El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados convocado para el 6 de mayo acogerá cuatro propuestas enfrentadas sobre política energética, procedentes del PP, Vox, Sumar y Podemos, que abordan desde rebajas fiscales a los carburantes hasta la nacionalización parcial de grandes empresas del sector. La Mesa de la Cámara se reunirá el lunes a las nueve de la mañana para fijar el orden de las intervenciones y determinar la estructura del debate.
Las cuatro propuestas
El PP ha registrado una moción para reducir el IVA de los carburantes al 5% y suspender durante seis meses el impuesto especial sobre hidrocarburos. Vox solicita autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón para una coalición internacional en el estrecho de Ormuz. Sumar reclama la comparecencia urgente del ministro de Economía ante el Pleno. Podemos propone la nacionalización del 51% de Repsol y Endesa.
Por qué importa
La simultaneidad de cuatro iniciativas de signo radicalmente distinto sobre un mismo ámbito —la energía y su coste— en una sola sesión extraordinaria ilustra la amplitud del desacuerdo parlamentario sobre cómo responder a la presión que ejerce el precio de los combustibles sobre las economías domésticas y la actividad productiva. El debate del 6 de mayo será, en la práctica, un termómetro de las posiciones de cada grupo ante una cuestión con impacto directo en la inflación y en la factura energética de los ciudadanos.
Marco institucional
Un pleno extraordinario puede ser convocado a petición de grupos parlamentarios o del Gobierno al margen del calendario ordinario, conforme al Reglamento del Congreso. La Mesa, órgano de gobierno de la Cámara integrado por la presidenta, los vicepresidentes y los secretarios, es la responsable de ordenar el orden del día y de calificar las iniciativas antes de que lleguen al hemiciclo. Su reunión del lunes determinará, entre otros aspectos, si las cuatro mociones se debaten de forma consecutiva o si se articulan turnos conjuntos.
La propuesta del PP: fiscalidad sobre carburantes
La moción popular propone dos medidas de carácter fiscal: la reducción del tipo de IVA aplicable a los carburantes hasta el 5% —el tipo superreducido previsto en la normativa comunitaria— y la suspensión temporal, por un periodo de seis meses, del impuesto especial sobre hidrocarburos. Ambas figuras tributarias inciden directamente en el precio final que abona el consumidor en los surtidores. El IVA es un impuesto armonizado a nivel europeo, lo que implica que cualquier modificación debe respetar los márgenes que fija la directiva comunitaria sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
La propuesta de Vox: bases militares y Ormuz
Vox solicita que el Congreso autorice el uso de las instalaciones militares de Rota —Cádiz— y Morón de la Frontera —Sevilla— para operaciones de una coalición internacional en el estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico situado entre Irán y Omán por el que transita una parte significativa del tráfico mundial de crudo y gas natural licuado. Cualquier cesión o uso de bases españolas por fuerzas extranjeras requiere autorización parlamentaria conforme a la Constitución y a los acuerdos bilaterales de defensa vigentes, lo que convierte esta solicitud en una iniciativa de especial calado institucional.
Sumar y Podemos: control político y propiedad pública
Sumar opta por la vía del control parlamentario al ejecutivo: exige la comparecencia urgente del ministro de Economía para que explique ante el Pleno la situación del sector energético y las medidas previstas por el Gobierno. Podemos va más lejos en su diagnóstico estructural y propone que el Estado adquiera el 51% del capital de Repsol y Endesa, lo que equivaldría a tomar el control accionarial de las dos mayores compañías del sector en España. La nacionalización parcial de empresas energéticas tiene precedentes en países del entorno europeo, aunque en España no se ha producido una operación de esta naturaleza desde las privatizaciones acometidas en la segunda mitad de los años noventa.
Cierre prospectivo
La Mesa del lunes tiene ante sí la tarea de ordenar un debate que, por la heterogeneidad de las propuestas, difícilmente generará una mayoría parlamentaria en torno a ninguna de ellas. El resultado más probable es que las cuatro mociones sean rechazadas por separado, aunque el debate sirva como posicionamiento público de cada grupo de cara a la negociación presupuestaria y al debate sobre la transición energética que el Gobierno tiene pendiente en el Congreso. La composición aritmética de la Cámara hace improbable que cualquiera de las cuatro iniciativas prospere sin apoyos que, a día de hoy, ningún grupo ha anunciado.
