La escena se repite con variaciones mínimas en distintas ciudades españolas. Un local que durante décadas fue una mercería, regentada por una comerciante que se jubiló hace medio año, ha pasado a manos de una franquicia de regalos; sus dos hijos declinaron continuar el negocio familiar. A cientos de kilómetros, una librería con nombre propio cerró hace unos meses porque el alquiler resultó inasumible y las cuentas dejaron de salir; hoy ocupa el espacio una gran cadena. En una localidad de menor tamaño, la persiana metálica de una ferretería de barrio permanece bajada desde enero, sin que ningún nuevo inquilino haya llegado a ocupar el hueco.
Carlos Moreno-Figueroa, que fue vicepresidente de la Confederación Española del Comercio (CEC), sitúa el horizonte de la crisis en una década. "En los próximos 10 años, incluso antes, la mitad de los comercios que hoy existen habrán desaparecido por este motivo", advirtió en declaraciones a La Información Económica, refiriéndose a la falta de relevo generacional. A su juicio, el problema no es solo que los hijos de los comerciantes no quieran continuar con el negocio familiar, sino que resulta cada vez más difícil encontrar personal dispuesto a trabajar en el sector por los horarios exigentes y las tareas de atención al público. "La gente joven no quiere dedicarse a ello", resumió.
Desde UPTA trasladan un diagnóstico similar, aunque con una proyección cuantificada que agrava el pronóstico. La organización calcula que más de 600.000 autónomos se jubilarán en los próximos cinco años, lo que equivale a casi uno de cada seis profesionales por cuenta propia en España. "Sin un relevo generacional efectivo, miles de negocios, muchos de ellos en zonas rurales, podrían desaparecer, poniendo en peligro empleo, actividad económica y la cohesión territorial", señalaron desde la organización, que reclama medidas específicas para facilitar la transmisión de negocios familiares.
El impacto de estos cierres no es uniforme en el territorio. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, el hueco que deja un comercio tradicional suele ocuparlo con relativa rapidez una franquicia o una cadena, de manera que el local rara vez permanece vacío durante mucho tiempo. El fenómeno es distinto en municipios pequeños y zonas rurales, donde las grandes marcas no encuentran rentable instalarse. Allí, el cierre de la única ferretería, mercería o librería del pueblo puede dejar un local cerrado durante meses o años, con el consiguiente deterioro físico de la calle y un efecto sobre la vida cotidiana de los vecinos que va más allá de lo puramente económico.
Casi 3.000 euros al mes por mantener la persiana levantada
Uno de los factores que explica la dificultad para encontrar continuidad en estos negocios es la carga económica que supone simplemente mantenerlos abiertos. Según los cálculos de UPTA, un autónomo sin trabajadores que opera en un local alquilado afronta unos costes fijos estructurales de aproximadamente 2.980 euros al mes, lo que equivale a unos 125 euros por cada jornada de trabajo. El alquiler es la partida más pesada de esa cuenta, con un coste medio en torno a los 1.500 euros mensuales, una cifra que en las calles comerciales más demandadas de las grandes capitales puede resultar aún mayor.
A esa cantidad hay que sumar los 300 euros mensuales que corresponden a la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), unos 250 euros de factura eléctrica y alrededor de 830 euros mensuales repartidos entre comunicaciones, gestoría, seguros, servicios bancarios y digitales, mantenimiento, limpieza, seguridad y tasas municipales, según el mismo desglose de UPTA. Es una estructura de costes que deja poco margen cuando las ventas se resienten, y que explica por qué muchos comerciantes que se jubilan optan por cerrar directamente en lugar de intentar traspasar el negocio a un tercero ajeno a la familia.
El contexto macroeconómico tampoco ayuda a paliar la situación, aunque los responsables consultados insisten en diferenciarlo del problema de fondo. La inflación se situaría en el 4,3%, su mayor ritmo en tres años, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles, un capítulo que el índice de precios de consumo del Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge mensualmente. El alza de la factura eléctrica y de los alquileres obliga a los hogares a ajustar su gasto, lo que repercute directamente en el consumo de proximidad, uno de los primeros eslabones de la cadena económica en reflejar cualquier deterioro de la confianza del consumidor, indicador que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Tanto Moreno-Figueroa como los responsables de UPTA coinciden en que ese componente coyuntural, ligado a la tensión geopolítica en Oriente Próximo y a los precios energéticos, no es la causa principal del cierre de comercios tradicionales. El problema, insisten, es estructural: una generación de comerciantes que se jubila sin encontrar quien continúe con el oficio, ya sea porque los hijos han optado por otras trayectorias profesionales o porque el propio negocio, dados los horarios y la rentabilidad decreciente, ha dejado de resultar atractivo para quienes sí estarían dispuestos a trabajar por cuenta propia en otros sectores.
El pequeño comercio español ya ha atravesado crisis severas en las últimas décadas, desde la financiera de 2008 hasta la pandemia de 2020, y en ambos episodios logró sobrevivir en buena medida gracias a la capacidad de adaptación de sus propietarios y a distintas líneas de ayuda pública. La diferencia con la situación actual, según el sector, es que el reto del relevo generacional no se resuelve con una inyección de liquidez o una moratoria de alquileres, sino que exige una transformación de fondo en la manera en que se transmite la propiedad y la gestión de estos negocios entre generaciones.
El marco jurídico ofrece ya algunas herramientas para la sucesión empresarial: la normativa del impuesto sobre sucesiones y donaciones contempla reducciones para la transmisión de empresas familiares, y la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo regula el traspaso de la actividad. Organizaciones del sector reclaman, no obstante, medidas más específicas —bonificaciones fiscales para la transmisión, financiación para quienes se incorporen a un comercio ya existente y programas de formación para nuevos gestores—, propuestas que de momento no se han traducido en una norma estatal, aunque sí existen iniciativas puntuales de ayuntamientos y comunidades para frenar el vaciado comercial de centros urbanos y zonas rurales.
El horizonte que dibujan tanto UPTA como el propio Moreno-Figueroa es de deterioro progresivo si no se revierte la tendencia en los próximos años. La cifra de más de 600.000 jubilaciones previstas entre los autónomos en el próximo lustro, unida a la dificultad estructural para encontrar relevo, apunta a un escenario en el que la fisonomía de las calles comerciales españolas podría cambiar de forma sustancial antes de que termine la década, con una presencia cada vez mayor de franquicias en las grandes ciudades y un vaciado más acusado del pequeño comercio en los municipios de menor tamaño.
