El acuerdo establece que los casos pasarán a la jurisdicción estatal "salvo que la persona solicite lo contrario", según explicó la gobernadora Kathy Hochul, quien dijo haber instruido tanto al centro como a la agencia policial para firmar el convenio. Cornell enmarcó la decisión en un paquete de medidas orientadas a "mejorar la seguridad en los campus, recuperar la confianza y apoyar mejor a los sobrevivientes de agresión sexual".
La universidad precisó que el nuevo mecanismo "no modifica la plena autonomía" de las víctimas para decidir si acuden a las fuerzas del orden o presentan una denuncia penal, ni el momento de hacerlo. Los casos que pasen a la Policía estatal, agregó el comunicado, "se gestionarán de forma independiente de Cornell", un punto con el que el centro busca disipar las dudas sobre conflictos de interés en el manejo interno de estas denuncias.
El origen de la crisis es la demanda civil interpuesta en septiembre por la exestudiante conocida como Jane Doe contra siete estudiantes, a quienes acusó de violarla durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024. La demanda también señala a la propia universidad, a la que responsabiliza de no haber investigado los hechos de manera adecuada cuando se produjeron.
"Lo que describió Jane Doe es horroroso. Las personas sobrevivientes deben poder confiar en las instituciones responsables de protegerlas. No podemos permitirnos fallarles", declaró Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York.
La gobernadora designó a la fiscal general del estado, Letitia James, al frente de una investigación criminal sobre el caso. Esa designación abrió una disputa paralela: uno de los estudiantes acusados presentó una denuncia contra James para que sea apartada de la pesquisa, al considerar que no actúa con neutralidad después de que publicara en la red social X un mensaje de respaldo a Jane Doe. De momento no se conoce una decisión judicial sobre esa solicitud de recusación.
En paralelo a las negociaciones con la Policía estatal, el órgano de representación del profesorado de Cornell inició este jueves un voto de censura simbólico contra la actual administración de la universidad. La votación se extenderá durante una semana y, de prosperar, podría traducirse en una reprobación formal a la gestión del presidente del centro, Michael I. Kotlikoff.
La controversia se inscribe en una serie de casos recientes sobre el manejo de denuncias por hechos graves en instituciones académicas y de salud que han derivado en revisiones de protocolo y, en ocasiones, en disculpas públicas tardías, como la que la CSS presentó por el envenenamiento con dietilenglicol tras 20 años en Panamá.
El acuerdo entre Cornell y la Policía estatal de Nueva York queda como la medida concreta derivada de la crisis, mientras siguen abiertos tanto el proceso judicial por la demanda de Jane Doe como la investigación criminal a cargo de la fiscal general Letitia James.