El resultado de la cumbre de Bruselas sobre el conflicto en Gaza convulsionó este martes el Congreso de los Diputados, abriendo un frente parlamentario en el que el Partido Popular, el Gobierno y sus socios de investidura ofrecieron lecturas radicalmente incompatibles de una misma negociación europea.
El PP registra una comparecencia urgente y habla de 'fiasco'
El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfredo Tellado, registró una petición de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante la cámara baja. Tellado calificó la actuación española en las negociaciones europeas de 'fiasco diplomático', encuadrando la solicitud en el mecanismo de control parlamentario ordinario que permite a cualquier grupo de la oposición reclamar la presencia de un miembro del Gobierno para que dé cuenta de una actuación específica.
El argumento implícito del PP es que España no logró arrastrar a una mayoría cualificada de socios europeos hacia una posición más exigente sobre la crisis humanitaria en Gaza, lo que el partido interpreta como una derrota de la estrategia personal del presidente Pedro Sánchez en política exterior. La formación conservadora no ha precisado, según el texto disponible, qué medidas concretas consideraría un éxito, pero la exigencia de comparecencia sitúa a Albares en la obligación de defender públicamente cada paso de la negociación.
El Gobierno defiende el respaldo de 17 estados miembros
El Ejecutivo y el grupo socialista rechazaron la lectura del PP. El Gobierno defendió el acuerdo alcanzado al señalar que la declaración de carácter humanitario obtuvo el respaldo de 17 países de la Unión Europea —más de la mitad de los 27 estados miembros del bloque— y lo presentó como evidencia de liderazgo español en la construcción de una posición europea común sobre el conflicto. En las instituciones comunitarias, las declaraciones conjuntas sin carácter vinculante no exigen unanimidad ni mayoría cualificada, lo que permite articular coaliciones variables en función del asunto; ese marco procedimental es el que el Ejecutivo invocó para sostener que los 17 firmantes constituyen un resultado político significativo.
España ocupa desde enero de 2023 la presidencia rotatoria semestral del Consejo de la Unión Europea y ha situado el conflicto en Gaza como uno de sus ejes prioritarios, circunstancia que amplifica el impacto interno de cualquier resultado —o ausencia de resultado— alcanzado en las capitales europeas. Esa posición de presidencia otorga a Madrid una influencia procedimental sobre el orden del día del Consejo, pero no le confiere poder de voto adicional ni capacidad de imponer acuerdos.
Sumar y Podemos exigen expulsión del embajador y fronteras de 1967
Los socios a la izquierda del PSOE en el bloque de investidura rechazaron que la declaración humanitaria sea suficiente. Sumar y Podemos reclamaron dos medidas de mayor calado: la expulsión del embajador israelí en Madrid y el reconocimiento formal del Estado palestino con las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967, línea que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emplean como referencia en el proceso de paz. Ambas exigencias elevan la presión interna sobre Albares en un momento en que el Gobierno necesita los votos de esas formaciones para sostener la legislatura.
La expulsión de un embajador acreditado en Madrid constituiría una ruptura sin precedente claro en la política exterior española reciente: según el material disponible, España no ha adoptado ese gesto de ruptura diplomática con ningún país desde la Transición. En cuanto al reconocimiento del Estado palestino, la 'frontera del 67' designa en términos jurídicos la línea del armisticio anterior a la ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, cuyo estatus sigue siendo el núcleo irresoluto del conflicto.
El precedente: España reconoció a Palestina en 1989
El reconocimiento de Palestina como Estado soberano es una decisión unilateral de política exterior que cada país adopta de forma independiente, al margen de cualquier obligación comunitaria. España formalizó ese reconocimiento en 1989, aunque los términos y condiciones han evolucionado con los sucesivos gobiernos. Hasta la fecha, varias naciones de la UE lo han formalizado, pero las principales potencias occidentales del bloque —Alemania, Francia e Italia— no lo han hecho, lo que limita la posibilidad de una posición comunitaria unificada y otorga a la demanda de Sumar y Podemos un alcance fundamentalmente simbólico en el plano europeo.
Procedimiento: la Mesa del Congreso decidirá sobre la comparecencia
La aceptación o el rechazo de la solicitud de comparecencia presentada por el PP dependerá de la Mesa del Congreso, órgano rector de la cámara presidido por Francina Armengol, del PSOE. Si la solicitud prospera, Albares deberá acudir ante la Comisión de Asuntos Exteriores o ante el Pleno —según la modalidad que apruebe la Mesa— para exponer los detalles de la negociación en Bruselas. El reglamento del Congreso no fija un plazo máximo perentorio para resolver este tipo de peticiones, aunque la urgencia declarada por el grupo solicitante condiciona políticamente los tiempos.
El debate en el hemiciclo reproducirá la fractura de Bruselas
Si la comparecencia se celebra, el debate previsible en Madrid reproducirá la misma tensión que ya protagonizó la negociación en la capital belga: entre quienes consideran que la declaración de los 17 países representa un avance diplomático real y quienes la leen como una derrota o como un paso claramente insuficiente. El choque expone además la fractura que atraviesa al conjunto del arco parlamentario a la hora de traducir una posición diplomática en compromisos concretos, y somete a prueba la cohesión del bloque de investidura en una materia —la política exterior sobre Oriente Próximo— en la que las distancias entre el PSOE y sus socios a la izquierda son estructurales y no coyunturales.
