Colombia celebra este domingo su primera vuelta presidencial en un clima que autoridades electorales y organismos de observación internacional describen como el más violento en ocho años, superando los niveles de conflictividad registrados en todos los comicios celebrados desde 2017. El candidato respaldado por el presidente Gustavo Petro parte como favorito en los sondeos, aunque las proyecciones disponibles antes del cierre de urnas apuntaban a que no alcanzaría el umbral del cincuenta por ciento de los votos válidos necesario para evitar una segunda vuelta.
Sistema de doble vuelta y calendario constitucional
La Constitución colombiana de 1991 establece un sistema de elección presidencial en dos rondas: si ningún aspirante supera la mayoría absoluta de los sufragios válidos en la primera convocatoria, los dos candidatos más votados se enfrentan en un balotaje celebrado tres semanas después. Este mecanismo, compartido por la mayoría de los sistemas presidencialistas latinoamericanos, activa un período de negociación entre fuerzas que en la primera vuelta compiten entre sí y redefine las alianzas antes de la ronda decisiva.
El marco procedimental está regulado por el Código Electoral colombiano y supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismos ante los cuales los partidos pueden interponer impugnaciones formales en un plazo establecido tras la proclamación de resultados. La Misión de Observación Electoral (MOE), referencia habitual en los comicios colombianos, y misiones de la OEA y la Unión Europea están acreditadas para esta convocatoria.
Violencia electoral: el peor ciclo desde 2017
La calificación de estos comicios como los más violentos en ocho años sitúa el ciclo actual por encima de los niveles de conflictividad registrados en las elecciones de 2018 y 2022, las dos convocatorias presidenciales celebradas en el período inmediatamente posterior a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Aquel acuerdo, rubricado en noviembre de 2016 en Bogotá, redujo transitoriamente la violencia política en varias regiones, pero no eliminó la presión sobre candidatos y votantes ejercida por el ELN, las disidencias de las FARC y organizaciones ligadas al narcotráfico.
La MOE y organizaciones de derechos humanos han documentado, según sus informes públicos previos al día de votación, amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales y candidatos locales en departamentos con alta presencia de grupos armados no estatales, particularmente en el Pacífico, el Caribe y zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador. Que el ciclo actual supere en conflictividad a los dos anteriores representa, según los observadores, una señal de deterioro del entorno de seguridad respecto al período post-acuerdo.
El respaldo de Petro y la lectura plebiscitaria
El apoyo explícito del presidente Gustavo Petro al candidato oficialista convierte parcialmente estos comicios en una evaluación de los tres años de gestión del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, elegido en junio de 2022 con el 50,4 % de los votos en segunda vuelta, según datos de la Registraduría Nacional. El respaldo del ejecutivo activa la estructura institucional y la base social del partido en el poder, el Pacto Histórico, aunque en sistemas multipartidistas latinoamericanos el voto al candidato oficialista rara vez reproduce de forma automática el caudal electoral del presidente que lo apoya.
La oposición, que agrupa a fuerzas de centroderecha y derecha, ha sostenido durante la campaña que los resultados en materia de seguridad, economía y política de paz justifican un cambio de orientación gubernamental. El oficialismo, por su parte, ha defendido que las transformaciones estructurales emprendidas requieren continuidad y que la violencia electoral es en parte consecuencia de la resistencia de poderes establecidos al proceso de cambio. Ninguna de las dos posiciones ha podido acreditarse o refutarse con los resultados de la jornada, aún pendientes de escrutinio definitivo.
Precedente histórico: las elecciones de 1990 y el proceso constituyente
El precedente histórico más cercano en términos de violencia electoral es el ciclo 1989-1990, cuando Colombia celebró comicios legislativos y la consulta sobre la Asamblea Constituyente bajo el fuego del narcotráfico de Medellín y las guerrillas, con tres candidatos presidenciales asesinados en menos de un año —Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro—. Aunque la escala de la violencia actual no alcanza aquellos niveles, la calificación de la presente jornada como la más conflictiva en ocho años reactiva para los observadores la preocupación por la integridad del proceso democrático en un Estado que nunca ha celebrado unos comicios presidenciales completamente exentos de coerción armada.
Segunda vuelta: alianzas, abstención y riesgo de cuestionamiento
Si las proyecciones se confirman y ningún candidato obtiene mayoría absoluta, Colombia entrará en un compás de tres semanas adicionales de campaña en el mismo entorno de violencia ya registrado. En ese escenario, la segunda vuelta tenderá a reconfigurar los apoyos: históricamente, el balotaje colombiano moviliza electores que en la primera ronda se abstuvieron o votaron a candidatos sin opciones reales de clasificación, y el voto útil tiende a concentrarse de forma diferente a como lo hace la primera ronda. En 2022, la participación en segunda vuelta superó en más de dos puntos porcentuales a la registrada en la primera, según la Registraduría Nacional.
La identidad del segundo candidato clasificado —incógnita en el momento de publicación de este texto— determinará en buena medida la geometría de las alianzas de cara al balotaje y la capacidad de cada opción para ampliar su base electoral más allá de su electorado natural. Las fuerzas que queden fuera de la segunda vuelta se convertirán en árbitros de facto del resultado final.
Plazos e incógnitas pendientes de escrutinio
Los resultados definitivos de la primera vuelta, el grado en que la violencia haya afectado la participación en los departamentos con mayor presión armada, y la eventual presentación de impugnaciones ante el CNE son las variables inmediatas que determinarán si el proceso avanza con normalidad institucional. En el plazo siguiente, la negociación entre candidaturas y el posicionamiento de los partidos excluidos del balotaje marcarán el tono político de las semanas previas a la segunda vuelta. A más largo plazo, los organismos internacionales de observación —OEA, UE, MOE— presentarán sus informes preliminares y definitivos, que constituirán el principal insumo para evaluar si Colombia completó una transición política ordenada o si el proceso quedó cuestionado por su propio contexto de seguridad.
