El subdirector de incidencias del CPJ, Tom Gibson, calificó el veredicto de "devastador para todos los periodistas" y recordó que la profesión tiene como misión "exigir responsabilidades a los poderosos, tanto en Malta como en todo el continente". Gibson subrayó que la organización seguirá "haciendo campaña en pro de la reforma" del sistema judicial maltés y apoyando a la familia de la víctima "hasta que se haga justicia". El CPJ cuestionó además el cumplimiento por parte del Estado maltés de sus compromisos en materia de protección de periodistas y de Estado de derecho, al señalar que Malta "no ha cumplido con la mayoría" de las promesas asumidas tras el asesinato.
La familia de Caruana Galizia difundió un comunicado en redes sociales tras conocerse el veredicto en el que expresó su dolor por la falta de condena al presunto instigador del crimen. "Durante el juicio de Fenech, que ha durado meses, hemos oído hablar a muchas personas, pero nunca volveremos a ver ni a oír a Daphne", señalaron los allegados, que reclamaron rendición de cuentas para "todos aquellos que permitieron, facilitaron o protegieron a sus asesinos".
Una investigación cuestionada desde el inicio
El caso estuvo marcado desde el principio por sospechas sobre la independencia de la investigación policial. Los familiares de la periodista recurrieron a los tribunales para apartar del procedimiento a Silvio Valletta, entonces comisionado adjunto de la Policía maltesa y esposo de la que fuera ministra del Gobierno laborista Justyne Caruana, al considerar que carecía de imparcialidad. Se hizo público que Valletta mantenía una relación cercana con Fenech, con quien llegó a viajar al extranjero mientras dirigía las pesquisas sobre el asesinato. A esa controversia se sumaron denuncias sobre irregularidades en el manejo de pruebas y filtraciones reiteradas de información reservada sobre el desarrollo de la investigación, lo que, según las pesquisas judiciales, permitió a los implicados anticiparse durante años a los movimientos de las autoridades.
Las investigaciones sitúan a Fenech como la persona que habría pagado en torno a 150.000 euros a los ejecutores materiales del atentado. Meses antes de morir, Caruana Galizia había publicado una investigación sobre 17 Black, una sociedad opaca radicada en Emiratos Árabes Unidos y vinculada al empresario, que presuntamente se utilizó para canalizar comisiones ilegales hacia altos cargos del Ejecutivo maltés de la época.
El proceso judicial en torno al crimen se ha prolongado durante años y ha ido cerrando distintas piezas del entramado. En junio de 2025, Robert Agius, conocido como 'Ta Maksar', y su socio Jamie Vella fueron declarados culpables de proporcionar el explosivo empleado en el atentado. Con anterioridad, en 2022, los hermanos George y Alfred Degiorgio aceptaron penas de 40 años de prisión al reconocer que colocaron y detonaron la bomba, mientras que un tercer implicado, Vince Muscat, recibió una condena de 15 años tras confesar su participación y aportar información clave para la investigación.
Daphne Caruana Galizia murió el 16 de octubre de 2017, a los 53 años, cuando un artefacto explosivo estalló en su vehículo frente a su vivienda en Bidnija. En el momento de su muerte, la periodista trabajaba en una investigación relacionada con los papeles de Panamá, centrada en presuntos sobornos canalizados desde 17 Black hacia sociedades pantalla controladas, según sus pesquisas, por el entonces jefe de gabinete del primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembri, y por el entonces ministro de Turismo, Konrad Mizzi.
Yorgen Fenech, antiguo máximo responsable del Grupo Tumas y miembro del consejo de la energética ElectroGas Malta, fue arrestado en noviembre de 2019 cuando intentaba abandonar el país a bordo de su yate tras salir de un puerto deportivo maltés. La acusación contra él se sustentó en buena medida en el testimonio de su chófer, Melvin Theuma, que actuó como intermediario y colaborador de la Fiscalía a cambio de un indulto presidencial.
El desenlace del juicio reabre el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial maltés en casos que afectan a figuras con vínculos políticos y económicos de alto nivel. Malta, miembro de la Unión Europea desde 2004, ha sido objeto de escrutinio por parte de instituciones europeas a raíz de este caso, que en su momento motivó una investigación pública independiente sobre el asesinato cuyas conclusiones, presentadas en 2021, apreciaron una responsabilidad indirecta del Estado maltés por no haber protegido a la periodista pese a conocer los riesgos que corría. La difusión de aquellas conclusiones contribuyó a la dimisión de Joseph Muscat como primer ministro a principios de 2020, en plena crisis política desatada por el caso.
El precedente que ahora denuncia el CPJ se inscribe en una preocupación más amplia sobre la seguridad de los periodistas de investigación en Europa, un continente donde en la última década se han producido asesinatos de reporteros que trabajaban sobre corrupción y crimen organizado, como los de Ján Kuciak en Eslovaquia en 2018 o Viktoria Marinova en Bulgaria ese mismo año. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Federación Europea de Periodistas han reclamado en los últimos años mecanismos comunitarios más sólidos para investigar estos crímenes y proteger a los profesionales de la información.
La Fiscalía maltesa no ha anunciado hasta el momento si recurrirá el veredicto absolutorio, y no consta que Fenech vaya a enfrentarse a nuevos cargos relacionados con el asesinato tras la decisión del jurado. La familia de Caruana Galizia ha anunciado que continuará su batalla legal y pública para que se depuren responsabilidades adicionales, mientras el CPJ y otras organizaciones internacionales mantienen su vigilancia sobre el caso como referencia de la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas dentro de la Unión Europea.
