El fallo se sustenta en la Ley 55 de 2003, que regula el Sistema Penitenciario y faculta a esa entidad para disponer el traslado de privados de libertad a un penal determinado por razones de seguridad. La norma no exige acreditar la responsabilidad penal del recluso para justificar el movimiento, sino el riesgo que su permanencia en un centro determinado pueda representar.
Valencia Escobar figuraba entre los principales requeridos de la operación antipandillas Combate, ejecutada el 22 de mayo como parte de las acciones del Estado contra estructuras criminales dedicadas a diversas actividades delictivas. Según las investigaciones del Ministerio Público, la pandilla Bagdad Santa Eduviges, filial de la estructura liderada por alias Cholo Chorrillo, operaba principalmente en el sector este de la capital y en San Miguelito, con presencia atribuida en Tocumen, Pacora y Chepo.
A sus integrantes se les atribuyen presuntos delitos de homicidio, robo y asalto cometidos en esos sectores. Tras su captura, las autoridades panameñas activaron el proceso de extradición para que enfrentara la justicia en el país, trámite que culminó con su traslado desde España el pasado mes de julio.
Captura en la Plaza de Santa Ana de Madrid
La detención de Valencia Escobar se produjo en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, durante una operación de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España, coordinada con Interpol. El señalado permanecía fugitivo hasta que la operación conjunta permitió su localización y entrega a las autoridades panameñas.
El Ministerio de Seguridad informó, mediante un comunicado del 29 de junio, que el traslado hacia territorio panameño se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad, con participación coordinada de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Ese operativo antecedió a la decisión de la Corte sobre su ubicación dentro del sistema penitenciario.
Coiba alberga a unos 36 reos de alta peligrosidad
Con el traslado avalado por el máximo tribunal, Valencia Escobar se suma a la población de la sede del Senan en Coiba, que alberga actualmente a unos 36 privados de libertad considerados líderes de pandillas y reos de alta peligrosidad, implicados en delitos graves como homicidio, narcotráfico y blanqueo de capitales. La isla, utilizada durante décadas como colonia penal de máxima seguridad hasta su cierre como presidio en 2004 y posterior declaratoria como patrimonio natural, concentra hoy bajo este esquema a cabecillas cuya permanencia en cárceles del área metropolitana ha sido considerada un riesgo por las autoridades penitenciarias.
El caso se conoce en un contexto de mayor actividad judicial contra estructuras del crimen organizado y figuras ligadas a hechos de corrupción, como refleja también la confirmación de la detención provisional del exdirector de la AMP, Noriel Araúz, por presunto enriquecimiento. El edicto que avala el traslado a Coiba quedó publicado en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de octubre.