no se ha formalizado.